Hace casi un mes el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay investiga al diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) y ex secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Dante González. La denuncia dice que antes de dejar la conducción del gremio, González firmó acuerdos de desvinculación con 27 empleados administrativos de la entidad, por los que pretendió pagar alrededor de 6 millones de pesos.
Según el propio González, conocido como “el Dante de la gente”, esos empleados no querían trabajar con la nueva conducción del sindicato. Los denunciantes, encabezados por el actual secretario general David Castro, dicen que muchos de los desvinculados son familiares y amigos cercanos de González.
Los 27 empleados cobraron la desvinculación con cheques posdatados. Cuando la nueva conducción gremial presentó la denuncia, Garay ordenó congelar los pagos, así que los trabajadores cobraron sólo uno de los cheques.
No fue la única denuncia que la nueva conducción hizo contra su antecesor. Castro acusa a González de haber traspasado a la Mutual del personal petróleo, gas y afines de Mendoza (Mupepgam) los campings de dique Cipoletti y El Carrizal, así como también un terreno que fuera donado por la Municipalidad de Malargüe para que los afiliados tuvieran otra opción turística en esa comuna.
El representante legal de la nueva conducción del sindicato Sebastián Boulin, indica que la entidad destinó cerca de 10 millones de pesos a refacciones del camping del dique Cipoletti, para que luego Mupepgam se quedara con la concesión, en detrimento del patrimonio del gremio.
El titular de esa mutual es quien fuera el secretario general del sindicato petrolero durante ocho años, hasta fines de junio. También hace ocho años “el Dante de la Gente” fue electo diputado nacional del FpV y renovó en 2011.
Respecto de las denuncias que investiga Garay, González no niega nada. Admite que firmó acuerdos con los 27 trabajadores porque “la gente no quería seguir. Ya conocen a Castro de su anterior gestión” y que esas actas son legales.
- Los denunciantes dicen que los desvinculados son cercano a usted o parientes suyos. Hasta de un hermano hablan. Más aún, denuncian que uno de los desvinculados cobró 600 mil pesos y le quedaban apenas seis meses para jubilarse- le retruca Los Andes.
- Son trabajadores y es un acuerdo de partes legal. Ellos dijeron que los iban a echar si ganaban la elección- responde el diputado nacional.
En otro momento llegaba la respuesta del actual titular de los Petroleros: "Le dijeron a otros empleados si querían firmar el acuerdo, quienes no aceptaron. Hoy siguen trabajando".
Luego se le consultó por los campings. “Los campings siempre estuvieron a nombre de la mutual. Después de las elecciones los iba a ceder al sindicato” explicaba González.
- La denuncia dice que el sindicato invirtió mucho dinero en refacciones y que ahora esos predios son administrados por usted- consultó este diario.
-Los afiliados del sindicato iban sin pagar un peso. Alguien tiene que hacerse cargo del mantenimiento- respondió el ex secretario general de los Petroleros privados.
La denuncia contra González no es la primera acción penal impulsada por los actuales conductores del sindicato y ésta última presentación no es más que el colofón de un tortuoso proceso electoral y de transición.
Cabe recordar que la elección para renovar autoridades se realizó en octubre del año pasado, pero ese comicio terminó siendo invalidado por el Ministerio de Trabajo de la Nación por las presentaciones cruzadas en las que se denunciaban varias irregularidades.
En febrero esa cartera nacional resolvió intervenir el gremio. Los afiliados debieron ir otra vez a las urnas a fines de abril pasado y González perdió la reelección a manos de Castro.
Fue en ese momento posterior a la derrota electoral y antes de la asunción de las nuevas autoridades en la que se habrían producido las irregularidades que denuncian Castro y los suyos.
El fiscal Garay confirmó las pesquisas que lleva adelante por “administración infiel” (una modalidad del delito de defraudación, por la que alguien encargado de administrar bienes de terceros y los gestiona en detrimento del patrimonio de quienes confían la administración) y la suspensión de los pagos de los cheques a los empleados del sindicato desvinculados en una modalidad de retiro voluntario.
Cuentan en los pasillos que un grupo de esos ex empleados anduvo por la sede de Delitos Complejos ubicada en calle Belgrano y Peltier, para reclamar por el cobro de los cheques pendientes.
Un año de duros golpes
No es un buen año para Dante González. No sólo debe soportar una denuncia penal en su contra, también pierde la reelección al frente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado y en diciembre de este año se le termina el mandato de diputado nacional y, a pesar de que hizo intentos para lograr un cargo electivo, no logró el objetivo. A fin de año vuelve al llano.
En realidad sus penurias empezaron cuando se hicieron públicas las declaraciones juradas de bienes que todos los funcionarios nacionales deben presentar en la Oficina Anticorrupción; como Diputado nacional, González debió presentar la propia y a fines de agosto del año pasado se hizo pública: su patrimonio había crecido más del 140%.
A principios de octubre se enrarecía el clima preelectoral con una denuncia penal en contra del entonces secretario general del gremio petrolero. Se lo acusaba de un fraude por 30 millones de pesos.
Eso sucedió dos meses antes de la primera elección en el sindicato. El 10 de octubre se hizo la votación. Denuncias cruzadas de fraude terminaron en la impugnación del comicio. En febrero se nombró a Roberto Domínguez como interventor de la entidad y el 29 de abril se hizo la nueva elección que consagró a Castro al frente del sindicato.
A pesar de los malos tragos que le deparó el 2015, le queda la conducción de la Mutual del personal petróleo, gas y afines de Mendoza y además su cuota parte en “SRL Consultora Educativa”, sociedad que es propietaria de una escuela privada de calle Las Cañas de Guaymallén.
