El documento emitido por la Conferencia Episcopal alerta sobre una “situación de desborde” y de “difícil retorno” si desde el Estado no se toman medidas en forma urgente; el auge de bandas armadas puede equipararnos en poco tiempo con países de la región seriamente afectados por esta escalada.
Por ello, los obispos acusaron a las autoridades nacionales de no encarar debidamente el combate legal contra este flagelo y se hicieron eco de muchas denuncias de la sociedad que hablan de complicidad con el narcotráfico por parte de distintos estamentos del Estado.
El escrito llega en momentos en que las agresiones y las víctimas en el país por cuestiones vinculadas al tráfico de drogas están tomando cada vez más notoriedad. Valga como ejemplo de la gravedad el ataque a balazos que recibió hace un mes el domicilio del gobernador de Santa Fe, cuando este y su familia se encontraban en su interior.
La Iglesia se basó una vez más en la delicada situación social vigente y en lo que los obispos consideran una crisis sobre el sentido de la vida que sufre gran parte de la población. Pero le añadió un histórico pronunciamiento político tendiente, sin ninguna duda, a sacudir de su modorra a la dirigencia política en general.
En tal sentido, lamentaron que desde que dejó el cargo el anterior secretario nacional de Lucha contra el Narcotráfico, dicha área de gobierno siga sin nuevo conductor designado por el Gobierno.
Desde la mencionada repartición (Sedronar) hubo una rápida respuesta de quien se encuentra interinamente a cargo, pretendiendo demostrar que a pesar de la vacante dicho organismo no se encuentra paralizado.
Esta postura es refutable desde todo punto de vista, puesto que no puede negarse que la no cobertura de la conducción de un área estratégica del Estado en las actuales circunstancias deja sospechas de improvisación y falta de interés.
En otra parte del documento emitido, los obispos basan su tono crítico en lo que perciben a diario de la sociedad: “Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”, señalaron, para continuar indicando que “la sociedad a menudo sospecha de que miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos”.
El diagnóstico dado a conocer por la Iglesia no puede sorprender y sí debe llamar urgentemente a la reflexión. Son públicas las anomalías y carencias de todo tipo que existen en el país en materia de controles fronterizos.
La mayoría de las zonas limítrofes carecen de recurso humano, infraestructura y tecnología acorde con la urgencia del momento. Todo esto contribuye al auge del narcotráfico.
Por otra parte, una vez más los obispos reclaman que se escuche la postura de la institución a la que representan por su cercanía con la gente. Las conclusiones del Episcopado no surgen de una simple evaluación de un centenar de líderes reunidos durante una semana entre cuatro paredes.
Se trata de una postura que es resultado de la percepción que miles de sacerdotes y colaboradores laicos emiten a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El testeo se efectúa entre todas las categorías sociales y económicas de la población.
Es de esperar que luego de un proceso electoral y a un mes de un importante recambio legislativo, esta dura advertencia sea tenida en cuenta por la clase política en general.
