La campaña de "eficientización del gasto público" emprendida esta semana por el gobernador, Francisco Pérez, suma un nuevo punto en en busca de restringir el costo en telefonía celular. En la publicación del decreto 155 en el Boletín Oficial se incorporó un artículo que no había sido ventilado hasta ahora por el Gobierno: se pedirá a "los agentes oficiales que en la actualidad tengan celulares" provistos por el Estado, que los devuelvan en el plazo de un mes. De no ser así, las facturas serán descontadas del sueldo de los mismos empleados, tal como lo dice la normativa.
La medida exceptúa a la primera y segunda línea del Ejecutivo y, nuevamente, deja abiertas las puertas para que aquellos casos que se consideren "excepcionales" no sufran el corte del servicio pagado por el Estado. "Hay personas que por sus funciones ameritan tener disponibles sus líneas", aclaró el secretario Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, quien precisamente será el responsable de determinar cuáles serán esos casos que merecen seguir con celular. El anuncio por ahora alcanza al Ejecutivo pero, según el funcionario, "se extenderá la invitación" a las órbitas Legislativa y Judicial.
Desde el Gobierno todavía no tienen en claro cuántos serán los celulares que entren en la baja y, por ende, todavía no tienen número para el ahorro buscado. La medida se suma a un nuevo plan de austeridad anunciado esta semana por el Gobernador, oficializado en el decreto 155 (el tercero de esta naturaleza desde que comenzó su gestión en diciembre de 2011), el cual contempla un "congelamiento" en el ingreso de los empleados públicos, mayores controles en los horarios y las licencias, y la jubilación de aquellos agentes que ya estén en condiciones de hacerlo.
Todo con la finalidad de recortar erogaciones a un Estado "sobredimensionado" en los gastos de personal, tal como apuntan desde la oposición, y con distintas versiones en cuanto a los números oficiales. "En la gestión de Pérez, desde diciembre de 2011 al 2013, la cantidad de empleados ha crecido sólo el 3,8 por ciento, con un total de entre 80 y 85 mil personas", señaló García Ibáñez, amparado en un censo, y se distanció de un estudio publicado por el radicalismo que señala un crecimiento de 8 mil estatales, lo que sería un 8 por ciento de la planta actual. En cambio, Pérez habló el miércoles de la existencia de "89 mil empleados públicos".
De este escenario se desprende la nueva disposición que tendrá duración durante un año y que establece que sólo el "Gobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los secretarios, subsecretarios y directores" podrán retener sus líneas de teléfono oficial, las cuales, en el caso de los rangos jerárquicos, son ilimitadas en el consumo de crédito.
"La resolución apunta a restringir el uso de los celulares sólo a los funcionarios que expresamente lo necesiten. Todos los años hacemos un relevamiento para ver que el celular lo use la persona que lo necesita. Tuvimos hace un tiempo un caso en el que en una repartición había 16 teléfonos y no se sabía dónde estaban", justificó el secretario Legal y Técnico.
