El juez federal Ariel Lijo allanó ayer la Municipalidad del Partido de la Costa, en Mar del Tuyú, y secuestró documentación vinculada a la nueva denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou, imputado desde el jueves por el manejo irregular de fondos públicos para un plan de viviendas en ese municipio.
El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería y duró varias horas. Desde el municipio confirmaron que “se llevaron uno de los cuatro expedientes que fueron a buscar” (los otros tres están en el Tribunal de Cuentas). Además, remarcaron que “la mayoría de las viviendas” están terminadas.
La causa se inició por una denuncia del concejal del Partido de la Costa, Marcos García. El Vice está acusado de “maniobras fraudulentas” cometidas con fondos del Plan Federal de Viviendas para la construcción de 484 casas y dos escuelas.
Las irregularidades ocurrieron cuando Boudou era secretario de Hacienda de ese municipio. De hecho, dos meses antes de renunciar para asumir en la Anses, el actual vice firmó el contrato y otorgó un anticipo de obra por $ 900 mil.
La investigación también alcanza al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al intendente actual del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús, y al padre de este último, Juan De Jesús, ex intendente y actual diputado provincial del Frente para la Victoria.
García, que está patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans, declaró ayer durante más de dos horas ante el juez Lijo y ratificó la denuncia contra Boudou.
“Aportamos nuevos datos y ofrecimos testimoniales de personas que tenían que hacer el control de la obra por parte de la municipalidad. También entregamos información sobre las conexiones entre la empresa Cantera y Boudou”, dijo al salir de Tribunales.
Según la denuncia, el presupuesto original de la obra fue de $ 20.799.600 y luego se amplió en 6 millones más. A pesar de haberse pagado en 2007 casi la totalidad del contrato, las dos escuelas y la mayoría de las casas nunca se habrían terminado. “La gente nunca va a tener escritura porque no hay final de obra”, aseguró García.
El secretario de Vivienda del Partido de la Costa, Juan Manuel Molina, intentó negar las irregularidades. “Hay 220 casas terminadas, 132 en proceso de obra y sólo 134 sin comenzar. Las dos escuelas están terminadas”, detalló ayer el funcionario luego del allanamiento en la Municipalidad.
Sobre los pagos a la empresa Cantera, Molina sostuvo que “se abonaron 15 millones de pesos, lo que representaba el 50% del contrato con las actualizaciones del precio original”.
Sin embargo, en 2007 el municipio dio de baja el contrato por defectos en la construcción y comenzó un litigio con la constructora. Molina también acusó al concejal García de “fabulador con causas penales pendientes”.
Lo cierto es que el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Boudou (ya tiene dos procesamientos por otras causas) y al resto de los funcionarios denunciados por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales.
Piden investigar el origen del Audi que usa la novia
El fiscal federal Ramiro González pidió ayer varias medidas de prueba para determinar si el auto Audi A4 que manejaba Agustina Kämpfer, la pareja del vicepresidente Amado Boudou, cuando fue asaltada en el barrio de Belgrano, está relacionado con una compra de vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía.
González solicitó al juez Sergio Torres que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del Vice entre 2008 y 2010 para saber si es propietario y desde cuándo del Audi A4.
La hipótesis es que ese vehículo podría haber sido entregado a modo de “dádiva” por parte de la concesionaria Guido Guidi, que resultó beneficiada con la compra directa de 19 vehículos (13 Bora, 3 Passat y 3 Vento) por un total de $ 2.100.000. Boudou está investigado también por esa compra, en 2009, mediante el mecanismo de compra directa, pese a que era necesaria una licitación pública.
El fiscal quiere saber, además, si los autos comprados cuando Boudou era ministro de Economía cumplían todos los requisitos previos que establecía la licitación.
Para eso pidió a Volkswagen que informara si los Bora comprados contaban con computadoras. La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, dijo que “no sería extraño que Boudou no pudiera explicar el origen de su Audi”.
