En este terreno de reforma permanente se destaca, en primer lugar, un acuerdo de responsabilidad fiscal que tiende a transformarse en una política de Estado. Se avanza hacia el muy postergado nuevo marco de coparticipación federal a partir de lo acordado el jueves sobre el reparto de recursos públicos.
A este pacto se arribó mediante concesiones, tanto de la Nación como de las provincias, en lo referente a la política fiscal. Si bien el tiempo dirá cuál es el resultado real en este punto, resulta significativo que las partes hayan acordado intentar poner punto final al uso desmedido de los recursos que, tarde o temprano, conduce a descalabros financieros que terminan repercutiendo en el Estado nacional con el uso de recursos de todos los argentinos para neutralizar el manejo irresponsable de las cuentas públicas.
Es alentador el consentimiento prácticamente unánime de los gobernadores provinciales (se espera que el de San Luis, el único díscolo en esta oportunidad, termine aceptando las condiciones fijadas), que se sustentó en las compensaciones dispuestas por la Nación a cambio de bajar las acciones judiciales que en gran parte de los casos obedecen a deudas o incumplimientos derivados de la coparticipación federal.
Precisamente, varios gobernadores destacaron públicamente el clima en el que se concretó el acuerdo y el sentido federal que orientó a las negociaciones.
Desde que se constituyó, hace prácticamente dos años, el gobierno de Mauricio Macri tuvo la virtud de intentar recomponer, por un lado, el rol integrador que debe cumplir el Ministerio del Interior a través del vínculo con las provincias, sea cual fuera la orientación política de sus gobernantes.
Por otra parte, ese acercamiento tuvo la acertada estrategia de buscar el vínculo mediante la discusión de lo que más inquieta a las provincias: los recursos.
Mientras tanto, también avanzan conversaciones para que sea viable la reforma laboral que el gobierno nacional pretende implementar a partir de la aprobación del Congreso en su momento.
Para ello el marco de negociación previo al debate legislativo se dio con la representación gremial. Merced a dicho acercamiento el Gobierno terminó resignando aspectos contemplados en el anteproyecto, lo que permite bajar la tensión del sindicalismo y hacer viable un debate más provechoso desde las bancas legislativas.
Subsistirán diferencias con sectores más radicalizados del gremialismo, pero lo que se debata arrancará con un nivel de acuerdo sustentado en la representación de la CGT, pese a que no muestra unanimidad de sus dirigentes con respecto al espíritu de la propuesta oficial.
La decisión del gobierno nacional de insistir en la búsqueda de "consensos básicos" con los sectores sociales y gremiales antes de oficializar las reformas que propone ante el Congreso, marca un avance significativo en el camino hacia una institucionalización de los mecanismos de diálogo y respeto por el disenso, esenciales en toda estructura republicana.
Los cambios que se impulsan necesitan una permanencia en el tiempo, la que deberá arrojar resultados ciertos sobre sus logros o fracasos.
En ese marco, quienes hoy ejerzan una oposición responsable que acompañe y sugiera cambios, como ha ocurrido principalmente con gobernadores no pertenecientes al oficialismo nacional y gremialistas cegetistas, serán la garantía de continuidad de políticas de Estado que perduren a través de los años con las lógicas adaptaciones a las situaciones coyunturales de cada época.
