El Gobierno nacional, en una inusual conferencia de prensa del jefe de Gabinete y los integrantes del equipo económico, anunció hace días algunos ajustes en la política monetaria. En esencia subir la meta de inflación al 15%. La repercusión en los medios de comunicación parece exceder la importancia de las medidas.
La política económica tiene diversos componentes de los cuales se deben destacar la cuestión fiscal, la monetaria, la cambiaria y de comercio exterior. En cada una de ellas los gobiernos eligen objetivos a alcanzar, instrumentos a emplear y plazos para lograrlos. En este último punto aparece el tan discutido dilema de si las políticas serán graduales, extendidas en el tiempo, o se procurará que los objetivos se alcancen en el menor tiempo posible, es decir las llamadas políticas de shock.
Un aspecto fundamental de cualquier política económica es la congruencia, la compatibilidad entre los diversos objetivos que se persiguen y entre los objetivos y los instrumentos empleados. Otro aspecto clave de la política económica es tener claro el punto de partida, la situación inicial (económica, social, política) desde la que se parte para alcanzar las metas propuestas. Justamente ésta ha sido una de las críticas al gobierno de
Cambiemos: no haber explicado con claridad la situación del país al asumir el gobierno.
Si no se tienen en cuenta estos aspectos, que son sólo los más gruesos, de la complejidad de la política económica, se cae en el simplismo, muchas veces en la anécdota, que poco ayudan a comprender lo que ocurre en la realidad económica.
Dicho esto recordemos muy someramente las condiciones en que recibió la economía el gobierno de Mauricio Macri. Una sola palabra la define, un desquicio completo. Enormes desequilibrios de precio relativos, tarifas de servicios en niveles absurdos, gasto público, presión fiscal y déficit en los niveles más altos de la historia. Cepos por todos lados, una inflación reprimida que los cálculos más moderados estimaban en 80%. Atraso cambiario, caída de las exportaciones, prohibiciones de importar. Un Estado desmesurado y colonizado por distintos actores corporativos, incapaz de cumplir cualquier otra función que la de impedir.
Concentrémonos en el tema que nos ocupa: la inflación. El Gobierno se propuso sincerarla y bajarla a niveles compatibles con el funcionamiento de la economía. Para ello adoptó medidas muy importantes, tales como restablecer la independencia del Banco Central, que la administración anterior había convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo, dotándolo además de un equipo profesional altamente valorado.
El entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, adoptó la política de metas de inflación, definiendo bandas o rangos a alcanzar en los años del gobierno de Cambiemos. Esas metas fueron asumidas por el Banco Central a cargo de Federico Sturzenegger, objetivos que a la luz de la situación heredada lucían como muy ambiciosos, pero que indicaban la voluntad gubernamental de aplicar una política de desinflación. Independientemente del desvío de la realidad respecto de las metas, el hecho cierto es que el sendero de la desinflación se ha cumplido razonablemente, repitamos 80% de inflación reprimida a fines de 2015. Sin datos reales de los años del cristinismo, con el sinceramiento de los números, la inflación fue de 40% en 2016 y 23/24% este año.
No se puede negar que el esfuerzo no haya tenido resultado. Debe agregarse que todo el trabajo recayó sobre la política monetaria del Banco Central, ya que la política fiscal poco o nada pudo (o quiso) hacer. El monumental gasto público y el déficit siguieron su inercia, sólo cambió, y esto es muy importante, la forma de financiarlo. De hacerlo con emisión monetaria y saqueo a cuanta caja del Estado se pudiera, a financiarlo con deuda pública. En este contexto el anuncio de ajustar la meta de inflación para 2018 y años siguientes, es reconocimiento de las dificultades para abatir el flagelo histórico.
