En medio de la polémica por el tratamiento aéreo contra Lobesia botrana que disparó un conflicto político en 3 comunas y otro judicial, con el amparo de Oikos que debe resolver la Justicia, el titular de Iscamen, Alejandro Molero, defendió el operativo y admitió que el futuro de los fondos necesarios en 2018 es incierto.
-¿Cómo apuestan a aplacar la efervescencia de las organizaciones ambientalistas?
-La cuestión ambientalista no ha sido masiva. Fue un grupo reducido en San Carlos y unos 15 en Tunuyán, con un trabajo fuerte en redes sociales en lugares marcados a fuego por la ley 7.722 que regula la minería. Lo hacemos con informes de profesionales de otros puntos del país en la observancia de lo que hacemos. Incluso del toxicólogo de Casafe avalando la inocuidad de los productos utilizados.
-¿Cuánto influyó que el debate inocuidad-toxicidad se mezclara con fumigación vs. pulverización?
-Repasemos la historia. El primer paso fue tratar las 22 mil hectáreas iniciales sólo con el método de confusión sexual. El año pasado demostramos cómo se pudo bajar considerablemente la presión de la plaga con tratamiento, pero también cómo en las zonas más “calientes” no alcanza con borrar el camino de encuentro entre macho y hembra, con difusores o asperjando una nube, porque conviven en el mismo viñedo; de ahí que el Comité técnico científico ha venido trabajando el último año para encontrar distintas herramientas conscientes de una mega campaña sin precedentes en Argentina que, por ley, dispone de $ 400 millones para tratar 135 mil hectáreas.
-Pero un tema no generaba tanta polémica desde que se trasladó la bioplanta desde Guaymallén a Santa Rosa hace 10 años. ¿Asume que faltó comunicar mejor lo que se hacía a la población?
-Las entidades como Inta, Senasa, Acovi, Bodegas de Argentina, entre otras, fueron canales importantes por llegada al territorio y productores. Presentamos una carpeta muy importante a la Justicia a propósito del amparo presentado, con recortes de diarios de muchos meses sobre la pulverización. ¿Podría haber tenido mayor masividad? Seguramente. ¿Otro enfoque técnico sobre lo que se iba a hacer? Hay que hacer un mea culpa. Tengamos en cuenta que hasta los primeros días de octubre tampoco contábamos con los productos, porque el jefe de Gabinete -Marcos Peña- no firmaba las órdenes de compra, los proveedores no disponían del producto y había que pensar en un plan B, decidir que no iba a usarse sólo feromonas y avanzar en otras opciones.
-¿Hay suficiente stock de feromonas? Senasa admitió que depender de dos proveedores complica.
-Para esta campaña tenemos stock asegurado. Estamos trabajando para que en 2018 el único método a aplicar en Mendoza sea con difusores de feromona, lo que dependerá de bajar la presión y de disponer de los recursos. Las dos empresas proveedoras, la japonesa y BASF, que se comprometieron a abastecer casi 140 mil hectáreas en la próxima temporada, incluso hasta proveyéndolo en conjunto. Hay que asegurarse los $ 400 millones, porque hay otras plagas compitiendo, como la langosta.
-¿De qué depende el uso de difusores?
-De la presión de la plaga. En el Sur usamos difusores, y en Valle de Uco, que le sigue en importancia, se agregó insecticida y feromona floable. Coragen -el agroquímico cuestionado- no es nuevo, lo usa la fruticultura de pepita hace años para combatir carpocapsa. Y por tanto su inocuidad está probada. Por otro lado, usamos una dosis de 6 litros por hectárea vía aérea. Si se le entrega al productor, significaría entre 800 y mil litros.
