Se tendería a creer que si hay una unidad de atención sanitaria lejos de los centros urbanos o en la periferia de las ciudades, debería ser bien recibida por los pobladores de esos lugares. Lamentablemente no siempre es así y en muchas ocasiones son atacados, robado su instrumental o maltratado el personal médico o de enfermería. No es un comportamiento generalizado, pero ocurre.
Diversas crónicas en medios de difusión, dan cuenta de esta lamentable realidad, que también ha sido puesta en el tapete por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). La institución gremial empresaria planteó vandalismos en hospitales como el Teodoro Schestakow, de San Rafael; Humberto Notti, en Guaymallén, o el Lagomaggiore.
Por un lado es la rotura sin razón o el robo de elementos médicos lo que preocupa, y por el otro, las agresiones que sufren médicos y auxiliares.
Esto ha sido reconocido, aunque en el marco del anonimato (por el temor a represalias), por personal afectado y también ocurre a los equipos de atención del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).
Los problemas tienden a repetirse en áreas consideradas "zona roja", como el oeste de Godoy Cruz y la ciudad capital, en el Este de Guaymallén, en el norte de Las Heras y en otros puntos. Inclusive en algunos hospitales del Gran Mendoza desaparecieron cámaras de seguridad, lo que agrava aún más la problemática y la posible detección de los responsables.
En el Gobierno se reconocen dificultades pero se aduce que fue reforzada la dotación de policías y seguridad privada en los efectores que sufren problemas de sustracciones, roturas o agresiones. En suma, estos episodios no son negados pero la autoridad asistencial sostiene que se trabaja en el cometido de brindar mejores servicios y con más seguridad.
Para dirimir las posiciones y comprobar dónde está el justo medio entre la denuncia y la respuesta oficial sería oportuno que las partes se juntarán, como lo viene proponiendo la conducción de Ampros. No se debería esperar a que las respuestas violentas de ciertos marginales se concreten, toda vez que hubo casos en que profesionales y trabajadores de centros sanitarios han sido amenazados con armas de fuego o cuchillo y, en algún caso, hasta han sido golpeados.
Si bien existe un esfuerzo en el aumento de la seguridad para diversos centros de salud habría que pensar en incrementar ese servicio e incluir patrullajes más seguidos en las zonas aledañas. Es obligación del Estado insistir en todas las posibilidades que estén a su alcance para que estas agresiones y amenazas no se conviertan en una rutina.
Asimismo deben corregirse las falencias del sistema sanitario: largas esperas, falta de instrumental médico u otros recursos (una ambulancia, por ejemplo), guardias atestadas, falta de espacio para contener a los allegados de un familiar enfermo o noticias que en determinados casos no se comunican adecuadamente.
