El dengue es un tema importante de salud pública, pero pareció una excusa para juntar a 16 de los 18 intendentes a que trataran dos temas eminentemente políticos: por un lado los jefes comunales acordaron un techo del 22% de incremento salarial para los trabajadores municipales; por otro, se inició el diálogo para llegar a una reforma electoral. La intención del Gobierno es implementar la boleta única.
Allí estaban el gobernador Alfredo Cornejo y sus ministros de Gobierno, Dalmiro Garay, y de Salud, Rubén Giacchi; también estaban los intendentes peronistas Alejandro Bermejo (Maipú), Emir Félix (San Rafael), Jorge Giménez (San Martín), Sergio Salgado (Santa Rosa), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán); los radicales Roberto Suárez (Capital), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Daniel Orozco (Las Heras), Gustavo Soto (Tupungato), Mario Abed (Junín), Gustavo Pinto (La Paz) y Miguel Ronco (Rivadavia); el macrista Omar de Marchi (Luján) y el massista Jorge Difonso.
Sólo faltaron dos radicales, Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Walther Marcolini (General Alvear), quienes mandaron emisarios a representarlos.
Concretamente estaban los que tenían que estar, aquellos con los que hay que acordar para lograr sumar voluntades en la Legislatura.
Era el momento ideal para hablar de política; la cuestión sanitaria, si bien es importante y tiene particularidades en cada departamento que sus intendentes suelen conocer, no hay mayores debates en torno a las acciones.
Y así es que el informe del ministro Giacchi fue un suspiro, dijo que había coordinación absoluta y que se estaba trabajando bien en todo el territorio provincial y eso se notaba en que los casos de dengue que se detectaron en Mendoza eran todos “importados”, dijo el titular de Salud.
En un cuarto intermedio los intendentes y los ministros se mostraron a la prensa. Hubo tres voceros de los jefes comunales, uno por cada espacio político (Félix, Suárez y Difonso) y los dos ministros. Giacchi fue breve y la atención se centró en los otros dos puntos del temario del encuentro.
“Cada intendente ha hecho un análisis de la situación en sus departamentos, todos estamos afectados por la crisis. Llegamos a una postura en común los 18 departamentos. Un porcentaje que hemos establecido en el 22%, en dos partes, marzo y agosto”, dijo el capitalino Suárez.
Se habló de propuesta “seria”, “realista”; varios de los caciques comunales indicaron que la Federación de Trabajadores Municipales pretendía un 40% de recomposición salarial para 2016 y todos negaban con la cabeza y repetían la misma fórmula: “no podemos pagar eso”.
El ministro Garay era el que lo decía oficialmente como uno de los voceros del cónclave: “La posición que las comunas han consensuado se vincula directamente con la posibilidad de poder cumplir”. En otro momento machacaba con el mismo concepto el sancarlino Difonso: “Se evalúo la situación de cada uno de los municipios y encontramos un factor común que nos permitió ponernos de acuerdo en el techo de lo que podemos pagar y la forma en la que podemos pagar”.
Era inevitable la comparación con la propuesta que el día anterior había llevado el Gobierno al SUTE, en la paritaria docente, oferta que también era del 22%, pero hasta julio, mes en el que se reabriría la paritaria para negociar un nuevo aumento. Es decir, la propuesta del Gobierno a los docentes era mucho mejor que la que llevarían el 3 de marzo los intendentes a la federación de municipales. Y el ministro Garay decía que “en la paritaria docente estamos llegando al 22% con ayuda nacional. Con fondos propios estamos llegando al 18%. No se puede replicar eso en las comunas, porque no es el mismo sistema”.
La reforma electoral
"Queremos llegar a la próxima elección con boleta única, en sintonía con la iniciativa de la Nación", decía Garay, para luego desacelerar y decir que "todavía necesita discusión".
Los antecedentes indican que la boleta única es un viejo anhelo de algunos dirigentes, como el actual intendente de Godoy Cruz, García Zalazar, quien presentó un proyecto de ley para implementarlas cuando era diputado. Pero la gran mayoría no comparte ese entusiasmo y por eso el proyecto duerme en los cajones legislativos, como otros vinculados a la transparencia (publicación de declaraciones juradas de funcionarios y acceso a la información pública).
Es que la boleta única es lo contrario a la vieja y conocida lista sábana, esa en la que los candidatos de los cargos de menor relevancia van colgados de los conocidos.
La ley 8.619 que instauró las PA SO en Mendoza también establece que en las elecciones 2017 habrá voto electrónico para la mitad de los votantes. Es la opción que le gusta al maipucino Alejandro Bermejo, uno de los defensores del sistema en la provincia.
El problema del voto electrónico es el costo, que se calcula en alrededor de 6 dólares por sufragio. Y ese parece ser el argumento que se esgrime en Casa de Gobierno. La plata es la gran ausente en la fiesta de la democracia.
El amparo de un despedido que nombró Pérez
El 19 de enero se conoció el despido de 82 estatales nombrados por Francisco Pérez. Entre los nombrados estaba el contador Sebastián Mauricio Leggio, quien había sido designado en el Hospital Fernando Arenas Raffo con clase 013 por el decreto 1.119 firmado por el ex Gobernador el 29 de junio de 2015 y publicado en el Boletín Oficial el 4 de diciembre pasado. Leggio presentó en el 22 Juzgado Civil un amparo por ese despido y podría haber decisión en los próximos días.
Leggio era un colaborador cercano del intendente de Santa Rosa Sergio Salgado (PJ) y logró su pase a planta en Salud. Hasta ahora es el único que intentó resistir el despido dispuesto por el gobierno de Cornejo a través de un amparo y una medida de “no innovar” hasta tanto la Justicia defina la legalidad del despido o no; es decir pretendía seguir trabajando hasta la decisión definitiva, pero el juez Ricardo Sancho rechazó la solicitud, aunque sí requirió antecedentes y fundamentos del despido en término de tres días, contados a partir de la notificación, por lo que se estima que el magistrado dará sentencia inminentemente.
