La Provincia de Mendoza firmó, en 2007, el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, en el cual se abordaron las acciones destinadas a paliar las consecuencias de la siniestralidad vial.
Las estadísticas indicaban que alrededor de 6.000 personas morían anualmente y que además de ser luctuosos implican enormes costos económicos estatales (1-2% del PBI).
Se determinó la necesidad de establecer criterios unificados: licencias de conducir únicas y por puntaje en todo el país, registro único con intercambio electrónico de los datos, pautas concretas y homogéneas para los casos de conducción de vehículos en condiciones de intoxicación alcohólica, control eficiente de la observancia de los límites de velocidad y conveniencia de que las funciones de prevención y control del tránsito en el sistema vial nacional sean asignadas a un solo organismo responsable, evitando así criterios operativos dispares.
Es decir, elaborar una política nacional de seguridad vial.
El Congreso de la Nación dictó en el año 2008 la Ley N° 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial, que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Registro Nacional de Licencias de Conducir y el Observatorio de Seguridad Vial, transfirió el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial e introdujo modificaciones a la Ley N° 24.449 de Tránsito.
Mediante ley N° 8.053/09, nuestra Provincia adhirió a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero no a la ley N° 26.363.
La política vial a nivel nacional, desde la sanción de la ley Nº 26.363, ha evidenciado resultados concretos: ya en julio del 2011, el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) informaba que la disminución de hechos graves provocados por inseguridad vial fue del 18% en todo el país, mientras que el índice de mortalidad por esa causa bajó el 16,7% y la morbilidad (lesiones graves) se redujo el 7,3%.
El pasado 10 de junio, Día de la Seguridad Vial en Argentina, el ISEV efectuó una evaluación sobre la evolución de las principales tasas (siniestralidad y mortalidad vial) en los primeros cinco meses de los tres años iniciales del Decenio Mundial de la Seguridad Vial (2011 a 2013), y el resultado general es muy positivo, aunque el problema sigue siendo severo.
Entendemos que Mendoza debe adherir a la ley Nº 26.363, como ya lo han hecho la mayoría de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, situación que permitiría unificar la normativa de tránsito local con la del resto del país, por lo cual en octubre del 2011 presentamos un proyecto de ley en este sentido (expediente Nº 60.247).
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, Mendoza aún no ha adherido.
Esta adhesión depararía beneficios, como la posibilidad de instalar en Mendoza sedes del Observatorio de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, obtener en nuestro territorio la licencia de conducir unificada y por puntos, acceder a recursos de infraestructura, movilidades terrestres y aéreas para reforzar los controles de tránsito.
En Mendoza existen propuestas pero aisladas. En cambio, no existe en nuestra provincia, desde hace décadas, una política de Estado en materia de seguridad vial, siendo uno de los obstáculos principales las estructuras político-administrativas fragmentadas que impiden formular políticas y estrategias de conjunto.
Todos los sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, se plantean acciones como posibles soluciones: campañas de concientización, declaración de la emergencia vial, "conductor designado", controles de fines de semana, concursos, "alcohol cero" y modificaciones a la legislación vigente, entre otras.
Desde que asumí mi banca como diputado he presentado varios proyectos tratando de aportar a la temática, que son los siguientes:
Ley Nº 8.411 que crea el Programa de Prevención Vial para Escuelas, recuperando 300 semáforos escolares en desuso. Su objetivo es contribuir a la disminución de riesgos de accidentes viales en las zonas donde hay edificios escolares.
Implementación del "sistema de preembarque de equipajes y pasajeros" en la Estación Terminal de Ómnibus y un "plan de contingencias" para casos de emergencias (expediente N° 56.388).
Convocatoria al Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial para solucionar la problemática de la congestión de vehículos en el Gran Mendoza (resolución N° 456).
La Jornada sobre Aportes para una Política de Estado en Materia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (resolución N° 629) y la convocatoria a todos los intendentes del Gran Mendoza (resolución Nº 1.090) para fijar las bases de una política conjunta en materia de tránsito, transporte y seguridad vial para el área metropolitana.
Ley Nº 8.498 que crea el Programa de Seguridad Ferroviaria y Tranviaria, que tiene como principal objetivo disminuir los riesgos de accidentes ferroviarios y tranviarios, frente a la muy arraigada idea de que en Mendoza ya no circulan trenes, cuando continúan haciéndolo trenes de carga.
Presentación del proyecto de ley (expediente Nº 62.808), que tiene por objeto establecer restricciones a la circulación de unidades de transporte de pasajeros de gran porte en determinados caminos, circuitos y áreas de Mendoza.
Hacia una política de Estado
Todas las ideas y proyectos que se presentan son acciones importantes, aunque insuficientes si el Estado no fija el marco político institucional.
El principal obstáculo para las mejoras en seguridad vial, como recién dijimos y sobre lo que conviene insistir, son las estructuras político-administrativas fragmentadas que impiden formular políticas y estrategias de conjunto. Es debido a esa razón por la cual he presentado el proyecto de ley para la creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Mendoza (APSVM), que tendrá como objeto formular, evaluar y aplicar políticas y medidas de seguridad vial en nuestro territorio.
En su "Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito", la Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza, 2004) ha planteado la necesidad de identificar un organismo principal en el gobierno para guiar el esfuerzo de seguridad vial, que tenga autoridad y responsabilidad para adoptar decisiones, controlar los recursos y coordinar las actividades de todos los sectores de la administración pública, incluidos los sectores de la salud, el transporte, la educación y la policía".
La creación de este órgano rector en materia de seguridad vial, basado en la construcción de un amplio consenso político y social y en coordinación con los organismos locales, regionales y la Agencia Nacional, será el punto de partida para construir una política de Estado que permita resolver la problemática del tránsito en Mendoza.
