La ONG ambientalista internacional Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciaron que hay en Argentina más de 40 proyectos mineros en zonas de glaciares y periglaciares, entre ellos uno ubicado en las cuencas de los ríos Atuel y Diamante: Cerro Amarillo-Cajón Grande.
Así revela un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde existen en total 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciares y Ciencias Ambientales, dependiente del Conicet) en el relevamiento nacional de glaciares.
De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que están protegidos de acuerdo a la Ley Nacional 26.639.
Dentro de estos proyectos hay tres que corresponden a terreno mendocino. Ellos son San Jorge, Cortadero y Cerro Amarillo - Cajón Grande.
Este último se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad cabecera de Malargüe y se trataría del yacimiento de cobre más importante del país, pero también podría ser una importantísima reserva de agua dulce.
Según el informe, se encuentra en exploración inicial de porfirios de cobre y oro, por la empresa canadiense Meryllion Mineral (subsidiaria de la estadounidense Concordia Resources).
Cerro Amarillo-Cajón Grande se encuentra en una zona montañosa entre Valle Noble y Valle Hermoso, en la alta cuenca del Río Grande, dentro de ambientes glaciares, periglaciares y nivales de alta montaña, con algunas lagunas de altura y numerosas vegas altoandina.
Los especialistas aseguran que se trata de cuencas hídricas que aportan significativos volúmenes de agua para las comunidades y tierras agrícolas de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
Para trabajar en la explotación del lugar aguardan la aprobación de un permiso para perforar y que quedó frenado en 2014 hasta que el Ianigla terminara el inventario de glaciares y se complementaran algunos puntos faltantes.
Entonces, organizaciones malargüinas lograron que en la Legislatura se aprobara el dersarchivo del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental de Hierro Indio para que se enviara otra vez al Ejecutivo y se la hicieran las correcciones correspondientes, tal como publicó Los Andes en su edición del 25 de noviembre de 2014.
Sin embargo, Cerro Amarillo-Cajón Grande no corrió la misma suerte, ya que la Declaración de Impacto Ambiental carecía de información técnica que debía ser incluida obligatoriamente por la Ley de Glaciares, como también faltaba el análisis acerca del impacto en los puesteros que viven en la zona y la posibilidad de existir yacimientos arqueológicos.
El informe de Greenpeace señala que hay 32 subcuencas afectadas por la posibilidad de desarrollar los proyectos mineros mencionados.
Además de las cuencas del Diamante y el Atuel, menciona las del Tunuyán y Mendoza.
El documento que menciona la ONG fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el juez federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación, dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada ocurridos en 2015 y 2016 en la mina Veladero, de San Juan, que explota la empresa Barrick Gold.
Para conocer el estado del proyecto Cerro Amarillo-Cajón Grande, Los Andes intentó infructuosamente comunicarse con funcionarios de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial de la provincia.
