Sociedad
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hace 3 horas
Las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron hoy dictamen de mayoría favorable al acuerdo de "solución amigable" con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de sus acciones en YPF, el cual el oficialismo confía en ratificar en el recinto el 23 de abril.
El dictamen, que fue puesto a la firma a partir de una ronda de consulta con invitados propuestos por la oposición y luego que ayer se escuchara a funcionarios del Poder Ejecutivo y al CEO de YPF, Miguel Galluccio, tuvo el apoyo del kirchnerismo, que es mayoría en ambas comisiones, y expresiones aliadas.
En cambio, los diputados de la UCR, el Frente Amplio Progresista (FAP) y UNEN marcaron su rechazo al acuerdo por tener discrepancias con la valuación de la empresa, de donde surgió que a Repsol se le pagará por la expropiación de las acciones 5 mil millones de dólares en títulos públicos y en cuotas, que estiman subestimó el pasivo ambiental y demás contingencias.
El interbloque Unión PRO, que en el Senado se abstuvo al momento de votar el acuerdo, y el Frente Renovador, no definieron todavía la posición que asumirán respecto del convenio.
En la ronda de consulta previa propuesta por la oposición, el ex funcionario duhaldista Alieto Guadagni marcó su oposición al acuerdo, al señalar que la valuación no considera contingencias como "el juicio de Uruguayana que tiene un fallo adverso en la cámara arbitral de Paris" contra la empresa.
Tampoco contempla, añadió, juicios abiertos contra la refinería de La Plata por vecinos de Quilmes y "después viene una familia de juicios enorme", dijo, muchos de ellos radicados por empresas extranjeras.
Por otra parte, apuntó que YPF "es un tercio hoy de la producción de petróleo de la Argentina" y atribuyó la caída de su presencia en el mercado en la venta que hizo Repsol en 2008 al Grupo Petersen de un cuarto de la empresa.
Propuesto para exponer por el Frente de Izquierda, el líder del sector Jorge Altamira se presentó en la reunión conjunta de comisiones, donde sostuvo que la política del Gobierno respecto de los hidrocarburos "es antinacional".
"En nuestro país hay libre exportación y, por lo tanto, hay una entrega de la renta petrolera al capital internacional", aseveró.
También cuestionó la tasación de YPF porque la valuación del Tribunal de Tasaciones se hizo de acuerdo "al flujo de fondos" que "excluye la amortización de bienes de capital".
José Rigane, titular de la FETERA, que nuclea a trabajadores de la energía, marcó su desacuerdo con la solución "amigable" a que se llegó con Repsol por la expropiación de sus acciones y exhortó a que se recupere YPF como "una empresa 100 por ciento nacional, una sociedad del Estado que esté integrada con representación de los que defienden el medio ambiente".
Rigane denunció que forma parte "la extranjerización de un modelo energético que ha fracasado", a la vez que advirtió que "en tanto y en cuanto no se cambie esa estructura no hay perspectiva de salir de esa situación".
El abogado Eduardo Mertehikian, de ASSUPA, apuntó que le preocupa a la entidad que defiende el medio ambiente que "nos preocupa la cláusula de indemnidad que el acuerdo incluye", aunque avisó que proseguirá la demanda contra Repsol por "recomposición del ambiente".
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, destacó que "uno de los lugares de mayor impunidad, de mayor inseguridad jurídica, es la cuestión relacionada con lo ambiental" y sentenció que "la contaminación de todos estos años fue un delito que debió ser investigado aun de oficio por las autoridades".
