Las nuevas tecnologías de comunicación han impactado en el ámbito de las relaciones humana.
La preferencia de su uso ha generado nuevos entornos de sociabilización y complejas cuestiones en torno a conductas disvaliosas que lastiman a personas o vulneran derechos.
Algunos desafíos pueden resultar sencillos, como el robo o el fraude. Otros no tanto, como los que involucran la intimidad y privacidad. Comparto un caso. Una madre descubre que su hijo menor de edad mantiene por Facebook una conversación con una mujer, presuntamente su profesora de inglés. En la charla el menor le cuenta que soñó con ella, pero que no le va a contar qué soñó porque teme la desaprobación. La profe le suelta que si acaso lo que realmente teme es que ella se… “caliente”. La madre se alarma. ¿Qué hacer?
Habrá que investigar si no existe suplantación de identidad digital por parte de un tercero, sea un pederasta o un compañero que sabiendo del metejón decide embromarlo. Luego comprobar que efectivamente sea la teacher la que por algún trastorno, malicia o estupidez pretende seducir al menor, para abusar de él, para conseguir imágenes que vender en redes de pederastas. Evaluar si en función del contenido del diálogo se esta frente a alguna conducta tipificada como abuso sexual, corrupción de menores o pornografía infantil.
El hecho, además, debe ser denunciado a la institución escolar, a fin de que efectúe la investigación y determine si corresponde o no aplicar sanción, rogando que exista algún protocolo por parte de la DGE en donde se haya previsto este tipo de situaciones. He aquí la complejidad apuntada. Este caso no parece configurar ningún delito, cayendo en ese agujero negro que la deficiente ley de delitos informáticos ha dejado en torno a conductas criminógenas relacionadas con la inmadurez, indemnidad y libertad sexual de menores.
Prevenir desde la familia y la escuela. Concientizar a niños y adolescentes. Y esperar que algún día el parloteo parlamentario mute en debates fértiles en leyes útiles al ciudadano común.
