Cerca de las 19 de ayer allanaron simultáneamente la casa (Santa Fe 105) y las oficinas (Mitre 439) de Gustavo Mátar, flamante propietario de Telesur Canal 6 de San Rafael y esposo de la diputada provincial Evangelina Godoy.
En los procedimientos estuvo el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay; el jefe de la Unidad Investigativa San Rafael de la Policía de Mendoza, comisario Eduardo Algaba, y el juez del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Peñasco. Garay se limitó a decir que se trataba de una causa ligada a facturación pagada por el Gobierno y luego trascendió que la carátula sería: "Presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado".
En realidad, se trataría de la causa que se inició a instancias de una presentación hecha en agosto de 2011 por los diputados radicales Alejandro Limas, Daniel Dimartino y Roberto Infante ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Delitos Complejos para que se investigara si constituía delito la facturación millonaria que la firma Surtalent SRL, de Mátar, presentaba al Gobierno como proveedor de trabajos de publicidad durante la gestión de Celso Jaque.
Desde la mañana de ayer circuló el rumor en los ambientes políticos, ya que a Mátar (que compró recientemente el canal al grupo Vila-Manzano) se lo liga con el ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, a quien responde políticamente la diputada Godoy. El mismo empresario desmintió personalmente varias veces que tal acción se estuviese llevando a cabo y él mismo fue quien a la hora indicada avisó a los medios del allanamiento y dijo haber realizado, a través de sus asesores letrados, una presentación espontánea.
Señaló que la acción judicial "sin dudas está ligada a la interna del peronismo y yo estoy cobrando como choco atado sin tener nada que ver". Hacía referencia a la pelea del peronismo en San Rafael que es particularmente virulenta, ya que Cazabán parece decidido a enfrentar a los Félix en la interna del 2 de junio.
Cuando se produjeron los allanamientos, Mátar se encontraba en la ciudad de Mendoza y se presentó espontáneamente en la fiscalía donde, según dijo a este diario, le informaron que él no figura como sospechoso en la causa.
Lo cierto es que, tras una hora, los efectivos de Investigaciones y los funcionarios judiciales se retiraron llevando documentación y computadoras. Este operativo se dio luego de que el fiscal tomara declaración a varias personas, incluidos funcionarios públicos.
La denuncia
De acuerdo a lo expresado anoche por el diputado Limas a este diario, de tratarse efectivamente de la denuncia mencionada, se habría avanzado en lo que ellos planteaban hace dos años.
Limas recordó que se pedía investigar por qué Surtalent concentraba casi el 80% de lo que pagaba en ese entonces la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Cazabán, en concepto de publicidad. También se cuestionaba, recordó el legislador, por qué esa empresa estaba casi al día en sus cobros cuando los demás proveedores tenían atrasos considerables, que llegaban en algunos casos a siete u ocho meses. Otro de los planteos era por qué de una facturación de un millón de pesos se había saltado a más de 16 ó 17 millones en un año.
"Queríamos que se investigara si no era posible que ese dinero que se le abonaba a Surtalent fuera para financiar la campaña del Frente para la Victoria ya que en la página web de esa firma se anunciaba que era la encargada de esa campaña", explicó Limas.
