El resultado al que asistimos es consecuencia de largos años de políticas económicas erráticas y contradictorias, basadas en una ideología caduca y retardataria que considera, a los productores y empresarios agropecuarios, integrantes de un sector de la sociedad al que hay que castigar.
El sector agropecuario en nuestro país tiene una importancia económica y social muy superior a lo que indican los datos de participación en el PBI. Expresan una cultura.
La extensión espacial que cubre todo el territorio nacional, hacen de ese sector la base de la estructura económica del país. Pero las equivocadas políticas aplicadas durante ya mucho tiempo han ido carcomiendo las ventajas que se habían conseguido y ponen en serio riesgo el futuro del sector.
Esas políticas han derivado en enormes distorsiones y desaliento de los productores, que llevará tiempo corregir.
Quizás se pueda resumir lo ocurrido en que el deseo y necesidad de exprimir fiscalmente al máximo a quienes producen, está consiguiendo que la producción global se haya estancado en el último lustro y, en algunos sectores productivos, haya retrocedido.
Otra conclusión fácil de comprobar es que, a consecuencia de las diversas medidas de gobierno, hoy los alimentos, en un país que los produce y deberían ser baratos o al menos accesibles a la gran mayoría de los habitantes, son muy caros.
Los sectores de ingresos bajos y medios destinan hoy en día una proporción enorme de sus ingresos a la alimentación, en muchos y dolorosos casos a una deficiente o mala alimentación. Los ejemplos abundan, e instituciones dedicadas al tema desde hace décadas como Conin lo advierten en forma reiterada.
En todos los casos de problemas o distorsiones en la producción agropecuaria encontramos siempre la intervención arbitraria del Estado, cualesquiera hayan sido los funcionarios.
El caso de la ganadería bovina es una antología de desaciertos y, sus consecuencias, crueles para las familias. Bajo el lema de “defender la mesa de los argentinos” se limitó o prohibió la exportación de carnes, se fijaron precios al ganado en pie, se establecieron absurdos criterios de peso de faena y tantas otras.
El resultado fue una enorme disminución del stock ganadero, el desaliento de la producción, el destino de las tierras a cultivo más rentables y la gente pagando la carne a precios siderales.
Han cerrado sus puertas más de un centenar de frigoríficos y perdido miles de puestos de trabajo. Simultáneamente se ha desaprovechado la oportunidad de realizar exportaciones a mercados que demandan nuestras carnes, que ahora compran carne de Brasil y Uruguay, que nos superan largamente en exportaciones.
Con el trigo ha ocurrido exactamente lo mismo. Las intervenciones y medidas para evitar incremento de precios terminaron desalentando la producción, disminuyendo a niveles de casi un siglo atrás la superficie sembrada, perdiendo tradicionales mercados internacionales y los argentinos pagando el pan a un dólar y medio el kilogramo.
Todas esas medidas “contra el campo” y la soja han terminado en el punto opuesto: desde hace años la producción pampeana se ha “sojizado” en extremo, dado que es uno de los pocos cultivos que, por costos, los productores pueden hacer.
En nuestra provincia las cosas no van para nada mejor. Dejemos al margen el problema de los productores de uva, bien conocido. Tenemos, por ejemplo, una notable reducción de superficie cultivada con ajo, producto que tanto en la etapa agrícola como en la empaque es muy intensiva en mano de obra.
En este caso los empresarios se quejan de que no hay gente y la que hay no quiere trabajar en blanco por temor a perder alguno los múltiples planes asistenciales. Siempre las distorsiones de la presencia del Estado. Es hora de tomar conciencia de los daños que se están haciendo.
