El acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y la empresa encargada de la explotación del casino Cóndor, permitió que 400 familias recuperaran la tranquilidad al quedar garantizada la continuidad de la fuente laboral. Resultó interesante también la posición sostenida por la Provincia en el sentido de exigir el pago de la deuda, sin ceder ante las amenazas de la empresa o la presión de los trabajadores que inclusive concurrieron a protestar a la casa del Gobernador, en una actitud ciertamente criticable.
La historia de los casinos privados es muy reciente en la provincia. Durante más de 80 años funcionó un casino único, provincial, junto al Teatro Independencia, antes de ser trasladado a la actual sede en Godoy Cruz. Sin embargo, en 1991 y con el objeto de favorecer la instalación de hoteles de primera categoría en la provincia, se autorizó la instalación de salas de juego en los hoteles considerados “cinco estrellas internacional” y con un mínimo de 160 habitaciones; en centros de turismo de alta montaña y departamentos fuera del Gran Mendoza, de acuerdo con la determinación del Ejecutivo. Según se explicó en aquel momento, el objetivo era que la Provincia ingresara en los primeros lugares del turismo internacional. Para ello necesitaba contar con una hotelería acorde con esas necesidades.
La sanción de la norma legal demandó varios meses de deliberaciones e inclusive debió ser ampliada poco tiempo después, a los efectos de evitar que algunas empresas pudieran aprovecharse de cualquier “debilidad” que pudiera presentar la ley. Sólo cabría recordar la discusión que generó en su momento el emprendimiento denominado Oro Verde, que intentaba erigirse en Belgrano y Las Heras, de ciudad. Los empresarios, extranjeros, solicitaron instalar primero el casino y después construir el hotel y de allí que se estableciera que primero debía funcionar este último “con un mínimo de 160 habitaciones” para luego poder explotar las salas de juego.
Uno de los casinos que se instaló en la provincia fue el Cóndor de los Andes, como anexo al hotel Intercontinental, en Guaymallén.
El 12 de julio, por decisión del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el Cóndor fue clausurado por una deuda millonaria que la firma Rafael Garfunkel mantiene con la Provincia en concepto de impuestos y multas por mora. Fue la culminación de una serie de negociaciones que habían terminado en el fracaso y en promesas de pago que no fueron cumplidas por parte del deudor. Sin embargo, frente a la posibilidad de que se produjera el cierre de las salas de juego y paralelamente del hotel, ya que gran parte de sus ingresos provienen del casino, el Gobernador aceptó continuar el diálogo con la empresa que explota los beneficios de las salas de juego, hasta acordar un pago de 37 millones de pesos para poder abrir sus puertas, mientras paralelamente habría otorgado a los gerenciadores un plan de pago para cancelar otros 100 millones de pesos que adeudan por mora.
Si nos atenemos al modo de resolución del conflicto, podríamos señalar que el Gobernador de la Provincia utilizó la metodología que mejor se adaptaba a las circunstancias. Priorizó el mantenimiento de las fuentes de trabajo pero dejó bien en claro que se trataba de un acuerdo “provisorio” porque si el deudor deja de pagar dos o más cuotas, caducará el permiso para operar, planteando además la ratificación legislativa al acuerdo alcanzado.
