Pese a que las multas se han endurecido, el derroche de agua potable no afloja. Por eso, generalizar la instalación de medidores toma fuerza otra vez en Mendoza, donde ya funcionan 30.000 conexiones así y se proyecta sumar otras 180 mil según un plan de Aysam que ya tiene visto bueno de la Nación para financiarlo.
Pero no es el único tema. En la próxima audiencia pública para discutir un ajuste tarifario también se tratará un nuevo esquema para la tarifa social, hoy del 50%, y que podría ir al 30% o desaparecer.
Actualmente, el 8% de los usuarios mendocinos paga por lo que realmente consumen, según el padrón de Aysam. Por lo pronto, la construcción de nuevos barrios conlleva la obligación de que tengan medidor las conexiones a las viviendas, y su uso masivo se sumó al temario de la audiencia del 8 de febrero.
Ahora bien, el proyecto de Recuperación de Agua no Contabilizada, con un presupuesto de u$s 122 millones, va más allá de la micromedición.
“Queremos reducir las pérdidas, estimadas en 50% de lo que ingresa al sistema, y la clandestinidad. Por eso también se incluye la macromedición de plantas y pozos, la segmentación de cuencas y la telemedición. Es el primer proyecto de su tipo en Argentina, con un abordaje integral del problema”, detalló el titular de Aysam, Richard Battagión.
El cálculo es claro: de cada 6,7 m3 que ingresan al sistema, casi 3 no se facturan. Por eso, según Battagión, “con el nuevo sistema recuperaríamos 1,5 m3; equivale a casi una planta nueva”.
Entre las preexistentes y las 180 mil nuevas, en Guaymallén, Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Luján, el universo medido llegará a 240 mil cuentas.
“Vamos a lograr un ahorro operativo impresionante, además de mejorar el balance hídrico tras 8 años de crisis”, remarcó el funcionario.
Por su parte, Mario Draque, titular del Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), anticipó que “si bien ya es una exigencia para nuevas construcciones, que se vuelva masivo depende de bajar los costos. Vamos a encarar un estudio con universidades que nos permita precisar los medios”.
Instalar un medidor cuesta unos $ 3.000, y no está al alcance de todos los bolsillos.
“Habilitar 180 mil conexiones permitirá abaratarlo y que más usuarios accedan”, acotó Battagión, que tras presentar los pliegos del proyecto logró un guiño inicial del subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa.
Reducir la tarifa social
Todo surgió de una reunión entre la ministra de Salud y Desarrollo Social, Elizabeth Crescitelli; el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, el propio Draque y el titular de Aysam. El objetivo: elaborar un informe que derive en una “solución definitiva de los subsidios” para una tarifa social “calibrada”.
El parámetro será el de ingresos familiares equivalentes a 2 SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) y nivel de consumo, para lo cual el Epas ya depura el padrón en base a la experiencia del Epre. Hoy los beneficiarios asumen un 50% de la tarifa plena, y la propuesta es llevar el beneficio al 30% o al 0, si se justifica en la situación económica.
Así lo confirmó Roberto Caccavari, responsable del área Financiera del Epas, para quien “es clave la identidad del usuario beneficiado. Para eso ya estamos cruzando bases de datos”.
