Hasta la semana pasada parecía que los acuerdos con los gobernadores para refrendar el Pacto de Responsabilidad Fiscal y las nuevas reglas de la coparticipación que surgen de la reforma impositiva estaban casi terminados, mientras se veía muy difícil acordar con la CGT los términos de la reforma laboral pretendida por el gobierno.
En la semana todo se dio vuelta. Después de que el gobierno nacional cedió sus pretensiones de impuestos internos a los vinos, espumantes y cerveza, parecía que todo se encaminaba, pero tuvieron que hacer concesiones con el régimen de Tierra del Fuego.
Y cuando todo parecía encaminado nuevas pretensiones de los gobernadores han puesto en riesgo hasta el último momento la firma del acuerdo, mientras lo de la CGT se pudo solucionar mucho más rápido.
Entre los distintos mandatarios todavía no terminan de entender el impacto que tendrán en sus ingresos los compromisos para recomponer el Fondo del Conurbano que asegura a la gobernadora Vidal $ 40.000 millones adicionales en 2018 y $ 65.000 en 2019.
Además, dado que cambia el tratamiento del impuesto a las Ganancias y aparecen deducciones que reducen su ingreso, están desesperados por asegurarse la permanencia de los recursos.
La razón de tanto celo de los gobernadores se explica porque ellos serán los responsables de asegurar un sendero de crecimiento mediante una disminución progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos, que es el más distorsivo, pero para algunas jurisdicciones significa más del 70% de los ingresos propios.
Un balance poco claro
Ya habíamos dicho que una de las características de esta reforma es que las concesiones del Gobierno nacional se hacen en cómodas cuotas, hasta 2022, mientras que las nuevas imposiciones se comienzan a aplicar de inmediato.
El economista Diego Giacomini sintetizó en un gráfico el resultado primario de la negociación que implicaría que el único ganador es la provincia de Buenos Aires y el único perdedor es el gobierno nacional, lo que agravaría el problema del déficit fiscal.
Los números están hechos por el devengado y no por el percibido, es decir, no contemplan los plazos sino el beneficio total. Del resultado final surgirá un nuevo cuadro de situación donde se verá cómo quedó la ecuación, pero es probable que el espíritu del acuerdo entre Nación y Provincias esté abierto a negociaciones permanentes para actualizarlo en función de la evolución de la economía.
Lo real es que tanto Provincias como Nación necesitan una tasa de crecimiento más vigorosa que la actual, pero para eso hace falta que crezca la tasa de inversión, que viene muy retrasada. Este retraso se debe a la desconfianza que aún genera en los inversores el alto déficit fiscal y el alto grado de endeudamiento.
Los gobernadores pretenden que no les bajen los recursos porque no están dispuestos a pagar el costo político de bajar los gastos. A lo sumo se comprometerán a no subirlo, pero no quieren resignar la posibilidad de seguir avanzando con la obra pública ni quieren tener que despedir personal, aunque sea cancelando contratos.
Por esta razón ponen tanto énfasis en asegurarse todos los fondos posibles y uno de los puntos que trabó la negociación fue el revalúo fiscal, un mecanismo por el que las empresas pueden actualizar sus balances por inflación.
Este mecanismo permitiría que las empresas paguen impuestos sobre ganancias reales y no sobre ganancias nominales. De tal manera, debería disminuir el pago de impuesto las Ganancias y por esta razón el gobierno creó un impuesto compensatorio que pensaba destinar totalmente a la Anses.
Los gobernadores se pusieron firmes y quieren que sea coparticipable. Buscan todo tipo de fondos porque no quieren bajar el gasto, igual que la Nación.
En principio, se habría acordado que la Nación pone el dinero para el Fondo del Conurbano (seguramente con más déficit), la derogación del art. 104 de Ganancias (el del Fondo del Conurbano) haciéndolo 100% coparticipable; el 100% de impuesto al cheque para Anses, rebaja de Sellos e Ingresos Brutos (será muy gradual y no hay consenso acerca del impuesto que lo pueda remplazar), la coparticipación del revalúo, acompañar la ley de responsabilidad fiscal e incluir el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas.
La inclusión de los municipios
Uno de los temas que preocupan a la Nación es que el compromiso de responsabilidad fiscal sea extendido a los distintos municipios del país. Ésta no es una tarea fácil ya que los municipios tienen cada vez más autonomía desde que la misma fue reconocida por la reforma Constitucional de 1994.
Así como las provincias fueron inventando impuestos y aumentando otros, los municipios fueron creando tasas para solventar sus propios crecimientos en los gastos. Ahora los gobernadores deberán “invitar” a los intendentes a que se sumen al compromiso fiscal para respetar las mismas pautas en cuanto a la contención del gasto y limitar la expansión de la planta de personal.
La tarea no será fácil. En muchos municipios se crearon tasas que gravan el “paso” de las mercaderías por sus territorios y se las denomina “tasas de abasto”, constituyendo verdaderas aduanas interiores, algo sobre lo que ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia declarándolas claramente inconstitucionales, pero muchos las siguen aplicando.
También han creado una tasa de “publicidad” por la cual gravan los carteles de marcas en los negocios “que sean visibles” desde afuera de los establecimientos.
Hay una dura lucha entre varias empresas mendocinas con los municipios porque les cobran esta tasa por los carteles de sus propias marcas dentro de sus establecimientos. Además, como lo han tercerizado a estudios jurídicos, los municipios se desentienden, al argumentar que está tercerizado.
Como se ve, el panorama es claro. El gasto no bajará. Algunas empresas podrán gozar plenamente de algunas rebajas de impuestos y cargas patronales dentro de cinco años.
Los impuestos que bajarán lo harán en el mismo plazo y los distintos estamentos del Estado deberán comprometerse a no aumentar los gastos en términos reales.
Mucho lío para un resultado muy pobre que no alcanza para bajar la presión fiscal, reducir los déficits, bajar la inflación y permitir un crecimiento de la inversión y una recuperación sostenida de la economía.
