A lo largo de sus 53 años de actividad, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ha mantenido una política permanente de firme defensa de la libertad de expresión.
Lo hizo de una manera democrática, aceptando a todos quienes decidieron asociarse, sin aplicar ningún tipo de discriminación por razones políticas o de otro orden, como señaló en un reciente comunicado. No reclamó nunca la condición de asociado para salir en defensa de un medio que pudo haber sido perseguido por algún poder -estatal o privado- inclusive sin que se hubiera reclamado la intervención de la entidad.
Para Adepa, el camino transitado no siempre fue un lecho de rosas. Hubo momentos difíciles en que la libertad de expresión se vio seriamente afectada, pero el organismo mantuvo su conducta. Especialmente en la última etapa de la gestión que acaba de concluir, con el avance directo sobre el periodismo a través de la Ley de Comunicaciones Audiovisuales o bien con la utilización de pautas publicitarias para premiar o castigar a los medios afines.
Sólo en el mes de setiembre, por señalar un ejemplo, debió salir en dos oportunidades a plantear su inquietud: la primera para denunciar que el Estado gastaba $ 12 millones por día en propaganda, suma que equivale a 14.336 asignaciones universales por hijo o 3.140 jubilaciones mínimas, agregando que el listado de beneficiarios de la propaganda gubernamental seguía encabezado por “grupos nacidos o criados al calor del dinero del Estado, escuálidos de audiencia pero anabolizados con ingentes partidas presupuestarias que burlan toda razonabilidad”; días después debió salir en defensa de Editorial Perfil, ante el rechazo del gobierno para que pudiera acceder a una frecuencia de televisión digital abierta, razón por la cual acusó a los funcionarios de “arbitrariedad y favoritismo” a la hora de aplicar leyes con “doble estándar” en materia de medios de comunicación.
Reclamó entonces a las autoridades transparencia plena al aplicar leyes a los medios de comunicación en razón de que consideraba que se manejaban con una regla que establecía “para los amigos del modelo, amplia flexibilidad y para quienes no se alinean, trabas permanentes por meros formalismos”.
Muchas veces, los informes proporcionados por Adepa fueron tomados como base por otros organismos, como la Sociedad Interamericana de Prensa, para dar a conocer su criterio sobre la situación por la que atravesaba el periodismo en la Argentina. En su último documento, la SIP calificó los 12 años de gobierno kirchnerista como “el período más adverso por el que han transitado los medios desde el regreso a la democracia”, a la vez que criticó la utilización de las cadenas nacionales, por parte de la ex presidenta, no sólo para hacer propaganda de su gestión sino también para denostar y descalificar a medios y periodistas que no coincidían con su gestión.
Durante la reunión del máximo organismo, el titular de Adepa recordó los serios inconvenientes por los que atravesó el periodismo, haciendo hincapié en los hechos ocurridos durante los últimos seis meses, entre ellos la cesión obligatoria de una página diaria a los partidos políticos en la provincia de Córdoba en tiempos de elecciones, el bloqueo de todas las cuentas bancarias del diario El Tribuno (Salta) y el corte abrupto de la pauta publicitaria municipal al diario Democracia (Junín, Buenos Aires).
En base a los duros momentos vividos durante la gestión kirchnerista es que el último comunicado de Adepa está dirigido al futuro gobierno, asegurando en ese plano que ante las nuevas circunstancias institucionales que se presentan, la entidad abre los brazos para recordar a todos los medios gráficos, cualquiera haya sido su posición en estos años, que todas las publicaciones valen por igual para el espíritu por el cual fue fundada Adepa, a la vez que efectuó una convocatoria equivalente a las nuevas expresiones periodísticas que pueblan la red global. Afirma entonces que la única condición para desempeñarse en la entidad es la disposición de defender la libertad de prensa.
Es de esperar que esa reafirmación de la democratización sostenida por la entidad se refleje también en los ámbitos del nuevo gobierno, a los efectos de que se recuperen los valores institucionales y quede en el olvido esa política de confrontación que potenció la gestión kirchnerista de la última década.
