El procurador general de la Suprema Corte y jefe de todos los fiscales de la provincia cumplió un año en el cargo. Alejandro Gullé asumió el 1 de setiembre del año pasado y, luego de doce meses, se muestra satisfecho con la tarea realizada, pero actualmente hay un hecho que ensombrece su horizonte: “¿Por qué el sistema falla? ¿Por qué una persona está tanto tiempo detenida sin prisión preventiva?
Muy simple, los fiscales tienen diez días para juntar la prueba para viabilizar la prisión preventiva y hay jueces que dan turno para la audiencia a un mes o mes y medio después”.
Gullé tiene experiencia en la Justicia. Lleva 38 años transitando los mismos pasillos. Tal vez por eso, hace un año, los detractores manifestaban ciertas dudas acerca de cuánto le iba a rendir al gobernador Alfredo Cornejo la designación de un hombre que es parte de la corporación judicial, donde el secreto es resistir al cambio. Hasta ahora, parece haber rendido.
“Estoy satisfecho. Terminé de colocar todas las unidades fiscales especializadas, tenemos la denuncia on line, pusimos en funcionamiento el Código Procesal Penal en casi toda la provincia, falta nada más el Valle de Uco, que a partir del 1 de octubre ya estará. Hemos mejorado la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal y tenemos tecnología que no existe en el país. Hemos llevado oficinas fiscales a lugares donde no existían. Por ejemplo la gente de Uspallata ya no tiene que ir hasta Luján para radicar una denuncia. En Malargüe tenemos una Unidad Fiscal”, relata Gullé los hitos de su gestión.
-Arrancó en la Procuración con una polémica por la "restricción de acercamiento" entre periodistas y fiscales...
-Hago el mea culpa. Tenía una idea primigenia en la ley de Ministerio Público de crear esa oficina de prensa para que todo se canalizara por ahí, pero nada impide que ustedes puedan tener contacto con los fiscales en la medida que los fiscales estimen que esto no perturba la investigación. Creo que tenían razón ustedes en esto- dice y luego continúa con el balance de gestión.
-Entre los cambios más ligados a la reorganización de las fiscalías, mencionó la incorporación de tecnología.
-He tenido mucha ayuda del Consejo Nacional de Procuradores, del Poder Ejecutivo provincial que ha apoyado la puesta en marcha del laboratorio de genética, uno de los tres laboratorios que tiene la calidad como para recibir el sistema Codis del FBI (base de datos nacional de perfiles de ADN).
Procuradores de otras provincias quieren conocerlo, porque tienen referencias. Antes de tenerlo llevábamos algunas causas a juicio en las que parecía que los hechos habían ocurrido de determinada manera. Ahora podemos llevarlas con la certeza de que han ocurrido de esa manera.
-Hubo una polémica porque la Suprema Corte prefirió contratar al laboratorio de la UNCuyo, por el costo.
-Es probable que la Universidad consiga los reactivos un poco más baratos que nosotros, porque tienen una exención impositiva. Aviso que vamos a empezar a tramitar esa exención impositiva para nosotros. Si la conseguimos, vamos a tener los insumos a menor precio.
La ley del registro de huellas genéticas me obliga a contar con 50 mil perfiles genéticos para el año que viene y necesito los reactivos para hacerlo. Eso cuesta 80 millones de pesos. El miércoles el ministro Garavano nos aportó 10 millones. La Provincia ha puesto un montón.
-Apenas asumió tuvo una seguidilla de femicidios y a poco de andar estalló el caso Próvolo...
-De los momentos más difíciles. Fueron siete femicidios, uno detrás de otro. Los fiscales que investigaron, sobre todo la doctora (Claudia) Ríos, a la que le tocaron varios de estos casos, salieron a flote y resolvimos todos. Confieso que en algún momento tuve preocupación por el resultado de la investigación, pero tengo plena confianza en los fiscales y los respaldo en todo lo que puedo.
-También tuvo situaciones polémicas con varios fiscales.
-Sí, Fabricio Sidoti, fue uno. Creo que cualquier fiscal hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo él. Es imposible, en materia de violencia de género, hacer futurología. De una persona que en apariencia tiene un comportamiento pacífico, generoso, de un día para otro se vuelve loco y mata a cualquiera.
Leí detenidamente el expediente de Ayelén Arroyo. En la primera declaración realmente no había indicios que pusieran en riesgo la vida de esa niña. Se le preguntó si la amenazó, dijo que nunca había tenido problemas. Si con una declaración así tenemos que meter presa a una persona, no nos alcanzarían cuatro cárceles.
-Esto lo obligó a hacer cambios de organización.
-Creamos la Unidad Fiscal de Violencia de Género y el EPI, el Equipo Profesionales Interdisciplinario, que hacen una evaluación de riesgo, en base a cuestionarios de rango internacional, que marcan si hay riesgo alto, moderado o bajo. Estamos encarcelando los casos de riesgo alto y en el resto aplicamos medidas alternativas, como las pulseras.
-¿Y Anabel Orozco, la fiscal viajera?
-Es complicado ir contra un fiscal. Así como apoyo a un fiscal cuando hace las cosas bien, no puedo permitir determinadas desviaciones. En el caso de la fiscal viajera, quienes me dan el dato son sus compañeros. Por eso le pedí el Jury de Enjuiciamiento.
La administración pública es un nido de chismes; hago caso omiso de eso. Pero acá había pruebas. Me parece que esto es una burla, no sólo a sus compañeros sino también a la sociedad.
-Pareciera que se quiere poner paños fríos desde el ala judicial del jury...
-No sé cómo va a terminar esa causa. Tengo entendido que uno de los ministros de la Suprema Corte explicó que tenía que ver con el tema electoral. Me preocupa que podamos dejar un rastro que pudiera generar una nulidad. El Jury definirá.
-En la semana que pasó se enredó en una pelea por el trabajo de los jueces de Garantías.
-Hay jueces que tienen buena voluntad para trabajar de mañana y de tarde. Hay otros que no. Le pregunté al procurador general de Rosario, delante de jueces, cómo trabajan los jueces de Garantías allá. Contestó: “Trabajan mañana y tarde, incluso sábados, domingos y feriados. Cada uno hace un promedio de cinco audiencias diarias, salvo dos días que han pactado no hacerlas: 25 de diciembre y 1 de enero”.
-Un ejemplo de eso podría ser la autorización de allanamiento solicitada a la jueza Alejandra Mauricio en el caso de la Túpac Amaru...
-Totalmente. Respeto mucho a los jueces porque lo fui muchos años, en la época en la que los jueces de Instrucción éramos casi dioses. Los fiscales para realizar una medida irreproductible, tienen que pedir autorización al juez de Garantías.
Nosotros allanábamos y deteníamos cuando queríamos. Era el sistema inquisitivo; éramos jueces y partes. Ahora estamos en el sistema acusatorio y para que funcione tenemos que poner un poquito de cada uno.
-¿Alguna vez el Poder Judicial trabajará normalmente de tarde?
-La Suprema Corte encargó a Valerio trabajar en una agenda de audiencias, pero hoy no se están haciendo a la tarde y me parece que debería haber un control un poco más severo. No pido contemplaciones para los fiscales; pido respeto al tiempo y a la ley. El juez no puede ser un semidios.
La cercanía con Cornejo y las causas que enojan al PJ
“En este cargo no me puso la cigüeña; me designó el gobernador Cornejo. Nos conocemos del fútbol, porque él no va a mi casa ni yo voy a la de él. Hace muchos años nos vemos en la cancha y venimos hablando, entre muchos temas, de seguridad. Tenemos identidad de pensamiento en los criterios de la persecución penal”, explica Gullé su vínculo con el Gobernador, cuestionado en los pasillos de Tribunales sobre todo por quienes están cerca de la oposición peronista.
-Por eso, desde que asumió, se ha notado un vínculo más estrecho de la Procuración General con el Ejecutivo.
-El Ministerio Público fiscal es una de las patas de la seguridad y tiene que trabajar codo a codo con la Policía, que depende del Ejecutivo. Si esto identifica al Ministerio Público con el Ejecutivo, que lo identifiquen; es imposible no trabajar juntos. Nos falta ensamblar el sistema y cómo lo ensamblamos, con el peldaño que sigue, la Justicia de Garantías.
-Insiste con las críticas a la Justicia de Garantías...
-No podemos pensar el trabajo como compartimentos estancos. La Policía previene e investiga. Nosotros investigamos para poner la prueba a disposición de los jueces. Pero si al llegar ahí encontramos obstáculos, estamos en problemas.
-Desde la oposición se acusa que hay causas funcionales al Gobierno impulsadas por fiscales a su cargo...
-Yo no me meto directamente en las causas. La ley de Ministerio me lo impide; sólo puedo dar directivas generales. No obstante tengo el deber de estar informado y lo estoy. En la causa Tupac Amaru, qué puede haber de política cuando los denunciantes no los fue a buscar la fiscal (Gabriela Chaves).
Vinieron solitos porque se sintieron defraudados y eran miembros de la Tupac. Esto no ha terminado, la fiscal sigue investigando. No es una causa política. El abogado defensor puede decir lo que quiera, porque está en su derecho, mientras no ofenda, porque nadie está en contra de él.
-¿Y el caso del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos?
-Si yo estuviera imputado, para defenderme diría cualquier cosa. La doctora (Susana) Muscianisi es muy buena fiscal, al igual que la doctora Chaves. Han profundizado muchísimo y se han tomado el tiempo para que no digan que están improvisando. Han recolectado pruebas de todos lados.
Ahora imputaron por enriquecimiento ilícito a Lobos. Fue intimado por el fiscal de Estado para que justifique su patrimonio y no puede.
-Cambio de tema, el caso Próvolo.
-Me impactó muchísimo la imposibilidad del manejo claro de la expresión y más me afectó cómo empezaron a aparecer con miedo. Me pregunté en algún momento si no era una gran fábula, pero es un grupo de gente que hace tiempo no se ve, algunos viven en otras provincias.
¿Qué interés pueden tener en venir a asumir que han sido abusados? Una intérprete de Buenos Aires me contó que tiene pacientes del Próvolo de allá, que ya eran grandes, que estaban muy afectados y que no querían denunciar para que no se enteraran sus hijos.
-¿No se podría haber avanzado antes con la causa? La primera denuncia es de 2008.
-Lo que había en 2008 no estaba muy claro. Creo que se presentó una mamá que dijo que su hijo había hecho dibujos que para ella tenían connotación sexual y que le habían contado que otro chico tenía problemas con uno de los imputados. Citan a una psicóloga, hace un estudio salvo sobre estos dos chicos, que casualmente o no fueron peritados.
Con el diario del lunes, si esto se hubiera destapado en 2008, se hubieran evitado muchas cosas. ¿Pero había mérito realmente? No en la primera declaración.
Perfil
Alejandro Gullé tiene 62 años. Está casado y tiene cuatro hijos. Estudió Derecho en la Universidad Nacional del Litoral.
Exhibe 38 años de experiencia en el Poder Judicial. Fue relator de la Suprema Corte de Justicia de 1979 a 1984. Ese año fue designado Juez del Sexto Juzgado de Instrucción.
En 1990 desembarcó en la Sexta Cámara del Crimen hasta agosto del año pasado, cuando fue nominado por Alfredo Cornejo para ser procurador general de la Suprema Corte. En aquellos días se resaltaba como un mérito que era un magistrado de máxima severidad, proclive a las condenas a prisión perpetua.
Es docente en las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y del Aconcagua.
