El exitoso levantamiento del cepo cambiario y la estabilidad inicial del dólar fue un más que auspicioso inicio para la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Resta, sin embargo, la tarea más difícil: crear las condiciones para que la relativa tranquilidad cambiaria, levemente alterada ayer, sea el inicio de una etapa de estabilidad macroeconómica en la que se derrote a la inflación sin sacrificar -al menos no de manera prolongada- actividad económica y empleo genuino.
Un número ayuda a mensurar el desafío: los 350.000 millones de pesos de déficit fiscal de 2015, parte inmediata del legado envenenado del kirchnerismo. Cerrar por completo esa brecha es política y económicamente imposible, amén de indeseable, por la magnitud del shock social que significaría. Se impone, en cambio, una reducción visible y sostenida de ese desequilibrio y financiar una parte del rojo que resta con crédito (interno y externo) en vez de seguir saqueando al Banco Central y al sistema previsional y envileciendo la moneda con emisión inflacionaria.
Ese capítulo es aún desconocido. Peor aún: las primeras e inevitables medidas tienden a ahondar el problema que se debe resolver. La rebaja de las retenciones y otros impuestos y el refuerzo de fin de año para los receptores de asignaciones sociales, por mencionar las más visibles, aumentan, a igual nivel de gasto, la magnitud del déficit.
La angustia fiscal de varias provincias y la imprescindible ayuda federal para regiones y localidades inundadas son otra carga que, de momento, tiende a elevar, más que a reducir, el agujero fiscal. La quiebra de Santa Cruz, reconocida por su gobernadora, Alicia Kirchner, y el muerto de casi 50.000 millones de pesos que dejó Daniel Scioli en Buenos Aires son los ejemplos más conspicuos.
Por ahora, el Gobierno está concentrado en mostrar firmeza administrativa en las áreas donde, a priori, detecta mayor consenso social. Así, por caso, la remoción de miles y miles de “ñoquis” del Senado o de funcionarios encumbrados en el escalafón por la lapicera arbitraria del multiprocesado ex vicepresidente Amado Boudou, difícilmente genere lágrimas fuera del ámbito de los directamente afectados o del camporismo más cerril. Pero son muestras políticas más que acciones de efecto fiscal de fondo.
Para empezar a incidir en serio, la clave es la reducción del esquema de subsidios a los servicios públicos con que el kirchnerismo convirtió a millones de argentinos en clientes voluntarios o involuntarios del Estado. De vuelta, cifras: de los 350.000 millones de déficit de 2015, unos 220.000 millones correspondieron a subsidios. Y 170.000 millones, aproximadamente, fueron subsidios a la energía.
Esa política, ya lo dijimos aquí, fue mala por donde se la mire: destruyó la inversión en esos servicios, generó irracionalidad de consumo, notables asimetrías geográficas (un usuario del transporte público porteño, por caso, recibió por kilómetro recorrido hasta once veces más subsidio que uno de Santa Fe, Córdoba o Mendoza), agresión al ambiente, (dilapidar hidrocarburos es la forma más eficaz de menefreguismo ambiental), déficit energético, deterioro de la calidad de los servicios y, de yapa, injusticia distributiva.
Entre las víctimas de tanto despropósito deben contarse los 52 muertos de la masacre de Once. Entre los costos cualitativos, que el promedio de corte anual del servicio eléctrico por usuario haya aumentado 450% en diez años. Y entre los dislates asignativos, que el 10% más rico de la población haya recibido 50 % más de subsidios que el 10% más pobre, como precisó un reciente estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto Público.
Mezclada con el Jauja fiscal, esa política hizo, por ejemplo, que la Argentina se transformara en un deudor moroso de Bolivia, uno de nuestros proveedores de gas, al que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le pidió recientemente disculpas públicas por los más de 300 millones de dólares en deudas impagas, que achicó en cuotas de 25 millones. Este martes 5, víspera de Reyes, Guillermo Achá, titular de YPFB, la petrolera estatal boliviana, visitaba Enarsa, la estatal de energía argentina creada por Guillermo Moreno que en más de diez años no perforó un solo pozo petrolero, para acordar el programa de provisiones de 2016.
Mientras supervisa los cortes de energía del verano, Aranguren diseña el nuevo programa de tarifas energéticas, por el cual se mantendrían subsidios y una “tarifa social” a los sectores más pobres, pero la factura promedio sobre el resto tendrá aumentos que, se espera, oscilarán entre el 200 y el 400 por ciento. Imposible que no duela, aunque el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, intente relativizar el valor del futuro aumento en una factura promedio comparándola con el precio de un par de pizzas.
Además de aportar la parte del león del recorte de subsidios con el que debería empezar a cerrarse la brecha fiscal, el sector energético es también una ventana a las efectividades conducentes del kirchnerismo y a futuras batallas políticas.
La catarata de tuits con que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) reaccionó ante la versión de que Macri considera paralizar las “represas patagónicas” Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, dos obras monumentales, valuadas ya en 43.000 millones de pesos, que la ex presidenta abrochó antes de dejar la Casa Rosada, con crédito y participación china y, como socio argentino, la cordobesa Electroingeniería, del kirchnerista Gerardo Ferreyra, lo puso en evidencia.
Las peripecias de Lázaro Báez, emblema del “empresario” K, cuya principal firma orilla hoy la quiebra, muestran hasta qué punto el dinero y el poder estatal eran imprescindibles para la viabilidad económica del proyecto político kirchnerista, que ahora consiste en ahogar al nuevo gobierno y hacer posible el regreso de Cristina.
En sus tuits, CFK invocó como principal autoridad técnica en defensa de las represas a Federico Bernal, coautor, con Julio De Vido, de una reciente apología titulada “Néstor y Cristina Kirchner”. Presuroso, Gerardo Ferreyra, salió en auxilio de la ex presidenta. Palabras desinteresadas.
Si el gobierno de Macri logra acordar con China que en vez de esas costosísimas represas -uno de cuyos efectos sería anegar centenares de miles de hectáreas de tierras adquiridas a precios de ganga por Báez, que se haría acreedor así de millonarias compensaciones fiscales- se realicen obras más acordes al interés general del país, habrá dado un duro golpe a la “infraestructura” K, vital para el sostén financiero del “Relato” desde el llano.
Entonces sí, se impondría naturalmente la agenda positiva, la de un país en busca de un desarrollo posible.
