Ahora Aníbal F: podría ir preso por el Plan Qunita

La fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al ex Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández por presunta "insolvencia fraudulenta" en una causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra, dijeron fuentes judiciales.

Las fuentes precisaron que, en su denuncia, la titular de la Fiscalía General número 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal endilgó al ex jefe de Gabinete el presunto delito de "insolvencia fraudulenta" a raíz de esas operaciones, lo que complicaría la situación del ex funcionario en esta causa, en la que está procesado sin prisión preventiva y enviado a juicio oral.

Se trata de dos automóviles -un Toyota valuado en 450 mil pesos y un BMW de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del ex funcionario y que habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes".

Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada con la asistencia de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró que la situación no era la señalada.

De hecho, merced a ese trabajo, se pudo determinar que los imputados poseen un total de 60 inmuebles, algunos de ellos con titularidad parcial; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares; 27 cajas de ahorro en pesos; 6 cuentas corrientes; y créditos con distintas entidades, consignaron las fuentes.

En lo que respecta a Fernández, las fuentes señalaron que la denuncia por presunta "insolvencia fraudulenta" se debe a que, en el marco de una inhibición de bienes, "no puede procederse a la venta de ningún bien registrable".

"Ningún dinero puede entrar o salir del patrimonio en ese contexto", resaltaron las fuentes, quienes indicaron además que la investigación patrimonial realizada sobre el ex jefe de Gabinete determinó también que el ex funcionario "falseó primero información cuando fue inhibido en la causa y declaró no poseer bienes".

En el marco de este expediente se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación -por más de 1.000 millones de pesos- a seis empresas sin antecedentes en el rubro.

El kit constaba de una cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábanas, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador.

También se proveía a las beneficiarias dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados.

La denuncia que dio origen a este expediente había sido presentada, sobre el final de la gestión de gobierno de Cristina Kirchner, por la entonces legisladora porteña Graciela Ocaña, que se basó en el cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos de madres beneficiarias de planes sociales.

De acuerdo a la acusación, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría "direccionado" la licitación para que resulten ganadoras seis empresas con experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

En ese marco, se determinó que en algunos casos compraron lo necesario para el kit antes de ganar la licitación y que todos acudieron a un mismo proveedor el mismo día para hacerse de uno de los elementos, además de actuar de manera coordinada al presentar sus ofertas.

En tanto, fuentes con acceso a la causa, informaron que la investigación patrimonial determinó también que otro de los imputados en el expediente por el Plan Qunita, el empresario Gustavo Cilia, "habría enajenado siete vehículos con fecha 11 de marzo de 2016 por un valor total que superaría el millón de pesos y un inmueble en el curso de este año, sin perjuicio de encontrarse inhibido".

La causa por el Plan Qunita fue instruida por el juez federal Claudio Bonadio, quien la envió a juicio oral en noviembre del año pasado.

En tanto, en octubre, la Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento que en el marco de este expediente había sido dictado en relación al gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, y ordenó que se siga la investigación, luego de considerar "arbitrario y prematuro" haber descartado una responsabilidad penal de su parte en el marco de estas contrataciones.

Además de Aníbal Fernández y otros imputados, en el marco de esta causa también fue enviado a juicio oral el ex ministro de Salud Daniel Gollán.