El operativo de compra de uva que impulsa el Gobierno de Mendoza cerró su primera semana con una ampliación del 35% en el cupo de ingreso, con lo cual las 38 bodegas receptoras podrán captar por ahora hasta 189 mil quintales. Teniendo en cuenta que los problemas de madurez de la materia prima inciden en el tenor azucarino y hacen que el precio no supere los $ 2,10 por kilo, significa que la Provincia deberá asegurarse al menos $ 39,7 millones en su cometido de intervenir en el mercado y tonificar los valores.
Se trata de una meta parcial, pero ya representa un 4% de todo lo acumulado en la vendimia hasta el 19 de marzo (semana 15) aunque en la distribución por establecimiento a algunos la cuota les "queda chica" frente a la oferta que arriman los productores.
Desde el Ejecutivo, donde aseguran haber detectado cierta selectividad por parte de las bodegas para con la cantidad de uva que recepcionan por productor, garantizan que el techo para la capacidad de compra de la Provincia aún no está definido. "Desde un principio la idea era no concentrar en algunas pocas y que ningún productor se quedara afuera, por eso arrancamos con un piso de 140 mil quintales que ahora se amplió y que de todos modos vamos a seguir revisándolo y a controlar que no haya un manejo discrecional", señala el director de Vitivinicultura, Daniel Gallardo.
Un subsidio de $ 0,70
Sin embargo algunas bodegas del Este mendocino acusan que con una cupificación de apenas 3.300 quintales (equivalente a lo que pueden vender sólo 3 productores) están obligadas a priorizar en el prorrateo pese a que los responsables del operativo hablan de límites que llegan a los 15.000.
"Las expectativas son mayores y tenemos que dar respuesta a los socios y a terceros en general", asegura Daniel Donna, de la Cooperativa Ingeniero Giagnoni, en Junín, donde ya ingresa uva criolla y algunas tintas. "Si fuera proporcional para asociados y terceros, deberíamos recibir entre 60 y 80 quintales, pero tenemos requerimientos de hasta 30 mil quintales. Por lo tanto, lo que no entre por el operativo lo compraremos nosotros, aunque les recomendamos a los que puedan que elaboren la uva".
Luis Buenaventura, de la sanmartiniana Antonio González, coincide en que la asignación es insuficiente, en su caso frente a una oferta que ronda los 19 mil quintales, "porque aún en un mercado nulo y con problemas de sanidad de la uva, en un rato se cubre". Sin embargo, su cálculo muestra el bache del mercado que el Gobierno intenta rellenar.
"La cuenta es fácil: lo que necesito para un litro de vino determina el precio de la uva. Si vendo un blanco escurrido a $ 2,20, la uva no se puede pagar más de $ 1,50. Quizá sea distinto en setiembre, cuando el vino sale a la venta; el productor sabe que es así".
Por su parte, Gallardo admite que "no vamos a comprar toda la uva, porque no somos Giol. Lo que se quiere es quebrar tendencias". Y destaca una mejora en la condición de pago, "ya que en 10 días desde la factura el productor ya puede cobrar" .
Mientras el propósito es superar el volumen captado para el operativo de mosto 2013 (240 mil quintales de unos 650 productores), en el día a día la vendimia se debate entre la botrytis y la falta de madurez, una característica que incide en el precio. Así las cosas, a falta de un par de semanas para terminar con la uva que va a mosto, pocos llegan a la relación de $ 2,20 por kilo con 225 gramos de azúcar. El precio difícilmente supera $ 2,10 con algo menos de 200 gramos, un problema que constató el último ajuste de cosecha del viernes 21. Y que, pese a previsiones que señalaban que las pérdidas por efecto de la botrytis llegaría al 35%, el INV ratificó en los mismos números de febrero.
Cosecha y acarreo: un 10% de los solicitantes no acceden
La política vitivinícola transita desde la intervención directa a la asistencia financiera condicionada, como con los créditos de cosecha y acarreo.
Aunque es una herramienta cuestionada por productores que no pueden acceder, según el subdirector del Fondo para la Transformación, Pablo Olaiz, de 1.000 solicitudes presentadas sólo un 10% está restringido por deudas que llegan cerca de los $ 2 millones.
"En cantidad y en montos superan a los créditos pedidos en 2013", puntualizó Olaiz, al comparar el promedio actual de $ 80 mil con los $ 65 mil del año pasado. Respecto a las exigencias (Certificado de Cumplimiento Fiscal, que obliga a estar al día con impuestos provinciales y créditos anteriores), el directivo advirtió que "no es un capricho del Fondo, sino una obligación del Código Fiscal para muchos sin un plan de pago vigente, aunque se analizan excepciones cuando se trata de la actividad como único medio de vida".
