Mientras sigue la investigación de las denuncias por abusos en el instituto religioso Antonio Próvolo a chicos hipoacúsicos y sordomudos, hay otra realidad que preocupa a padres, alumnos, docentes y profesionales del establecimiento: el cierre del lugar ubicado en Carrodilla y la reubicación de los alumnos en otras instituciones.
Por esto, padres y docentes presentaron dos acciones de amparo el viernes último, solicitando que se garantice el derecho de educación para sus hijos y los derechos de los trabajadores. Muchos de ellos han decidido no inscribir a sus hijos en otras escuelas “porque no están preparadas ni tienen los recursos que tenía el Próvolo”.
"Mi hija está enojada, frustrada por no haber podido empezar las clases. El sábado cumple 17 años y va al lugar desde los 7 meses. Te imaginarás que tiene toda su vida y sus amigos en el lugar. No quiere saber nada con ir a otra escuela", resumió Silvia González, mamá de Milagros, quien es hipoacúsica.
“El otro día empezó a decir por Facebook a los compañeros que vayan a clases igual”, indicó la mujer, y su hija acotó en lengua de señas: “Quiero que abra la escuela, quiero ver a mis amigos”.
En la misma sintonía, Paola Almiburo indicó que su hijo Nicolás (18, también sordo con implante coclear) está todo el día preguntándole cuando empiezan las clases.
“Yo le digo que se quede tranquilo, que estamos haciendo todo lo posible. No lo he inscripto en otra escuela y por estos días está ayudando a mi marido en un lote que tenemos”, acotó la preocupada mamá.
“No quiero ir a otra escuela, porque desde chiquito voy. Extraño a mis compañeros”, agregó el chico con señas. Los dos adolescentes y sus compañeros utilizan las redes sociales para manifestar su tristeza por la suspensión. “Hasta han escrito por Facebook al propio gobernador pidiéndole que no cierren”, acotó Paola.
Tanto padres como profesionales que se desempeñaban en el Próvolo tienen en claro que es fundamental que se investigue y haga justicia por los casos de abuso sexual denunciados, aunque separan la orden religiosa y el albergue donde pernoctaban los chicos -entre ellos, las víctimas- de la parte educativa.
"Acá nadie está pidiendo que hagamos de cuenta que no pasó nada, todo lo contrario. Queremos justicia y que se dé el tratamiento necesario a las víctimas. Pero lo que no queremos es que los chicos que iban a la escuela y ahora no pueden sean nuevas víctimas", destacó Luis Dalmaso (49), papá de una alumna de 9 años.
En el caso de esta niña, para el presente ciclo lectivo fue inscripta en la escuela Pavón, que también es una institución especial, aunque sólo tiene el ciclo primario.
"Hace 3 años estaba ahí y la cambiamos a la Einno (Educación Integral del Niño No Oyente). Después de 2 años nos dijeron que no podía seguir porque se complicaba su educación. El año pasado la llevamos al Próvolo y pudo ir avanzando. Pero ahora tuvo que volver a la Pavón, que es buena pero no es integral. No tiene tratamiento ni terapia", explicó su papá.
Desde la DGE explicaron que ya crearon 23 cargos de profesores y terapeutas para las distintas escuelas de Educación Especial de Mendoza -donde se está reubicando a los chicos-, al tiempo que recomendaron a los padres iniciar la búsqueda de terapeutas con sus obras sociales, algo que les daba el instituto religioso, además de una buena infraestructura.
Una "escuela modelo"
Analía tiene 31 años y es la mamá de Francesca (8). La niña tiene autismo y trastorno del lenguaje, y hasta el año pasado asistía al Próvolo.
“No existe otro colegio para chicos con trastornos de lenguaje. El Próvolo como escuela es un modelo. Los docentes trabajan con los terapeutas y los chicos están 100% abordados. Con mi hija trabajaban con una terapia aumentativa alternativa, comunicándose con pictogramas. Es el único instituto que trabaja con esta técnica”, explicó la joven madre, quien tampoco inscribió a su hija en otro establecimiento.
“Ella extraña a sus compañeritos. Todos los días quiere saber por qué no empieza las clases. Es muy drástica la decisión. En el peor de los casos hasta aceptaríamos que sigan en otro establecimiento, pero con los mismos profesionales”, agregó.
La opción de inscribirlos en otras EFI para contenerlos tampoco convence a estos padres. “Tengo que buscar un instituto privado aparte para lo terapeútico y ninguno recibe OSEP. Las autoridades tenían que intervenir pero lo hicieron tarde. ¿No era posible la intervención como medida intermedia?”, se preguntó Dalmaso.
Nancy trabaja como maestra rural en una escuela de Tupungato, ya comenzó las clases y por estos días lleva a su hija Sarita (10, con hipoacusia neurosensorial profunda) al establecimiento. No a tomar clases, sino porque no la ha inscripto en alguna de las EFI.
“Como padres estamos muy angustiados por el hecho de que ella no haya podido empezar las clases en un instituto que se amolde a sus necesidades”, contó.
Al igual que muchos de los consultados, destacó que las escuelas que les han ofrecido brindan a su hija un banco, pero no la inclusión.
El abogado que acompaña a estos padres y a los docentes- es Eduardo Saromé. "Algunos padres anotaron a sus hijos en escuelas donde no los aceptaron por no contar con el gabinete correspondiente", indicó. "Queremos que se separe la parte penal de la parte profesional", sentenció.
Docentes piden diferenciar la escuela del albergue
Desde el plantel docente y terapéutico del instituto también insisten con la reapertura. “No hay otro lugar como el Próvolo para chicos con estas discapacidades.
Teníamos tratamiento fonoaudiológico que no tienen otros colegios. Los chicos quieren volver y el domingo preguntaban si el lunes iban a ir a la escuela", destacó la docente y delegada Leticia Grellet: "Estamos todos a favor de que siga la investigación penal".
Adela Alós trabajaba como fonoaudióloga en el lugar y resaltó que antes del cierre ya tenían al 70% de la matrícula reinscripta para este año.
“Es mentira que se les da solamente oralización. La lengua de idiomas y la comunicación alternativa aumentativa están presentes. Las otras escuelas son excelentes, pero no brindan lo que estos chicos necesitan”, aclaró la especialista.
“La escuela es una cosa y la congregación religiosa y el albergue son otra. No entendemos por qué hace ruido cuando decimos que no teníamos manera de darnos cuenta lo que denuncian que ocurría”, expresó. Destacó que en total son 110 los chicos que se ven afectados; 40 de ellos integraban los talleres de carpintería, panadería y metalurgia.
Nuevos cargos
Desde la DGE destacaron que antes del inicio del ciclo lectivo 2017 se crearon 23 cargos en escuelas especiales a raíz de la “suspensión preventiva” del Próvolo. Así se han distribuido:
Escuela Pavón (Ciudad): 2 cargos de profesor de sordos y terapeutas del lenguaje.
Escuela Cicchitti (Godoy Cruz): 1 de profesor terapeuta y 1 de intérprete de lengua de señas.
Escuela Villalobos (Luján): 1 de profe terapeuta y 1 de intérprete.
Escuela Nadal de Portillo (Tupungato): 1 profe y 1 intérprete.
Escuela Club de Leones (Tunuyán): 1 vicedirector.
Escuela Daniel González (Ciudad): 1 cargo de profe terapeuta y 1 de intérprete.
Escuela Artesanos Mendocinos (Godoy Cruz): 1 profe terapeuta y 1 intérprete.
Escuela Arte Aplicada (Godoy Cruz): 1 profe terapeuta y 1 intérprete.
Escuela 7-015 (San Martín): 1 profesor terapeuta y 1 intérprete.
Escuela Catena (San Martín): 1 intérprete.
Escuela 7-018 (Tupungato): 1 profe terapeuta y 1 intérprete.
Escuela Ciudad de Luján (Luján): 1 intérprete.
Escuela Ciudad de Tunuyán: 1 profe terapeuta y 1 intérprete.
