La jueza federal María Servini de Cubría prorrogó por otros cuatro meses la veeduría creada para auditar los manejos económicos entre la AFA y el Estado Nacional, en el marco del programa Fútbol para Todos (FPT).
A 24 horas de una nueva reunión para discutir los términos de la virtual intervención de la FIFA en la AFA, la jueza notificó a las partes involucradas en la causa penal por presuntas irregularidades en FPT sobre el nuevo mandato a los veedores.
La resolución explica que aún resta revisar una gran cantidad de cheques de pago de la AFA a los clubes y tampoco está completada una pericia contable ordenada por la jueza al comienzo de la investigación.
La veeduría, integrada por Alicia López, Horacio Della Rocca y Alberto Piotti, terminaba su mandato ûya prorrogado una vez por seis meses- el 30 de junio pasado, pero ese mismo día la jueza dispuso una nueva extensión.
Más aún, Servini dejó abierta la posibilidad de volver a extender la veeduría: "Lo decidido no predica sobre la eventual necesidad futura de concluir, mantener o profundizar sus funciones, que será merituado en atención a lo actuado e informado por los veedores".
La resolución dispone que "los veedores, sin inmiscuirse de modo alguno en la administración, deberán seguir informando acerca de los ingresos provenientes del Estado Nacional; sobre el destino posterior de los mismos y los principales problemas que a su entender puedan perjudicar a los fines contractuales entre la Secretaría General de Presidencia y AFA".
La veeduría deberá "dar cuenta de todo hecho que pueda influir negativamente y sobre cualquier circunstancia que a su criterio pueda resultar relevante en la causa o poner en peligro la existencia y correspondiente distribución de esos fondos públicos".
Tal como había dispuesto, la jueza facultó a los veedores para "asistir a las reuniones de asamblea y/o comité ejecutivo con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo su cometido".
Servini justificó la nueva extensión en la necesidad de evitar "circunstancias que hagan o tornen ilusorias las expectativas pecuniarias contenidas en el pronunciamiento, como podría acontecer en el caso que desapareciesen bienes o elementos probatorios de los hechos investigados". La comisión de veedores tendrá mandato vigente hasta el 30 de octubre próximo.
