Alejandro Gullé, el candidato de Cornejo para ser el nuevo Procurador de la Corte

Alejandro Gullé (59) es el hombre designado por el gobernador Alfredo Cornejo para ser el nuevo procurador de la Corte. El juez de la Sexta Cámara del Crimen reemplazará a Rodolfo González, quien renunció a su cargo hace más de un mes, si el Senado aprueba el pliego que enviará el mandatario provincial. El radicalismo cuenta con los votos necesarios para aprobarlo en la Cámara Alta. Este mediodía se realizó la presentación oficial de Gullé en el Salón Patricias de Casa de Gobierno.

El Procurador es un puesto clave para Cornejo porque combatir el delito es una de sus promesas de gestión. Gullé cumple con el perfil de "mano dura" que pretende el gobernador.

Una de las principales funciones del jefe de fiscales es “diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, debiendo impartir para ello las instrucciones generales que corresponda”, según el artículo 28 de la ley 8.008 del Ministerio Público Fiscal

Además Cornejo pretende mayor celeridad en la Justicia con la reforma del Código Procesal Penal, que fue impulsada por el propio gobernador.

Algunas de puntos más importantes del proyecto para reformar el Código Procesal Penal, que ahora se discute en la legislatura, son las funciones de los ayudantes fiscales, la figura del querellante particular y los cambios en las notificaciones procesales, entre otros puntos importantes.

Los puntos salientes del proyecto.

Ayudantes de fiscal. El artículo 87 bis busca “establecer funciones básicas investigativas y del sistema procesal a los ayudantes fiscales”, para agregar nuevos decisores en el esquema organizativo de las fiscalías.

Querellante particular. El art. 104 apunta a que el querellante particular participe en todo el proceso investigativo.

Notificaciones. En el art. 177 se pretende terminar con las notificaciones escritas para hacerlas “electrónicas, telefónicas o por medios equivalentes” como el uso del whatsapp.

Sin traslado de expedientes. Los cambios tecnológicos permitirán evitar que los expedientes deban ser trasladados entre oficinas, juzgados y otras dependencias judiciales (art. 181).