Organizaciones de la sociedad civil a favor del protocolo de aplicación del aborto no punible presentaron ayer en la Legislatura un pedido de audiencia con el vicegobernador Carlos Ciurca y los presidentes de bloques de Senadores para motorizar su pronto tratamiento en el recinto. El motivo de la acción es pedir explicaciones respecto de por qué hay tantas marchas y contramarchas al respecto.
Es que la semana pasada los presidentes de los bloques del PJ y la UCR habían acordado tratarlo hoy sobre tablas, sin despacho de comisión, pero el jueves se dejó sin efecto esta decisión a pedido del sector oficialista. Desde el punto de vista de las agrupaciones se trata de un artilugio dilatorio para dejar en suspenso el tratamiento.
Veinte organizaciones hicieron la convocatoria, entre ellas Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Colectiva feminista Las Juanas y las Otras, académicos como la vicedecana de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Azucena Reyes, y representantes sindicales como Raquel Blas de ATE.
Este proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, contempla la cobertura sanitaria y la no judicialización de abortos en caso de violación o mujeres cuya salud corra riesgos, indistintamente de sus capacidades mentales, estipulado en el artículo 86 del Código Penal.
Argumentos
El planteo de las organizaciones es que el Estado no se está haciendo cargo de lo que es su obligación ya establecida a través de una ley que está vigente desde hace 90 años y que fue recientemente avalada por la Corte Suprema de Justicia.
En la nota presentada, a la cual se fueron sumando adhesiones, se deja en claro que "su aplicación es una obligación y no una opción" ya que la norma rige en la Argentina desde 1921 y es el Estado el que debe garantizar este derecho.
"Obstaculizar el acceso al protocolo de aborto no punible afecta con mayor profundidad a las mujeres y niñas pertenecientes a sectores populares, las pobres, las que acceden a la salud en el subsistema público y las que ven disminuidas sus posibilidades de acceso a la justicia", manifiesta el escrito.
"El ministerio de Salud está obstaculizando su aplicación porque no difunde este conocimiento en los centros de salud y hospitales", explicó una de las voceras, la doctora e investigadora Claudia Anzorena, quien sostuvo que ante la falta de herramientas, los médicos para protegerse judicializan los casos cuando esto no debería ser así, con el protocolo aprobado se sentirían avalados.
Desde su punto de vista, "el Poder Ejecutivo ha derivado en el Legislativo una situación de la cual no se está haciendo cargo".
En la misma línea, Leandro Ferrón, del colectivo Varones Antipatriarcales e investigador del Conicet consideró que "el gobernador y los funcionarios ponen trabas por cuestiones ideológicas (...) se trata de una política de bloqueo a los derechos sexuales y reproductivos, por lo cual Mendoza ha tenido un gran retroceso en esta temática los últimos años".
La vicedecana de la FCPyS, Azucena Reyes aportó el detalle de un estudio que realizó hace dos años la Universidad Nacional de Cuyo con otras entidades y que arrojó como resultado que 70 por ciento de la población está de acuerdo.
En referencia a la exigencia de una denuncia para detectar casos fabricados, la abogada Mariana Hellin, de la Alianza de Abogados y Derechos Humanos explicó que "su exigencia es ilegal porque el Código Penal no lo contempla (...) es un mecanismo extorsivo del Estado, si denunciás hay cobertura".
Otras voces
En la vereda de enfrente, la agrupación Frente Joven, que se ha destacado en su lucha en contra del proyecto se sumó a este nuevo capítulo del controvertido asunto. Destacan la necesidad de permanecer activos dado que en ningún momento se ha dicho que no se concretará el tratamiento. "Nosotros pretendemos que a los senadores se les dé todo el tiempo necesario para analizar este tema que no es menor, está en juego uno de los derechos fundamentales, el del niño por nacer y también el de las mujeres, por las consecuencias que el aborto puede tener en ellas", señaló Marcos Rosso, coordinador de Acción Política.
Por eso es que apuntan a que el Senado trate el proyecto de ley Nº 62.903 de Asistencia y Compensación a las Víctimas, que consideran una instancia superadora.
La comisión de Salud de la Cámara alta es la que tiene en su poder el proyecto para emitir dictamen, para lo cual han pasado por ella alrededor de 60 invitados que dieron su opinión y fundamentos. Ya habían adelantado que están mayoritariamente en contra.
Su presidente, el senador Ernesto Corvalán del PD, dijo que "si quieren inmediatez que se lo reclamen al gobernador que con una simple resolución lo pone en marcha". Consideró "increíble" la indefinición del gobierno que "nos tiró la pelota". El legislador anticipó que ya tienen el consenso para el despacho, pero se dará a conocer el lunes ya que primero se reunirán con el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo que hasta ahora no se ha acercado a la Legislatura para dar su punto de vista. "Lo que queremos saber desde la comisión es si habrá garantías para la implementación en caso de aprobarse", dijo.
Adelantó que luego de presentarse, quizá el miércoles pueda estar en la otra comisión a la que le corresponde, la de Legislación y Asuntos Constitucionales, a cargo de Leonardo Giacomelli (PJ). Este último no está al tanto aún del petitorio presentado pero destacó que "es importante escuchar todas las opiniones y no tenemos ánimo de dilatar, sino de permitir que se participe del debate". Para el senador, se está dentro de los plazos habituales del tratamiento legislativo.
