El mensaje del presidente Alberto Fernández, al inaugurar el 138° período de sesiones del Congreso Nacional, intentó fijar una agenda sobre las principales acciones que encarará el Gobierno este año.
El punto más débil de su exposición de 80 minutos estuvo vinculado con la cuestión económica, pese a que esta es la señal que más esperan los argentinos para dejar atrás dos años de caída en la producción de bienes y servicios.
Luego de casi tres meses de gestión, el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostienen que aún no plantearon los principales lineamientos de la política productiva, fiscal y monetaria porque primero es necesario acordar el pago de una deuda de capital que se sitúa en casi 49 mil millones de dólares, además de los intereses, que para este ejercicio rondan los 15 mil millones de dólares.
En realidad, lo más correcto y comprensible debería ser dar vuelta el razonamiento: primero se debe poseer y presentar un programa económico integral, para poder tener mínimamente en claro la factibilidad de los pagos externos, en montos y tiempos.
Dentro de ese plan, entonces, el capítulo de la deuda sería uno más, pero además de los acreedores, todos los argentinos y el mundo en general podrían saber cual es el proyecto de país que se propone el nuevo gobierno.
Tampoco hubo por parte de Alberto Fernández precisiones sobre los proyectos que elevará al Congreso para las explotaciones de hidrocarburos y de minerales, pese a que estos sectores resultan claves al momento de aportar dólares para afrontar los compromisos de deuda.
Anunció, como contrapartida, un incremento de los derechos de exportación del complejo sojero, que ya disparó la protesta de los sectores productores y podría desalentar futuras inversiones.
El presidente dijo que lo que pretende es convertir al campo en el gran aliado estratégico del Estado, pero sus hechos no parecen coincidir del todo con sus palabras, por eso ha generado la reacción del sector. A eso hay que sumar que el grupo más extremo del oficialismo, el kirchnerismo, pareciera con sus declaraciones provocativas, desear que el gobierno se enfrente con el campo en vez de negociar y formar parte de un modelo compartido de Nación. Caso contrario, podría ocurrir que vuelva a estallar un conflicto como el que aconteció con el debate de la resolución 125 durante el primer gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Sería una de las peores cosas que nos podría suceder.
El capítulo más polémico de su intervención, por su impacto social, fue el de las advertencias a los productores de alimentos y bebidas, cuyos precios se incrementaron por encima de la inflación en los últimos meses.
Fernández prometió actuar sobre las consecuencias: los precios en las góndolas y los que surgirían de eventuales cartelizaciones o de posiciones dominantes de las grandes fábricas de bienes esenciales.
La inflación en la Argentina, un fenómeno indomable que se prolonga desde hace 60 años, reconoce múltiples causas, entre ellas, las expectativas sobre la marcha de la economía en el mediano plazo, la evolución del dólar, la existencia de una cultura indexadora, la suba permanente de tarifas y de impuestos, así como el sobregiro de pesos por el histórico déficit fiscal del Estado.
El Gobierno debe actuar sobre estos condicionantes, más allá de alentar la competencia para evitar especulaciones. Sin una solución de la cuestión de la deuda, sobre la cual pende un default que agravaría las condiciones de crédito y de posibles inversiones, el dólar seguirá siendo la moneda en la cual los argentinos refugian sus ahorros.
El Ejecutivo nacional tiene mucho que aportar para actuar sobre las causas de la inflación, más que alentar la tarea de militantes y de organismos que controlen los precios.
