Acuerdan modificar Código de Faltas por la violencia escolar

Si bien hay consenso entre los legisladores, resta definir si sólo se regularán los casos de agresiones de padres hacia docentes o también la de adultos hacia los niños.

Acuerdan modificar Código de Faltas por la violencia escolar
Acuerdan modificar Código de Faltas por la violencia escolar

Agresiones de padres a docentes, casos de acoso escolar o bullying, situaciones de maltrato a los alumnos por parte de maestros y profesores, se han ido sucediendo con mayor frecuencia y, como contraparte, son diversos los proyectos para abordarlos que han elaborado legisladores o el mismo Ejecutivo provincial.

Ayer, la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer, se reunió con los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y acordaron aunar las diversas propuestas en una sola, que sea aprobada lo antes posible.

En realidad, se decidió definir acciones de corto y mediano plazo. La medida inminente es la redacción de un proyecto de ley de protección a los derechos del docente, que tiene como finalidad fortalecer la figura del educador, para que sea valorado por los padres y la sociedad en general.

En la práctica, se realizará una modificación del Código de Faltas, de modo de fijar multas para quienes agredan a los docentes y, en caso de reincidir, se llegaría a prisión o trabajo comunitario.

En esta propuesta se unen tres diferentes: la que el Ejecutivo presentó a fines de julio, la que elaboró el diputado Jesús Riesco (PD) y otra que ideó su par de la UCR, Tadeo García Salazar.

En la reunión de ayer, citada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se acordó incorporar los aportes de cada una para que la normativa sea tratada pronto. De hecho, se espera que hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de todos los bloques acuerden una fecha para su tratamiento en el recinto.

El titular de la Comisión, Tadeo García Salazar, comentó que existe consenso para la modificación del Código de Faltas, pero todavía resta definir si sólo se regularán los casos de agresiones entre adultos -de los padres hacia los docentes- o también la de adultos hacia niños, donde quedaría contemplado el maltrato de maestros o profesores a los alumnos.

Es que en el encuentro se presentaron casos recientes de daños físicos a los docentes por parte de mamás, como también de chicos que han sufrido daños por parte de sus maestros (y que están siendo abordados por la Junta de Disciplina).

La titular de la Dirección General de Escuelas comentó que también se incluirán sanciones para los padres que no cumplan con el deber de guardia o vigilancia de sus hijos, es decir, aquellos que en reiteradas oportunidades pasan a buscar a los chicos después del horario de salida.

En cuanto a los recientes casos de agresiones a los docentes por mamás, subrayó que son poco habituales, pero les preocupa ya que han sido complicados y porque son necesarias nuevas herramientas para que la Justicia ponga un límite a estas situaciones.

Abrile de Vollmer anunció que la DGE creará además asesorías jurídicas regionales, donde habrá abogados con conocimiento del estatuto docente, las normas de convivencia y otra legislación específica.

El objetivo de este espacio es que los docentes, directivos, profesores, preceptores puedan consultar cuando tengan un inconveniente y los asesoren sobre la conveniencia de hacer o no una denuncia, cómo proceder en caso de que así sea y cuáles son sus derechos.

Observatorio de convivencia

Sobre las medidas de mediano plazo, en cuanto se resuelva la modificación del Código de Faltas, los diputados que integran la Comisión de Educación acordaron avanzar sobre otro proyecto, de creación de un Observatorio de Convivencia Escolar.

El autor de la propuesta, Tadeo García Salazar, explicó que se trataría de un consejo consultivo integrado por representantes de los tres poderes del Estado, de las universidades, de organizaciones sociales y del SUTE.

El cuerpo podrá hacer recomendaciones, medir el impacto de determinadas decisiones y sugerir políticas públicas en materia de educación, como un órgano independiente del gobierno de turno.

En este contexto, detalló García Salazar, también se podría desarrollar un programa específico para bullying, y analizar cómo se pueden abordar problemáticas como el hostigamiento por parte de los directivos a los docentes y otras modalidades de violencia que puedan ir apareciendo.

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