El Gobierno cerró un acuerdo con los Fondos que litigaron en Nueva York y tienen sentencia firme, e incluye a los que litigaron pero tienen bonos en default. Para comprender la importancia de este acuerdo conviene repasar la larga historia del default de la deuda pública producido en el fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá en las últimas horas de 2001. El default es una cesación de pagos, similar a cuando una empresa se presenta en concurso de acreedores.
Las cesaciones de pago realizadas por países o Estados dentro de un país han sido y son frecuentes. Pero también hay una característica común en estos casos: el deudor procura encontrar una solución, un acuerdo con los acreedores lo antes posible porque los costos de quedar marginados de los mercados financieros son enormes, como nos ha ocurrido. Es justamente en la forma que el kirchnerismo manejó este asunto donde se advierte el mayor daño; basta recordar que llevamos 14 años fuera de los mercados.
Declarado el default en 2001, recién en 2005 se concretó un primer canje de deuda con el ingreso de un porcentaje importante de acreedores. Las condiciones de quita y plazos fueron muy severas; un porcentaje no pequeño no aceptó las condiciones. Con el propósito de forzar la aceptación, el gobierno puso un plazo corto para hacerlo y sancionó la Ley 26.017 -“Ley Cerrojo”-, que impedía seguir negociando con los que no habían aceptado. El efecto: una fuerte caída de la cotización de los bonos y estimuló a los fondos especulativos (“buitres” en terminología K) a comprar bonos. Nada más ilustrativo que lo expresado por Javier González Fraga en
Diputados: “La ley cerrojo fue la carroña que atrajo a los buitres”. En 2005, varios especialistas aconsejaban mantener abierto el canje para evitar acciones judiciales. La prepotencia K lo impidió y las acciones legales se iniciaron.
En 2010, aún bajo los efectos de la crisis financiera internacional, el gobierno decidió hacer un nuevo canje -el Congreso suspendió la ley cerrojo- y consiguió completar 93% de aceptación, quedó pues un 7% fuera; parte de ellos fueron los que siguieron los juicios. El gobierno desconoció a esos acreedores y borró de la contabilidad del Tesoro esa deuda.
En 2012 los Fondos obtienen del juez Griesa un fallo favorable. La Argentina recurre a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que confirma íntegramente el fallo de primera instancia. Va a la Corte Suprema, que no recibe el caso y lo devuelve a Griesa en 2013.
Con sentencia firme, las posibilidades de pago a los bonistas que habían aceptado el canje se hacen cada vez más difíciles por los embargos. Mediados de 2014: según el presidente del Central, Juan Carlos Fábrega, se había avanzado en una negociación: bancos privados iban a comprar la deuda; esa propuesta se frustró a última hora por decisión de la Presidenta.
Ante la imposibilidad de efectivizar los pagos, en setiembre de ese año se sanciona la Ley 26.984 -“pago soberano”-, que establece que los pagos se realizarán en Buenos Aires, por medio de un fideicomiso del Banco Nación. Por cierto tal cosa fue imposible.
Asumido el nuevo gobierno inicia una negociación para llegar a un acuerdo con los fondos -apoyados por el mediador Dan Pollack, designado por Griesa- que se concreta: la Argentina pagará capital e intereses -con una quita de 25% de estos- en efectivo antes de 14 de abril. Griesa ha puesto como condición que se deroguen las leyes cerrojo y pago soberano.
El acuerdo debe ser aprobado por el Congreso -prácticamente asegurado en Diputados, dudoso en el Senado-. Las voces más respetadas de la economía y la política piden la aprobación; es una necesidad para ordenar la economía y las finanzas públicas.
