Acuerdo sin resignar reclamos

Acuerdo sin resignar reclamos

Por José Luis Toso - jtoso@losandes.com.ar

Fue una semana con saldo favorable para el gobierno de Cornejo por la firma del acuerdo con la Nación para la restitución de recursos coparticipables. Sin embargo, esa satisfacción no debería llevar al Ejecutivo a la indiferencia con algunos contratiempos de la gestión que también se presentaron en los últimos días.

La alarmante situación del Zoológico comienza a mostrar signos de desorientación o improvisación en el manejo del paseo, más allá de la controversia de difícil solución que generan las posturas de quienes están a favor o en contra de su transformación y demás variantes que se plantean.

Otra prueba de fuego para el frente oficialista Cambia Mendoza significó el tratamiento de la reforma en la Inspección General de Seguridad. Una vez más los legisladores asociados al radicalismo (Niven y Pereyra) se diferenciaron con argumentos enérgicos hacia la iniciativa del Gobierno. El gremialista que ocupa una banca de diputado por el massismo dijo que la ley aprobada con lo justo por el oficialismo “desnaturaliza completamente la razón de ser de la Inspección”, ya que la mayoría de la que dispondrá desde ahora el oficialismo en ese organismo de control puede llevar a un manejo de la institución policial que contradiga los preceptos del acuerdo de reforma de 1999.

Un matiz más en la arremetida del Gobierno para hacer frente a la inseguridad sin medir mucho los costos políticos.
 
Todos conformes. El acuerdo sellado en Córdoba no sólo es festejado por Cornejo y su equipo. Para el Poder Ejecutivo nacional constituye un logro histórico haber conseguido que la totalidad de las provincias hayan participado del convenio, más allá de la necesidad que, en mayor o menor medida, todas tienen de recursos para hacer frente a compromisos o bien para poder encarar obras hoy en día postergadas.

En el Ministerio del Interior no se cansan de señalar que “es un acuerdo histórico, entre otras cosas, porque es la primera vez que es la Nación la que cede recursos”. En realidad, no se trata de una cesión sino de una justa restitución que reivindica el sentido del federalismo argentino. De todos modos, en el Gobierno nacional remarcan que “tuvo que ser presidente un porteño” para que las provincias tengan acceso a conquistas que otros jefes de Estado del interior (Menem y los Kirchner, básicamente) no facilitaron en su momento.

En el caso puntual de Mendoza, otro motivo de satisfacción gubernamental es que el convenio se concretó a pesar de la exigencia de poder accionar judicialmente ante la Corte nacional para reclamar el retroactivo por los últimos cinco años de retenciones, período que legalmente todavía se puede reclamar.

La exigencia mendocina no alteró en lo más mínimo la relación con el gobierno de Macri. La sorpresa inicial que había generado en la Nación la noticia del juicio que anticiparon el gobierno provincial y la Fiscalía de Estado, ahora se transformó en la aceptación de una necesidad de Cornejo de ponerse a resguardo de futuros reclamos sobre su gestión por no haber accionado a tiempo. “Está todo bien. Sabemos que Alfredo es así...”, comentaron con algún humor voceros del gobierno nacional.

Calculan que no pasarán muchos días para que lo firmado en la provincia mediterránea llegue al Congreso y a las Legislaturas provinciales para su ratificación. En el caso de Mendoza, aseguran que cuando Cornejo tenga en sus manos el documento no demorará su remisión a las Cámaras Legislativas para que sea validado. Estiman en el oficialismo que no habrá obstáculos, porque la llegada de recursos, unos 1.800 millones de pesos incluyendo el primer desembolso del préstamo nacional de hasta seis puntos de la coparticipación provincial, es muy esperado especialmente en los departamentos, donde los intendentes, tanto del frente Cambia Mendoza como del PJ, tienen urgencias en materia de infraestructura que sólo con estos medios podrán encarar.

Precisamente, en breve, el Gobernador reunirá a los jefes departamentales para comentarles con detalles el acuerdo suscripto con la Nación y no descartan en el justicialismo que desde los propios “caciques” partidarios surja un pedido de mayor toma de deuda, con el compromiso de influir desde los municipios en la Legislatura para que el principal partido de la oposición no ponga obstáculos.

Una fuerza política que tiene número pero que está sin conducción. En el principal partido de la oposición, el PJ, las aguas siguen bastante agitadas. Sigue siendo evidente la crisis de conducción, que lleva a liderazgos que muchas veces surgen conforme los asuntos que ganan notoriedad. No sólo hay quienes esperan la normalización partidaria en Mendoza, sino que aparezcan referentes claros que puedan encontrar el rumbo.

En ese escenario de incertidumbre, en el peronismo hay quienes sostienen que quienes ejercen poder, los cinco intendentes, han quedado atrapados y expuestos a una realidad del momento, el creciente reclamo social por la suba de tarifas, en especial por el incremento del precio del gas, pero sin una idea clara de cómo encarar políticamente la situación. Se supo que Jorge Difonso y Martín Aveiro enviaron notas al Gobernador para expresar la inquietud sobre el tema, pero fue sólo el massista sancarlino el que hizo pública su postura mediante una invitación que cursó a los legisladores nacionales por nuestra provincia para que intercedan por los costos de los servicios ante los organismos de control.

La relación entre los jefes departamentales y los legisladores justicialistas es muy escasa, según comentan fuentes departamentales. Los diputados, sabiendo de la reunión que hubo entre intendentes y el ministro del Interior, Frigerio, por la llegada de fondos del BID para avanzar en la tan anhelada como postergada idea de la integración de un área metropolitana, deducen que, como señalábamos antes, las urgencias llevarán a los “caciques” a influir en las decisiones que surjan de las bancas opositoras.

Este escenario político provincial lleva a Cornejo a ejercer el poder con mano firme y valiéndose de la supremacía legislativa que posee el oficialismo. Suficiente por ahora para disimular algunas falencias de gestión, que hemos visto que comienzan a aflorar.

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