El paquete de leyes que atenta seriamente contra la independencia del Poder Judicial es una apuesta muy fuerte del kirchnerismo en su afán por extender a toda costa su dominio hegemónico en los diferentes estamentos del Estado y, a partir de ahí, de la sociedad en su conjunto.
En ese marco, fiel a su costumbre de opinar sobre los problemas que afectan a la sociedad, la Iglesia argentina emitió un documento crítico, titulado “Justicia, Democracia y Constitución Nacional”, en el que advierte sobre los resultados que pueden arrojar, en caso de aprobarse en las actuales condiciones, estas leyes impulsadas por el Gobierno.
La Conferencia Episcopal Argentina señaló que las iniciativas para reformar la Justicia merecen “un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan”. Los obispos consideraron, en el escrito que dieron a conocer durante la última asamblea plenaria que realizaron en Pilar, que “se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos”, lo cual de ningún modo ha ocurrido.
El comunicado ahondó en un concepto de alto vuelo: “Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes”, según lo que redondeó el escrito.
Por otra parte, el Papa Francisco, en una carta a la presidenta de la Nación en respuesta a los saludos que ésta le envió por su asunción como conductor de la Iglesia Católica, señaló que le encomendó a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, a “los que están constituidos en autoridad para que busquen en el servicio su mejor aliado y trabajen infatigablemente por tejer lazos que afiancen la concordia, el diálogo, la reconciliación y el entendimiento entre todos”.
Precisamente, la concordia, el diálogo, la reconciliación y el entendimiento a los que alude el Papa argentino, en una de las habituales posturas conciliadoras a las que ya nos tenía acostumbrados como cardenal en nuestro país, coinciden con el pensamiento de los obispos con respecto a cómo debía ser abordada la controvertida “democratización” de la Justicia que encaró el Gobierno nacional.
Periódicamente, el Episcopado argentino ha venido haciendo pública su postura crítica sobre distintos aspectos que hacen al día a día de los argentinos. Muchas veces lo hizo sobre temas relacionados con la situación social, en especial los de los sectores más desprotegidos, en base al diagnóstico que con importante precisión surge de su acción pastoral a lo largo y a lo ancho del país.
También se detuvo más de una vez en las desigualdades e injusticias devenidas de los problemas de corrupción o poco claro manejo de las políticas públicas.
Sin embargo, este novedoso aporte de los obispos al abordaje de un tema que pone en jaque la institucionalidad del país y la garantía republicana de una correcta división de poderes, demuestra una vez más que esta reforma kirchnerista a las apuradas no sólo es cuestión de políticos, jueces y abogados, sino que sus nocivas consecuencias terminarán afectando a la totalidad de la sociedad.
