El proceso de globalización que transita la humanidad desde mediados del siglo pasado no ha sido ni es homogéneo. Estos procesos aperturistas y de constitución de bloques regionales están siendo sustituidos por crecientes proteccionismos y defensa de los mercados internos y manos de obra local de distintos y poderosos países, comenzando por Estados Unidos.
A pesar del entusiasmo del Gobierno, que pretende avanzar en el proceso de liberalización, las conversaciones europeas estarían limitadas a un “entendimiento político”. Existen múltiples trabas para implementar el acuerdo: propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado son los tres puntos donde la Unión Europea presenta una posición intransigente para proteger a sus empresas y productores. La posición sudamericana es lograr un acuerdo a cualquier costo, sin importar el impacto sobre la débil estructura industrial.
Un convenio de esta envergadura ayuda a definir el modelo de país que se pretende construir. Necesitamos políticas económicas y sociales que contengan a 45 millones de personas, y el perfil productivo primarizante que nos induce el tratado no es capaz de incluirlas.
Mientras que el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) dio paso al optimismo en el gobierno de Argentina, en Europa y, particularmente, en España, Francia e Irlanda, se debaten entre la celebración y la desconfianza. Las autoridades del país ibérico defienden la alianza, pero señalan que es política, y que está pendiente resolver los aspectos técnicos.
Los beneficiados por el lado del Mercosur según Unidos Podemos, son los terratenientes y las grandes empresas de agronegocios. En cualquier caso, “para aquellos productos más sensibles, tanto de un bloque como del otro, los periodos de liberalización son graduales y llevan varios años, en los que podrán aprovechar para ir adaptándose”.
Deberemos estar muy atentos a las largas negociaciones que se abren, pues para Mendoza el tratado ofrece serios riesgos. Por productos europeos en Argentina, y sobre todo en Brasil, con subsidios como el caso de aceite de oliva, frutas desecadas y de vinos. Con escasa contraparte (UE sin Inglaterra es la mitad del consumo europeo de vinos argentinos): textiles, calzados, patentes de productos y de procesos, normas de origen, y especialmente igualdad de tratamiento en las compras del Estado. Son procesos que deben ser controlados y vigilados. No pueden ignorarse las asimetrías de desarrollo relativo y de competitividad: años de PAC (política agrícola común) y de subsidios a la industria europea les facilitó para llegar a situación actual. Como insiste la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la ganancia de competitividad es un proceso sistémico que implica variables extra e intraempresa. Con esta tasa de interés no podemos competir, ni con los costos de logística o las oscilaciones cambiarias. Toda negociación debe tener en cuenta estas asimetrías.
Necesitamos un proyecto nacional que integre el trabajo, las regiones, la industria y el conocimiento, que incluya y proteja su mercado interno.
El sector agropecuario es uno de los pocos que podría beneficiarse con la apertura comercial, ya que el acuerdo lesiona al sector industrial. Las principales cámaras empresarias del Mercosur reclaman la inclusión de una “cláusula de desarrollo industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”.
Existen múltiples trabas para implementar el acuerdo: propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado son los tres puntos donde la Unión Europea presenta una posición intransigente para proteger a sus empresas y productores.
