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hace 1 hora
Toda la polémica que se generó en torno a la decisión del gobierno porteño de colocar rejas alrededor de la Plaza de Mayo, uno de los espacios más emblemáticos de la Argentina, llegó a su fin este lunes: Horacio Rodríguez Larreta ordenó su retiro tras el pedido personal que le hizo el presidente electo Alberto Fernández.
A mediados de mayo de 2018, Rodríguez Larreta destinó más de 43 millones de pesos para instalar paneles fijos y algunos móviles alrededor de la plaza y reemplazar así las vallas móviles que se comenzaron a utilizar durante la crisis y el estallido social de 2001, para resguardar el acceso principal a la Casa Rosada sobre la calle Balcarce.
Y apenas se iniciaron aquellas obras, se destacó la polémica: es que la Plaza de Mayo tiene la categoría de “patrimonio histórico protegido” que establece que cualquier reforma debe aplicarse bajo los parámetros establecidos en el Código de Planeamiento Urbano.
Oficialmente se indicó que el objetivo de las obras era el de recuperar el diseño que le aplicó el reconocido paisajista Carlos Thays a la Plaza de Mayo a fines del siglo XIX. Para ello, además quitaron veredas y se amplió el espacio verde y se cambiaron baldosas.
Las principales críticas daban cuenta que el jefe de Gobierno porteño avanzó con esa decisión respetar los procedimientos ni lo expuesto en el Código, que impide cambios en el “ancho de las veredas, en las especies arbóreas, en el piso de mosaico calcáreo de 20x20 blanco” y cualquier otro trabajo que no se limite a la conservación de las instalaciones.
Pero el punto que generó mayor controversia fue la colocación de las rejas: las mismas cruzaban la Plaza desde las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo. Desde el gobierno porteño rechazaron los cuestionamientos al señalar que se optó por un vallado con las “mismas características que el de la Casa Rosada”.
La polémica llevó a la Justicia a través de una presentación que realizaron los representantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas y dirigentes de organismos de Derechos Humanos.
A partir de ese planteo, en enero de este año el juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, Osvaldo Otheguy, declaró “la ilegitimidad de la instalación de rejas” y otorgó un plazo de 90 días para que la Legislatura porteña apruebe una modificación que permita darle un marco normativo a los trabajos que por entonces ya se habían finalizado.
El tratamiento legislativo demandó algo más de tiempo y recién a principios de junio se aprobaron las reformas, que solamente contaron con los 33 votos de los legisladores del oficialismo y de las fuerzas aliadas.
Pero todo finalmente volvió a foja cero a partir de apenas un pedido y de un gesto de buena voluntad. El pasado viernes, antes de presentar a los integrantes de su Gabinete, Alberto Fernández recibió a Rodríguez Larreta quien le confirmó que avanzaría con la quita de las rejas de la Plaza de Mayo, tal como el presidente electo se lo había solicitado en una conversación previa.
El compromiso tuvo una aplicación inmediata y las rejas se removieron con celeridad para que la Plaza de Mayo vuelva a lucir sin vallados durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial.
