Un escándalo que vincula a empleados de la Dirección Provincial de Vialidad y a sus autoridades, tomó estado público luego de que el Tribunal de Cuentas auditara el ejercicio 2019 del organismo y encontrara irregularidades. Empleados/as son acusados de utilizar fondos públicos para gastos personales, o que no tenían vínculo alguno con la actividad que lleva adelante el cuerpo estatal.
Oscar Sandes, titular del organismo, asegura que denunció la situación ante la Fiscalía de Delitos Económicos y desde el Sindicato de Trabajadores Viales de la Dirección Vial Provincial (Sitravi) insisten en que el titular de Vialidad no desconocía los manejos que se hacían con ese dinero y que la presentación a la que hace referencia, se hizo por la intimación que el propio gremio hizo a través de cartas documento.
Según se desprende de la auditoría, "el importe de gastos que exceden la cantidad máxima dentro del período enero a agosto asciende a $ 3.177.548,99; sólo en el mes de junio el gasto estuvo por debajo del monto máximo permitido".
El juicio parcial que inició la repartición que conduce Néstor Parés tiene seis meses para emitir su fallo, por lo que no habrá novedades respecto del Fondo Permanente hasta por lo menos mitad de año.
El Tribunal de Cuentas audita, también, el ejercicio 2018 y la resolución saldrá antes de julio, que también tendrá puesta la lupa ante posibles irregularidades similares a las ya detectadas.
Respuesta oficial
Oscar Sandes, ante la consulta de este medio, reenvió audios de WhatsApp que reproducen una entrevista realizada en la mañana de ayer al aire de Radio Nihuil. Lo ofreció como único testimonio donde se desliga de las acusaciones y resalta la iniciativa de investigar a quienes se apuntan como principales responsables: Carina Mercedes Gallardo, gerente de Recursos Humanos; Juana Miriam Nancy Herrera, tesorera de la entidad y Jaime Obrador, jefe de Mesa de Revisión, ya fallecido.
"Acá se robaba arriba, en el medio y abajo. No leí nunca que el Tribunal ni que la Fiscalía investigara. Soy la denuncia en sí misma; era 'vox populi' cómo se robaba", dijo.
Además, se adjudicó la presentación judicial que tironea con el gremio al manifestar que "Vialidad hizo la denuncia, y toma la iniciativa, en la Fiscalía 15 de Delitos Económicos para decir lo que estaba pasando".
"El Tribunal de Cuentas pidió un expediente, con números concretos, en donde aparecían vales de nafta firmados por el administrador. Eso no ocurre en ningún lado. Es como si el Gobernador firmara los vales de las facturas que se compran para el desayuno en la Casa de Gobierno. Hay un protocolo para pagar", indicó.
Claudio Díaz, Secretario General del gremio y ex legislador justicialista, cargó duro contra la máxima autoridad provincial al aseverar que "no cabe ninguna duda que sabía lo que pasaba".
"Esto es la punta del iceberg. Sandes dice que le falsificaron la firma, no la cambió ni denunció antes. Hay buchones. No es posible que no haya sabido. Nosotros lo intimamos por carta documento a que denunciara lo que estaba pasando, por eso fue a la Fiscalía de Delitos Económicos, sino lo denunciábamos nosotros por incumplimiento de deberes de funcionario público", enfatizó.
Investigación en marcha
Quien interviene en esta historia, también, es la Fiscalía de Estado que encabeza Fernando Simón. Desde esas oficinas confirmaron que Sandes ya recibió un pedido de informe sobre cómo va a reparar el daño patrimonial -en este caso económico- que ha sufrido la Dirección Provincial de Vialidad. Deberá responder en pocos días y, en base a esa contestación, se decidirá si el organismo se constituye como querellante en la causa.
Una larga relación que se “rompió”
Las rencillas entre SITRAVI y Sandes no son nuevas. Ya en julio del año pasado, la Justicia laboral falló a favor de los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad. Se les aplica el convenio colectivo nacional 572 y no uno provincial denominado "80 aniversario", surgido en 2014 por un decreto del ex gobernador Francisco Pérez.
Pero no contó con la homologación de la Legislatura, y aún así se comenzó a aplicar.
Por este convenio, a los empleados se les descontaba el 3% de sus salarios como aportes sindicales en vez de 0,5% que estipulaba el nacional. Esa diferencia en los aportes supuso que entre 2016 y la actualidad, a los empleados se les descontaron $ 62 millones de más.
