El agua no la heredamos de nuestros padres, se la pedimos prestada a nuestros hijos", define Edgardo Robi, uno de los inspectores de cauce del río Tunuyán. Como él, son muchos los que están preocupados por el estado de contaminación de las aguas subterráneas de Mendoza. Es que en épocas de calentamiento global y emergencia hídrica, serán las que hidraten los cultivos mendocinos y, llegado el caso, el consumo humano.
En la provincia, unas 100.000 hectáreas, más del 60% de la superficie cultivada del norte y del centro, dependen parcial o totalmente de las denominadas aguas que están bajo tierra, la que se extrae de pozos. En el sur también hay perforaciones pero la dependencia es mínima. Hasta el año pasado, el canon anual más caro para utilizar uno de los pozos (depende del tamaño y la ubicación) era de unos $ 800. Con eso se podía regar entre 38 y 42 hectáreas.
Ahora, y de acuerdo con el presupuesto recientemente aprobado por la Dirección General de Irrigación (DGI), ese valor será de entre $ 4.912 y $ 5.043 anuales para los más caros. Las variaciones, sin embargo, son muchas y difíciles de tipificar ya que dependen del diámetro del pozo y de la cuenca de la cual dependen dichas perforaciones.
Aunque las subas marcan saltos importantes entre un año y otro, desde distintos sectores relacionados con el agua coinciden en que los valores anteriores eran prácticamente irrisorios, teniendo en cuenta el resto de los costos de producción y la importancia del riego agrícola. Además, el canon que pagan los regantes con aguas de río era mucho más elevado (lo sigue siendo), por lo que las aguas superficiales terminaban "subsidiando" a las aguas subterráneas.
Sin embargo, el motivo principal de equilibrar ambos presupuestos pasa por la necesidad de contar con fondos concretos para realizar diversos estudios científicos que sirvan de base a inminentes acciones que salven los acuíferos de la provincia. Entre ellas, se destaca la necesidad de cegar pozos, algo que cuesta entre $ 20.000 y $ 30.000. En la actualidad, el primer nivel está absolutamente contaminado mientras que el segundo está a punto de perderse y los esfuerzos se concentran en el tercero.
"El agua es cada vez más escasa y, aunque como productores protestamos cuando nos aumentan, hay que tener presente que el agua es la vida", sostuvo Demetrio Andre, inspector de cauce del río Mendoza. El hombre sabe lo que dice. Es que desde hace tiempo, las nuevas perforaciones que se vienen realizando en la provincia deben llegar hasta el nivel más profundo. En el tercero, a unos 200 metros de profundidad, las aguas todavía son "buenas".
En la zona de Gustavo André, donde el río llega a cuentagotas y cuando aún no se habían restringido nuevos permisos para perforaciones, Demetrio empeñó los ahorros de diez años para hacer un pozo de 300 metros. Llegar hasta esas profundidades cuesta más de $ 350.000, un costo al que no puede acceder cualquiera. Pero esa es otra historia.
Aunque no se vean, existen
A raíz de la explosión de perforaciones de agua en la década del '70, en 1973 se sancionó la ley de Aguas Subterráneas (4.035) que, entre otras cosas, obligaba a observar el comportamiento de los pozos y a evaluar constantemente el estado de los acuíferos para preservarlos. Como muchas otras cosas que no se cumplen, esta ley no se aplicó y ahora las papas queman.
En Mendoza hay 22.000 perforaciones y la mitad está activa. Juan Andrés Pina, director de Gestión Hídrica a cargo del Agua Subterránea del DGI, explicó que en el norte y en el centro de Mendoza -los acuíferos que corresponden al río Mendoza y al Tunuyán Inferior- el 61% de las tierras depende del agua de pozo. "En esta zona hay unas 8.000 perforaciones en actividad, de las cuales el 50% tiene problemas de construcción, son viejas o están abandonadas", señaló.
En el centro y correspondiente al río Tunuyán Superior, el 63% de los cultivos depende del riego subterráneo. Allí, el principal problema no es tanto de calidad como de cantidad debido a que hubo un crecimiento explosivo sin planificación alguna. Se cuentan en el área, unas 2.000 perforaciones.
"Hay un decisión de crear la Dirección de Aguas Subterráneas, lo que implica sumar recursos humanos y económicos para cuidar un bien que, aunque no se ve, es muy importante para la provincia", sostuvo Mario Salomón, secretario de Gestión Hídrica y con vasta experiencia en el tema.
Hasta el año pasado, cuando por $ 800 anuales se podían regar unas 40 hectáreas ($ 1,58 por hectárea), quienes se abastecían de las aguas superficiales o de río subsidiaban a quienes regaban con pozo. Aunque los cálculos varían de acuerdo con la zona, la cuenca y a si se están reembolsando obras o no, se podría promediar el pago de las aguas superficiales en $ 350 por hectárea por año. Para 40 hectáreas se pagarían unos $ 14.000 anuales.
"No es posible que un productor de Lavalle subsidie a un súper emprendimiento privado", expresó José Luis Álvarez, superintendente de Irrigación, al mismo tiempo que aclaró que quienes estén inscriptos en programas de Agricultura Familiar abonarán sólo el 50% de los nuevos montos. En tanto, otro inspector admitió que el agua es un "privilegio" y que es justo equiparar las cargas entre lo que se ve y lo que no.
Ahora, por caso, el canon más oneroso de agua subterránea es de $ 5.043 y corresponde al río Tunuyán Superior para un pozo de más de 10 pulgadas con el que se pueden abastecer (por gravitación o surco) 41 hectáreas de riego. Así, por año, se pagará por cada hectárea $ 123 o, lo que es lo mismo, $ 10,25 mensuales por hectárea, poco más que un paquete de cigarrillos.
Napas en peligro
De acuerdo con diversos estudios del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la UNCuyo, en los años en que el cauce de los ríos baja porque las nevadas fueron escasas, se incrementa el uso del agua bajo tierra.
Lo mismo sucede en invierno. Al bajar el volumen y la presión que ejerce el líquido entre los distintos niveles, se facilita la contaminación por el traspaso de la salinidad.
Si los pronósticos de calentamiento global se cumplen, la existencia de agua para riego e incluso para consumo dependerá cada vez más de los reservorios a profundidad. "Hay que tomar conciencia porque se están contaminando los acuíferos y si esto llega al tercer nivel nos quedamos sin agua en Mendoza", sostuvo Edgardo Robi, inspector del río Tunuyán.
La realidad indica que el primer nivel -a unos 80 metros de profundidad- está absolutamente contaminado. A los preocupantes niveles de salinidad, se suma la aparición de nitratos, componentes que se relacionan con la no existencia de cloacas y, por ende, con el incremento de residuos de todo tipo.
El uso desmedido del riego es el principal motivo de contaminación de los acuíferos, después de la corrosión de las cañerías de los pozos y del desgaste de la cementación de los mismos. Las perforaciones abandonadas sin cegar son otro motivo de filtraciones.
Con un segundo nivel al límite de la contaminación, la apuesta más grande apunta a preservar las aguas más puras que quedan, las del tercer nivel -a unos 200 metros bajo tierra.
Para ello, no sólo es preciso realizar estudios científicos para atacar las zonas que más peligro corren sino también contar con fondos para cegar (algo así como clausurar) una infinidad de pozos que se encuentran en mal estado o que ya no se utilizan más y que, no obstante, siguen contaminando.
De acuerdo con el secretario del Honorable Tribunal Administrativo de la DGI, Santiago Ruiz Freites, se sabe que en Mendoza hay unos 8.000 pozos que deben ser cegados para que no hayan más filtraciones.
Sin embargo, aunque el aumento servirá para comenzar a poner algunas cosas en orden, como direccionar estudios y mitigar los problemas más graves, Álvarez admite que -en concreto- el primer año se podrán cegar unas 300 perforaciones.
"No es algo fácil. Incluso hay que evaluar los mejores modos, así como ver las empresas ya que no hay demasiada experiencia en el tema", explicó el superintendente, quien, no obstante, está satisfecho por haber comenzado a trabajar en un tema que podría hipotecar el futuro.
Hay alerta por la contaminación de las aguas subterráneas
La desordenada y excesiva explotación de pozos ha generado preocupantes niveles de salinidad y filtraciones cloacales. Endurecen controles y suben el canon por el uso de cada perforación. .
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