Ante una desacomodada reacción del Gobierno nacional por el pensamiento hecho público de los obispos, el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social debió salir a ratificar el alto grado de preocupación que existe hoy en la Iglesia por el deterioro de la calidad de vida de un elevadísimo porcentaje de argentinos. Monseñor Jorge Lozano expresó, en tal sentido, que la nueva advertencia fue hecha por la preocupación que genera entre los religiosos la actual crisis. "La problemática la vemos pero no por eso tenemos una mirada crítica, quejosa", debió aclarar el obispo luego de una furiosa respuesta del Gobierno nacional a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El representante del Episcopado, por otra parte, se vio obligado en sus declaraciones a la prensa a remarcar que el alto grado de preocupación no parte sólo de la institución a la que representa. "Esto de seguir atentos para ver cómo evolucionan estas situaciones de suspensiones y despidos la manifiestan muchos en la sociedad. Hasta la Presidenta ha comunicado hace pocos días una serie de medidas para ayudar a las empresas cuando estén en una situación compleja", sostuvo con acierto Lozano.
Pero los obispos no se quedaron únicamente en la crítica o la advertencia sino que reclamaron, a modo de propuesta, el fortalecimiento de los programas para empleo y estudio de los más jóvenes, por considerar que allí hay una franja vulnerable de la sociedad, que no estudia ni trabaja, sobre la cual la acción del Estado no tiene la rigurosidad necesaria para que haga efecto práctico.
Lamentablemente, de parte del Poder Ejecutivo el acuse de recibo fue, como es generalmente habitual en el actual gobierno cuando se critica su gestión, con ironías, agravios y hasta torpezas conceptuales. Decir, como hizo Capitanich, que sólo se había tratado de la opinión de un vocero y no del Episcopado en su conjunto es ignorar totalmente cuál es, precisamente, la función de un portavoz de un organismo como el que nuclea a los obispos de nuestro país.
En cuanto a la ironía del jefe de Gabinete, consistió en decir que suponía que la reunión del Episcopado incluiría en su agenda la cuestión de los fondos buitres, pretendiendo introducir así a la Iglesia en su actual lucha épica contra quienes, según la óptica kirchnerista, atentan contra la soberanía argentina de manejo de su deuda externa. Esta desafortunada expresión también llevó a los obispos a recordar al Gobierno que sobre ese punto ya se habían expresado en junio en abierta condena a la especulación financiera, recordando el pensamiento del papa Francisco.
La Iglesia católica es una organización que por su función y estructuración a lo largo y a lo ancho del país siempre suele tener un diagnóstico preciso de la realidad social y económica de los argentinos. Es una lástima que una vez más se vea obligada a salir a advertir necesidades de la población por culpa de carencias de gestión a un Gobierno que ignora y subestima los aportes por el bien común.
