El gobierno de Mauricio Macri tomó de la decisión de acelera el proceso de ajuste en medio de una situación internacional muy complicada que fue, la que en definitiva, lo obligó a repensar el ritmo de acción e, incluso, acudir en búsqueda de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Siempre se discute acerca de las formas de hacer los ajustes y aparecen dos posiciones antagónicas. Los que dicen que debe ser gradual, para evitar consecuencias sociales y los que sostienen que hay que hacerlo rápido para evitar mayores consecuencias sociales. Y están los que dicen que no hay que hacer ajustes o, al final, que lo hagan otros.
Cuando se generó el detonante de la crisis, a partir del cambio de las metas de inflación y la fijación de plazos más largos para terminar con el déficit, los capitales definieron que era hora de salir de Argentina, y en tres meses se fueron 10.000 millones de dólares. En el medio, el proceso se aceleró por la suba de tasas en EE.UU. y Argentina se quedó sin crédito para financiar el gradualismo.
Esta situación obligó al Gobierno a recalcular sus políticas y acelerar la velocidad del ajuste, debiendo asumir, además, un rimo inflacionario mayor por la incidencia de los aumentos de tarifas en los índices de precios, además del impacto que genera la devaluación de la moneda, que en pocos meses acumuló un 20%.
Pero para poder avanzar, el presidente Macri decidió pedir la asistencia del FMI, lo cual parece inevitable ya que es el único organismo que puede actuar como prestamista de última instancia.
No obstante, como cualquier prestamista que otorga fondos a costos mucho más bajos que el mercado, va a poner ciertas exigencias mínimas en materias de metas a cumplir en materia de déficit, inflación y tipo de cambio.
El problema interno es más que nada político. La oposición, principal responsable del escenario actual, quiere aprovechar la debilidad política que le genera al gobierno el proceso de ajuste y sale a proponer alternativas en materia de tarifas que tendrían un elevado costo fiscal.
Una de las primeras medidas del Presidente fue vetar rápidamente la ley que propone dejar sin efecto los últimos ajustes y volver a la situación vigente a noviembre de 2017. Fue una forma de mostrar decisión clara respecto del camino a seguir.
El panorama internacional
En esta materia, la situación se ha complicado porque han confluido diversos factores que han abierto puntos de conflicto en varios frentes.
Comenzó la suba del precio internacional del petróleo, como una estrategia del cartel de la Opep de disminuir la producción para generar un incremento del precio.
Esto hizo subir el valor internacional de una base de 50 dólares a mediados del año pasado hasta 80 dólares a principios de este mes. Esto impacto en todo el mundo y Argentina no fue la excepción, lo que motivó contante subas en el precio de los combustibles, que también sumaban la inflación acumulada.
Esta semana se produjo un hecho inesperado cuando un mensaje del presidente de EE.UU. Donald Trump advertía que el precio era muy elevado y que "a los muchachos de la Opep se les había ido la mano". Desde ahí comenzó un proceso de baja, con declaraciones de funcionarios de Arabia Saudita y de Rusia convocando a una reunió el 22 de Junio para discutir formas de aumentar la producción. El mercado espera que el crudo baje hasta los 70 dólares, si están de acuerdo.
Por otra parte, los problemas de tipo climático que impactaron en Argentina sobre la producción de granos también ocurrieron en otras zonas productoras y esto impactó en los mercados internacionales, sobre todo en el trigo.
Hoy hay faltantes en todo el mundo y en nuestro país el precio de la harina se han multiplicado porque el faltante alentó la especulación de los sectores molineros.
Por si todo esto fuera poco, en Italia ganó una coalición de políticos "euroescépticos" que postulan que el país deje la zona euro, en medio de una situación muy compleja por el elevado endeudamiento, agravado porque los italianos han tenido que absorber la mayor cantidad de exiliados que provienen de zonas en conflicto, como Siria.
Hoy Italia es el segundo país más endeudado de Europa (130% del PBI) después de Grecia. Mientras, en España la oposición ha generado un movimiento para tratar de sacar del gobierno a Rajoy. Todo esto ha generado un marcado retroceso del euro frente al dólar. Hace dos meses estaba a 1,21 y hoy solo llega a 1,17.
Otro frente complicado se da en Brasil, donde un paro de camioneros, que lleva más de diez días, ha generado fuerte desabastecimiento incluso de alimentos. Las góndolas de los supermercados de Brasil parecen las de Venezuela, pero ha paralizado, además, las exportaciones argentina a ese país, sobre todo las de automóviles.
Las decisiones en medio de la tormenta
Las condiciones internacionales no son buenas y presionan en medio de la necesidad de tener que hacer un ajuste que, en base al panorama, requiere una velocidad mayor a la prevista.
En este punto han trascendido algunas recomendaciones del FMI que, de alguna manera, obligan al gobierno a tomar decisiones que pueden complicar su futuro político.
Lo más difícil será hacer el ajuste dentro del Estado, aunque prometen una poda al gasto político de unos 20.000 millones de pesos, cifra que es simbólica, porque no incide mucho en el plan de recortes, pero que ayuda a juntar recursos.
Al fracasar la idea de reponer retenciones al campo, el gobierno volvió a recurrirá los impuestos fáciles que complican a la población al aumentar sorpresivamente el impuesto a las transferencias combustibles (ITC) a partir del 1° de junio con el objeto de conseguir unos 600 millones de pesos adicionales, pero que jugará como un multiplicador complejo cuando las petroleras hagan el incremento del 12% a partir de Julio.
Este caso es singular, porque hay aumentos atrasados pero justo en este momento está bajando el precio del petróleo, por lo que habrá que ver como evoluciona el panorama ya que las petroleras contrapondrán a esta baja la compensación por inflación y la suba del dólar.
El problema que deberá enfrentar el Estado es que los sucesivos incrementos de los servicios públicos seguirán complicando los índices inflacionarios y ya se calcula en ámbitos privados que el año terminará en una cifra cercana al 28%.
La perspectiva para el año próximo sería menor ya que no quedarían muchos subsidios por retirar, salvo los del transporte que se mantendrán por mucho tiempo.
Las dudas surgen respecto del valor del dólar. Esta semana, por todos los efectos internacionales, la divisa avanzó y superó los $ 25,50, aunque tuvo contenida por ventas del Banco Nación, que interviene en lugar del BCRA, pero mucho no puede hacer.
El FMI advirtió que no financiará ni fugas de capitales ni viajes de turismo al exterior, lo que supone dejar flotar la moneda lo más libre que se pueda. Los especialistas esperan un dólar a $ 28,50 a fin de año, aunque en los mercados de futuros se negocia cerca de los $ 30.
No es el escenario ideal y está cada vez más claro que el panorama internacional le juega una mala pasada al gobierno, aunque éste cometió errores que lo llevaron a tener que hacer estas reformas que venía postergando.
En el intento de bajar el gasto, se encuentra con el compromiso asumido en la reforma previsional que lo obligará a pagar a jubilados y beneficiarios de planes sociales sumas superiores a las previstas.
Pero no tiene alternativas, y los recursos que puedan venir del FMI deberían servir para financiar un plan concreto, que hasta ahora no aparece.
