Alumnos y docentes de institutos superiores, junto a algunos gremios, marcharon esta mañana en el Centro para mostrar su rechazo a los cambios en institutos superiores de Mendoza a partir de la publicación de la resolución 2010. Se trata de la primera de una serie de protestas que se realizarán esta semana en defensa de la educación pública.
Cerca de las 9, cerca de 500 manifestantes se congregaron en el kilómetro cero de Capital, por lo que se vio interrumpido el tránsito en avenida San Martín durante algunos minutos. En la movilización se vieron carteles y pancartas en contra de las modificaciones dispuestas por la Dirección General de Escuelas (DGE). Algunas de ellas llamaban a evitar la "muerte" de la educación y estaban acompañadas de manifestantes personificados como "la parca".
Presente en la movilización, Sebastián Henríquez, titular del SUTE, acusó al gobierno educativo de llevar adelante una reforma integral del sistema de poniendo el eje en la ley de la oferta y la demanda. "Como si la educación fuese un producto más del mercado y no un derecho", expuso. Por otra parte, aseguró que este problema se tiene que solucionar en el ámbito de la discusión con el poder ejecutivo y no poniendo el foco en la justicia.
El punto cúlmine de la marcha se dio en la plaza Independencia, donde la protesta se juntó con la que llevan adelante docentes y alumnos de la UNCuyo, que partieron a las 8 desde el predio universitario para arribar al paseo verde del Centro. El reclamo, en este caso, es por la mejora en la oferta salarial del Gobierno nacional, tras un mes de paro en colegios y facultades. Al respecto Henríquez aseguró que ambos conflictos son una coincidencia entre comillas ya que ambas están en el marco de una crisis del presupuesto educativo.
La protesta de este lunes se da en el marco de un clima de profunda tensión, a raíz de la toma del Instituto Normal Superior Tomás Godoy Cruz, que terminó con una denuncia a docentes, alumnos y hasta legisladores del Frente de Izquierda. Sobre este tema el titular del SUTE aseguró que por el momento no han habido imputados, pero que sí se ha llamado a algunos compañeros a indagatoria. "Quieren convertir una discusión social en una discusión penal, porque es el único lugar en el que pueden ganar", acusó.
La nueva medida de la DGE, que despertó rechazo en algunos sectores, apunta a gestionar la oferta de carreras en función de la demanda de los alumnos y del mercado laboral determinando de esa manera cuáles son "carreras prioritarias" y exigiendo un mínimo de 25 estudiantes por curso en zonas urbanas y 18 en zonas rurales o periféricas desfavorables cuando se trate de instituciones de gestión estatal.