Hoy, el bloque de senadores de Cambia Mendoza dará sanción definitiva a la ratificación legislativa del Consenso Fiscal.
La sesión especial arranca a las 9.30 y, una vez sentadas las posturas de los diferentes bloques que componen el Senado, se votará. Y como el oficialismo tiene mayoría propia, se podría especular que el pacto fiscal ya es ley, siempre y cuando no haya sorpresas con algunos de los miembros del bloque.
En Cambia Mendoza se sienten tranquilos y apuestan a que no habrán sorpresas. No debería haber motivos para que legisladores propios voten en contra el acuerdo con el Gobierno nacional por el que se bajan las alícuotas de ingresos brutos en varias actividades y de paso, se restituyen las remesas por del Fondo Federal Solidario a Mendoza, el que se conforma con las retenciones por exportaciones de soja.
En caso de aprobar el consenso fiscal ahora, Mendoza debería cobrar el total de los $120 millones correspondientes a enero y se destrabarían también los fondos de febrero. Un 18,8% de ese monto se distribuye entre todos los municipios.
Sorpresas en el Senado ha habido en otras oportunidades; más precisamente dos veces, y ambas fueron protagonizadas por los senadores de Cambia Mendoza Raúl Ferrer y Walter Soto. Una fue en julio del año pasado, cuando un faltazo de ambos impidió juntar quórum para tratar la ley de Ordenamiento Territorial y el nuevo Código Procesal Civil; la otra fue otro faltazo que impidió el tratamiento del proyecto de Alfredo Cornejo para ampliar el número de miembros de la Suprema Corte mendocina.
Hoy, el oficialismo necesita juntar 20 votos para aprobar la ratificación del Consenso Fiscal y sin sorpresas tiene 21. Así que a las 9.30 la sesión debería ser apenas un trámite. De hecho, al tratarse de una sesión especial, ni siquiera necesita de mayorías especiales para habilitar el tratamiento de una norma que el peronismo y la izquierda ya votaron en contra en Diputados y se descuenta que hoy repitan el rechazo.
Un pacto conveniente
El Consenso Fiscal fue firmado en noviembre pasado entre los gobernadores de las provincias y el Gobierno nacional. El principal motivo de esa firma fue la amenaza concreta de que la Corte Suprema de la Nación fallara a favor de Provincia de Buenos Aires y se perdieran de los fondos coparticipables $54 mil millones de la recaudación del impuesto a las Ganancias.
El otro motivo era la necesidad del Gobierno nacional de generar condiciones más amigables a la inversión privada, bajando los costos impositivos.
La caída en las alícuotas de ingresos brutos es el principal efecto que tendrá para las arcas provinciales la sanción del Consenso Fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda estiman que serán unos $700 millones en 2018; la Nación compensará $316 millones correspondientes a un bono no reintegrable que en 2019 saltará a $700 millones y que la provincia cobrará hasta 2028.
Volviendo a 2018, la Nación pondrá 316 millones por bono, pero Mendoza resigna de cobrar 700 en concepto de ingresos brutos; hay una diferencia cercana a los 380 millones de pesos que engrosarían el rojo provincial, una cifra que desde el Gobierno se asume como ínfima teniendo en cuenta que el presupuesto general de la provincia asciende a 80 mil millones de pesos.
Por eso estiman que se recuperarán sólo con regular el ritmo del gasto o con alguna mayor recaudación en otros conceptos, incluso por la reactivación de actividades generada por la misma baja impositiva.
