El Gobierno anunció días pasados la puesta en marcha de lo que denomina la "Universidad para Empleados Públicos" que, en la práctica, consiste en modificar la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio. La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro del Estado. Desde el oficialismo han surgido voces optimistas respecto de la implementación del nuevo proyecto, llegando a asegurar con entusiasmo que se alcanzaría el ideal de concurrir a una oficina y que los atienda un empleado "comprometido y formado".
Resulta evidente que el objetivo de la actual gestión gubernamental se centra en modificar la imagen bastante deteriorada que suele presentarse sobre los trabajadores estatales. Sin embargo, habría que partir de la base de que si bien esa "imagen negativa" surge de una realidad, no es menos cierto que la gran mayoría de los trabajadores están comprometidos con su tarea y que tratan de cumplir lo mejor posible con sus obligaciones. Y si hay gente que no trabaja como exige la función, la responsabilidad debe recaer tanto en él como en su jefe inmediato superior, por no actuar como corresponde.
También debemos señalar que resulta oportuno que el Estado advierta la situación e impulse la capacitación para los trabajadores del sector. El mundo está cambiando, especialmente en el área de la tecnología y todos deben tener la posibilidad de actualizarse. Además resulta coherente el hecho de otorgar beneficios a quienes se capaciten, aunque es discutible la posición oficial respecto de los "premios por encima de la inflación", cuando en realidad lo que debería implementarse es una carrera administrativa que permita, a quien estudia, ascender de categoría. La carrera debería comprender inclusive todos los cargos, a excepción de los ministros y subsecretarios, que son "políticos".
Otro de los aspectos a considerar pasa por el ingreso a la administración pública. El proyecto oficial establece que cualquier persona que ingrese a la administración central deberá completar un período de inducción de varias horas, con cursos y programas obligatorios y optativos. Pero la iniciativa no hace alusión a la realización de concursos "para el ingreso" al Estado, como debería corresponder de manera tal de que todos los jóvenes puedan tener acceso a un trabajo público y no dejar que esa posibilidad alcance sólo a los acomodados políticos.
En Mendoza, en abril del año pasado, en medio de las paritarias con el sector de la salud, el gobernador de la provincia salió a satisfacer uno de los pedidos históricos de los sindicatos de los empleados públicos, al anunciar los concursos de personal en el ámbito del Estado.
Expresó que se contemplarán para la promoción en la carrera del empleado público y anunció el llamado para cubrir diez cargos jerárquicos subrogados en la administración central. También en este caso debería consignarse que si bien la iniciativa es valiosa, no contempla tampoco el ingreso "por concurso" a la administración pública. Debería consignarse que en los últimos cincuenta años, en sólo una oportunidad se realizaron concursos para entrar a trabajar en el Estado. Fue durante la gobernación de José Eugenio Blanco. Después José Octavio Bordón intentó implementar una medida similar pero su intento naufragó, lamentablemente, ante las trabas impuestas por los gremios de estatales.
