La Provincia tiene un banco con el que hace sus operaciones financieras, el Banco de la Nación Argentina. El contrato que une al Estado mendocino con esa entidad crediticia terminó el 22 de diciembre pasado y actualmente se atraviesa una prórroga de un año.
La negociación para un nuevo contrato ya empezó y el gobierno de Alfredo Cornejo quiere mejorar las condiciones; en principio quiere refinanciar una deuda contraída por Francisco Pérez el año pasado por 2.200 millones de pesos que hay que empezar a pagar a fin de mes. Además, el Gobierno espera incluir créditos blandos para la actividad productiva de Mendoza.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, dice que “en caso de volver a firmar por cinco años con el Banco Nación, a montos de hoy, pasarían por las cuentas de la entidad unos 300 mil millones de pesos”, es decir cinco presupuestos provinciales. Como se dice desde hace tiempo, ese monto convierte a Mendoza en el principal cliente del Nación y nos haría merecedores de algunas prerrogativas, al menos es lo que esgrime Kerchner.
El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, cuenta que la semana pasada hubo intercambio de papeles respecto de las nuevas condiciones que deberían estar incluidas en el futuro contrato que firmen la Provincia y el Banco. “Si bien estamos avanzando en algunas líneas con el Nación, aparte de la que ya tenemos para la fruta, estamos proponiendo cláusulas genéricas que deben estar plasmadas en el contrato”, dice Vaquié.
Los funcionarios mendocinos ponen la mira en los créditos a productores de pera y manzana de Rio Negro y Neuquén. En enero pasado, el Nación anunció con bombos y platillos el destino de 800 millones de pesos para inversiones fijas, inversión en capital de trabajo y gastos de cosecha y acarreo.
En Mendoza ya hay algo funcionando, lo que Vaquié menciona para los productores de fruta. Se trata de una conjunción de crédito blando del banco, más subsidios nacionales y una ayuda del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que colabora cubriendo parte del subsidio de la tasa, que ronda el 17% para los tomadores locales.
La intención del Gobierno es que este tipo de líneas queden plasmadas en el contrato a firmar con el futuro agente financiero de la provincia.
Pero el apuro es otro. El contrato vencía el 22 de diciembre pasado, la prórroga vence el próximo 22 de diciembre, pero la voluntad de volver a firmar por cinco años debe quedar explicitada el 22 de octubre que viene.
El problema es que hay otro plazo que desvela: a fin de mes hay que empezar a pagar una deuda con el Nación.
Se trata de los tan mentados 2.200 millones de pesos que ensombrecían el fin de 2015 a Pérez y Cornejo, porque había que cancelar al contado el 30 de diciembre y no había con qué pagarlos. Durante toda la transición del gobierno de Pérez al de Cornejo se habló de esta deuda, incluso una parte, unos 800 millones de pesos, estuvieron involucrados en una polémica por la supuesta falta de norma legal para ser entregada.
El viernes 20 de noviembre de 2015, en la última reunión del directorio del banco con los miembros puestos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (entre los que se contaba la actual senadora Patricia Fadel), se otorgó una refinanciación que se extendía hasta marzo de 2017.
Mendoza debe pagar nueve cuotas de aproximadamente 300 millones de pesos, con una tasa Badlar más cuatrocientos puntos básicos, es decir que se sumarían unos 500 millones de pesos en intereses.
Esas cuotas son las que se empiezan a pagar en pocos días y es lo que adelanta la discusión por el contrato. Ahora, con otro directorio, el gobierno de Cornejo aspira a meter todo lo que asfixia en la bolsa de la negociación por el nuevo acuerdo que transforme al Nación en el agente financiero de la Provincia hasta 2021.
El préstamo que rompió la relación de Pérez
El 27 de setiembre de 2015, Los Andes contaba la historia del expediente 1087-D-2015-01027, por el que se tramitaba un crédito del Banco Nación por $ 800 millones para pagar los sueldos de agosto. La plata había ingresado a las arcas públicas el 28 de agosto, pero el trámite administrativo aún no existía.
Después el gobernador Francisco Pérez distribuía el decreto 1.545 del 16 de setiembre de 2015, con el que se avalaba el trámite. Pero el expediente no habría tenido dictamen de Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno.
En aquellos días se decía que ese trámite irregular habría resquebrajado la relación del ex gobernador con las autoridades del Banco Nación. Esos 800 millones fueron los últimos que ingresaron en la gestión Pérez y para pagar suelos se apeló a adelantos de coparticipación.
