Si hay algo que ha quedado claro en estas dos semanas posteriores a la victoria electoral del oficialismo, es que el presidente, Mauricio Macri, se decidió a utilizar con firmeza el poder que le renovaron e incrementaron las urnas. Así lo entienden sus funcionarios, lo advirtieron los jueces, se anoticiaron los representantes del capital y el trabajo, lo padece la oposición política y lo sigue con atención una sociedad democráticamente controlante.
Queda por descubrir si los caminos elegidos para direccionar ese poder serán los indicados para alcanzar alguna vez los pretenciosos objetivos de reducir la pobreza, generar empleo, establecer equidad social, mejorar la calidad de vida y potenciar el crecimiento del país.
Ésa, la de la elección de los caminos, es la decisión más compleja que tiene por delante el Gobierno, enfrascado como está en producir transformaciones profundas y en medio de una sucesión de acontecimientos que adquiere cada día un ritmo más vertiginoso.
El plan de reformas que anunció el jefe de Estado el lunes pasado disparó un debate que, como todos los debates, puede ser abordado desde lo práctico o desde lo ideológico. La necesaria búsqueda de acuerdos transitará entre esas dos variantes bajo el imperio del diálogo, una herramienta que estaba casi olvidada entre los distintos sectores.
Las propuestas oficiales en materia tributaria, previsional y laboral han puesto en discusión cuestiones sensibles para todos y hasta en el Gobierno se admite que las posturas oficiales que se han conocido son “de máxima”, para luego poder hacerlas más flexibles en la búsqueda de consensos. Dentro de esa flexibilidad, hay funcionarios que tienen opiniones diferentes y hasta se han generado discusiones fuertes entre ellos. Desde que el ministro Nicolás Dujovne informó con más detalles lo que pretende su área en materia impositiva, el clima entre Hacienda, Finanzas y el Banco Central, se ha visto enrarecido.
Las resistencias
Tampoco la pasó bien en la semana el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Fue notificado que desde el campo laboral y por fuera de la CGT, los cambios que se pretenden en la legislación serán resistidos con energía. Lo que no pueden decir los triunviros de la central obrera es que desconocían los proyectos. Triaca y hasta el propio Presidente invirtieron largas horas y varias comidas discutiendo con esos dirigentes y acordando que, sin algunas reformas, la creación de empleo en el sector privado se verá limitada.
Sucede que estos sindicalistas no pueden admitirlo de manera pública porque piensan que sus representados se sentirían traicionados. Se quedan entonces a mitad de camino, retacean su apoyo pero tampoco resisten. Talleyrand, aquel brillante consejero de Napoleón Bonaparte, decía que “la palabra se ha dado al hombre para que pueda encubrir su pensamiento”. Nadie ignora que eso se hace tanto en el oficialismo como en la oposición.
Lanzado el debate sobre estas cuestiones de fondo del país, una pregunta atraviesa a todos: ¿Será capaz Macri de administrar con solvencia el poder que hoy acumula? Sabe, de entrada, que las estructuras tradicionales jugarán a su desgaste.
El otro foco de la semana, más impactante por su amplia difusión mediática, se posó sobre la Justicia. A la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, se le sumó la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, alentada por el Gobierno desde que asumió en diciembre de 2015. Dos símbolos inequívocos de lo que fue el poder kirchnerista y también dos muestras de la descomposición política de ese sector.
No hubo para ellos ni la más mínima solidaridad, ni siquiera en agradecimiento a los servicios que prestaron a la causa. De Vido tuvo que decírselo por una carta pública a Cristina Fernández y ella ni se inmutó.
Sus señorías
La interna kirchnerista volvió a estremecerse el viernes, cuando el ex vicepresidente Amado Boudou también fue preso, engrosando lo que es ya una larga lista de nombres involucrados en la corrupción. “Nos estamos pareciendo a Brasil”, repetía hace unas horas un legislador peronista que hace mucho tiempo tomó distancia de Cristina. Se refería a la cantidad de ex funcionarios que están durmiendo tras las rejas.
Aunque sin tanta significación política por su escasa relevancia como dirigente, el caso de Boudou era uno de los más instalados en la opinión pública. Sintetizaba la sospecha de una necesaria intervención de Néstor Kirchner en la compra de la imprenta Ciccone y a la vez el error de Cristina de nombrarlo como su vicepresidente, pese a la incomodidad del peronismo que por entonces la acompañaba. El atraso de la Justicia en tramitar la causa también se convirtió en motivo de descreimiento.
Pero claro, ya se ha dicho que los jueces evalúan el contexto político antes de tomar sus decisiones procesales y los votos del 22 de octubre también expresaron un reclamo de mayor agilidad para juzgar a la corrupción. Fue interesante, el jueves, el amable contrapunto que tuvieron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Mientras el primero pidió que el ajuste y las reformas llegaran también a Tribunales, el segundo recordó que el 30 por ciento de los juzgados del país están vacantes. Así, no hay cambio posible.
Como se ve, el desafío está lanzado en todos los frentes y encuentra a Macri en su momento de mayor poder. La oposición, en cambio, atraviesa una crisis de representación que disminuye su capacidad negociadora. De esa relación de fuerzas dependen ahora las esperanzas depositadas en las urnas.
