El ministro de Minería sanjuanino, Alberto Hensel es un ferviente defensor de la minería, a la que la vecina provincia considera una política de Estado, en la que se busca un equilibrio entre el desarrollo de la actividad y la protección ambiental.
-¿Cómo evalúa la actual minería argentina?
-La minería es una actividad absolutamente condicionada por el contexto internacional y la macroeconomía nacional. El internacional podría resumirse en el nivel de demanda de los commodities de minerales, que viene reactivándose. En los próximos 50 años será impresionante la demanda porque hay una evolución vertiginosa en cuanto a oro, cobre, plata, zinc y hierro, entre otros.
En el contexto nacional se han tomado medidas importantes. Es fundamental que el Presidente haga referencia a que las provincias andinas pongan en valor el recurso para poder terminar con las asimetrías que han caracterizado este país: provincias pobres con mucha riqueza, y las ricas, más bien vinculadas a la Pampa Húmeda.
Por otro lado, es buena la eliminación de las retenciones. Se invirtió en exploración casi 23 millones entre 2014-2015, al año siguiente fueron 52 millones, y tenemos una proyección de 80 millones para el próximo período, lo cual está demostrando que una enorme cantidad de recursos de las retenciones terminaron yendo a exploración.
-¿Cuáles son las claves para sostener el crecimiento de la actividad en San Juan?
-En San Juan, mientras en algunos lugares sigue discutiéndose sobre la minería, casi silenciosamente apostamos durante años desde el Estado a incentivar la exploración.
Tenemos toda una serie de incentivos para promover la actividad: todo tiene que volver, no es que se le exima de cargas, pero sí promover la exploración.
-Uno de los condicionantes es la Ley de Glaciares?
-No caben dudas que hay conceptos incorporados a la Ley de Glaciares que pueden ser una mala copia y se pretenden aplicar a una realidad que es bastante diversa. Estamos convencidos de que hay que proteger los glaciares, más nosotros, que tenemos una provincia desértica donde el agua es fundamental.
-Según se ha expuesto, puede llegar a frenar unos 40 proyectos de inversión.
-Lo que digo es que tenemos que proteger los glaciares, siempre y cuando constituyan una reserva hídrica estratégica. Algunos, cuando redactaron la ley pensaron que la cordillera de los Andes es Alaska, y no lo es. Uno va a San Juan y ve claramente dónde están los glaciares, entonces sabe perfectamente dónde no puede haber minería para proteger un recurso hídrico estratégico. El problema se plantea con el ámbito periglaciar, cuyo ambiente no puede demarcarse; entonces, vemos por un lado al glaciar y por otro, grandes extensiones montañosas que no tienen ni una gota, y que la ley impide traspasar para llegar a la fase de factibilidad de los proyectos.
Mendoza y San Juan, desarrollando la minería y dada la diversidad de recursos tanto del agro como del sector hidrocarburífero, están llamadas a ser las provincias más potentes del país.
El Presidente nos preguntó a todos qué cosas debían resolverse para que pudiésemos relevar cualquier obstáculo que impida la inversión minera, y uno de los temas fue ése. Hay un proyecto para aclarar la ley y no se ha pensado en derogarla.
-Es decir, se puede buscar un punto de equilibrio.
-Poniendo en el centro a hombres y mujeres que necesitan oportunidades para desarrollarse en un marco de igualdad, ¿qué inversor va a factibilizar un proyecto con costos que rondan los 150 millones de dólares sin saber si podrá desarrollarlo? Eso tiene que ver con la seguridad jurídica, un tema para debatir.
-Tras el episodio del derrame de cianuro en Jáchal ¿Hubo ajustes?
-Fue prioritario en su momento, cuando me hice cargo de la gestión, de compartir visión con el gobernador: si no hacemos cumplir las reglas, quién lo va a hacer. Tampoco pretenderemos que lo hagan quienes persiguen un fin económico. Tenemos la obligación de seguir una dimensión social, económica, productiva, y sobre todo de la seguridad pública y el ambiente. Convencidos de que tiene que haber equilibrio.
Se decidió incorporar a la auditoría legal-ambiental, que entonces hicimos con Naciones Unidas y en 2019, veremos con quién. Lo que pretendemos es que haya un observador ajeno a las cuestiones económicas y al sector, que nos diga cómo estamos haciendo las cosas.
Hemos aprendido mucho, no sólo aplicamos multas sino que también cerramos la mina hasta que arreglaran todo. O se hacía una reingeniería del proceso de lixiviación o no se podía seguir. Ese fue el planteo, y la empresa hizo todo lo que pedimos, mientras aplicamos controles con profesionales externos para darle la mayor garantía. Hoy la mina Veladero funciona con los más altos estándares.
-¿Cómo se compatibiliza el criterio económico con el control social, con participación ciudadana?
-En general, al que no le gusta el control es al controlado. El control comunitario es importante. Nosotros tenemos algo en claro: la obligación de explorar el territorio para saber con qué recursos se cuenta. Quien va a decidir si esos recursos se usan ahora, mañana o nunca será la comunidad.
Entonces eso obliga a un trabajo conjunto Estado, empresas y comunidad.
-El futuro del Acuerdo Federal Minero está en el Congreso. ¿En qué puede sumar y en qué restar?
-El primer Acuerdo Federal, de 1992, dio origen a la Ley de Promoción a las Inversiones Mineras y a la Ley Ambiental Mineral, fue en una época en la que lo necesario era conseguir inversores para explorar y poner en marcha proyectos. Tenía una visión más economicista, pero ésta versión tiene más carácter socioambiental.
-La puja distributiva también pesa.
-Exactamente. Aportamos fondos a la Nación y pretendemos que vuelvan, no en dinero sino en infraestructura. El ambiente y la economía tienen sentido si existe el hombre; tenemos que ser equilibrados.
-A veces, como decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre.
-Podemos trasladarlo más a los sistemas políticos. Lo importante es que los dirigentes entendamos que no debe ser el lobo, y que debemos prestar un servicio, tal cual lo está marcando hoy por hoy el papa Francisco. Y tener claro cómo hacerlo, junto con el hecho de que no toda política es una política pública, sino sólo aquélla que satisface una necesidad social. Lo que buscamos es una distribución equitativa de la riqueza que se genera.
Perfil: Alberto Hensel (51)
Está casado y es padre de familia.
Es abogado, trabajó en el Comfer, en el Instituto Nacional de la Administración Pública y ejerció la docencia en la Universidad de El Salvador.
Volvió a San Juan en 1993. Fue cuatro veces intendente de Sarmiento.
