Cambiemos perdió ayer una votación clave en Diputados: el kirchnerismo, el massismo y el Bloque Justicialista (que representa a los gobernadores del PJ) votaron en contra de un artículo clave del proyecto de ley que castiga a las empresas corruptas, mediante el cual el gobierno de Mauricio Macri pretendía quitarle a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el manejo de los acuerdos judiciales con compañías investigadas que aporten información (delación).
Por ejemplo, la constructora brasileña Odebrecht, por coimas a funcionarios para la realización de obras públicas en nuestro país.
El artículo en cuestión, el 37, se debatió durante tres de las cinco horas en que se trató el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que ya había sido aprobado en general la semana pasada, tras lo cual se había pasado a un cuarto intermedio para ayer con el fin de votar en particular.
El artículo 37 del dictamen del oficialismo establecía: “Las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (...) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. En estos supuestos, intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes y en las jurisdicciones locales”.
Así redactado, el artículo dejaba de lado a la kirchnerista Gils Carbó del manejo de estos acuerdos con empresas que aportasen información relacionada con casos de fraude al Estado.
Objeciones
Toda la oposición cuestionó la constitucionalidad de la propuesta oficialista, debido a que sacaba estos posibles acuerdos del ámbito penal para dejarlos en manos del Gobierno (Procuración del Tesoro), cuyos funcionarios también podrían tener intereses o estar involucrados en causas de corrupción con empresas.
Tomando en cuenta el rechazo generalizado, el oficialismo, por iniciativa del radical mendocino Luis Petri, propuso una modificación al artículo 37 para agregar que “desde el inicio de la negociación del acuerdo deberá participar un representante del Ministerio Público (Gils Carbó) y de la Auditoría General de la Nación (AGN)”.
Pero el kirchnerismo, el massismo y los justicialistas igualmente rechazaron el artículo 37 remozado. El resultado quedó en 86 votos afirmativos y 132 negativos.
Cruces
“Pido que se publiquen los votos positivos y negativos para saber quiénes votaron en contra de recuperar lo robado”, dijo la diputada oficialista Elisa Carrió durante la sesión. Sin embargo, dentro de Cambiemos también había rechazos al artículo 37, tal cual se lo proponía inicialmente en el dictamen.
El diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez fue uno de los más acérrimos defensores de la propuesta de Cambiemos: afirmó que “parte de la política no quiere activar los mecanismos necesarios para salir de la impunidad e ir contra las empresas y funcionarios” y agregó: “¿Saben por qué no quieren que (los directivos de Odebrecht) confiesen en la Argentina? Porque les pagaron a ex funcionarios públicos que están libres”.
“La Justicia (Gils Carbó) no se mueve y parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo porque hay que ver cuando se vote el desafuero”, dijo Sánchez, en relación con su colega Julio de Vido, exministro de Néstor y Cristina Kirchner, involucrado en casos de corrupción.
Pero tras las declaraciones de Sánchez, el salteño Javier David, que integra el Bloque Justicialista y responde al gobernador Juan Manuel Urtubey, afirmó que “este artículo está lejos de ser transparente. Cuando uno piensa que Avianca, Correo Argentino, el soterramiento del tren Sarmiento o Panamá Papers pueden ser resueltos en un acuerdo administrativo en el Poder Ejecutivo, que ya carga con denuncias, se nos hace imposible aprobarlo. Queremos que se resuelvan los casos de corrupción anterior, pero los actuales también”, aseveró.
La diputada Graciela Camaño, mano derecha del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también sostuvo que el artículo 37 “es inconstitucional. No va a ser Gobierno para toda la vida y estamos haciendo una norma que en un artículo se presenta sumamente peligroso por las atribuciones que le estamos dando al Poder Ejecutivo. Y el interbloque Cambiemos lo sabe”, dijo.
Camaño indicó que el artículo 37 “no es posible en un régimen republicano y de división de poderes”.
El jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, también se declaró en contra del artículo 37 por entender que “resulta inconstitucional darle facultades” de intervención en acuerdos judiciales por causas penales “al Poder Ejecutivo (la Procuración del Tesoro)”, aseveró el presidente del bloque FpV-PJ.
Seguridad: limitan las salidas transitorias
La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de ejecución de la pena que rige las excarcelaciones para obligar a los autores de delitos graves a cumplir condenas completas, sin salidas anticipadas o transitorias.
Con la presencia en el recinto de familiares de víctimas de delitos violentos, la Cámara baja ratificó las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa, que reforma la Ley 24.660 y dispuso que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas transitorias o la libertad condicional. La propuesta fue sancionada con 170 votos positivos, ocho negativos y siete abstenciones.
DyN
