Suele ser normal, para esta época del año, que la cercanía de las Fiestas y la necesidad de vacaciones, en algunos casos generen inquietud en muchos de los trabajadores. Pero este año se da una circunstancia especial: hay un gobierno debilitado porque se va y porque no puede hacer frente a sus obligaciones, incluyendo en ello el pago de sueldos, y una gestión que todavía no asume, razón por la cual tiene las manos atadas para tomar algún tipo de decisión. Frente a ese panorama, y muy especialmente en lo relacionado con el pago de los haberes, no resulta ilógica la inquietud de muchos de los trabajadores del Estado. Aunque la dirigencia sindical termine señalando que las medidas de fuerza aplicadas responden al no cumplimiento de acuerdos paritarios, entre los que se encuentra la incorporación de personal contratado a la planta de personal permanente.
Los trabajadores cuentan con un derecho, el de huelga, garantizado por la propia Constitución. De todos modos, para que se llegue a esa máxima instancia deben recorrerse varios caminos, tales como las declaraciones de estado de alerta y anunciar la medida de fuerza con suficiente antelación. Es muy factible que todos esos pasos se hayan dado y que, al no haber respuestas, se haya llegado al paro de actividades. Hasta aquí, todo dentro de la ley. Sin embargo, y quizás por el simple hecho de que, por falta de adhesión de los afiliados o porque la medida no alcanza la trascendencia pública que la dirigencia necesita, los sindicalistas han adoptado la modalidad del corte de tránsito en sectores estratégicos de la ciudad, coartando así el derecho, también constitucional, del resto de la ciudadanía a transitar libremente por el país. Gente que no tiene nada que ver con el conflicto y, más aún, que con sus impuestos paga los salarios de quienes le están birlando sus derechos.
Pero lo sucedido esta semana con una manifestación de delegados de trabajadores estatales constituyó la gota de agua que rebasó el vaso. Los manifestantes agredieron en forma violenta a un joven cuyo único pecado fue querer continuar su camino para poder llegar a la facultad a rendir un examen final. Hubo golpes de puño de algunos prepotentes hacia el automovilista y, ante una reacción, equivocada por la circunstancias pero hasta lógica por el momento que vivía, los cobardes aprovecharon la mayoría numérica para seguir golpeando al indefenso joven. Es más, actuando en modo deleznable, le robaron las llaves del auto, razón por la cual el chico no pudo tampoco llegar a la casa de altos estudios.
Mucho menos se puede aceptar el descargo realizado por el gremio ante la actitud asumida por sus delegados. Porque intentó darle un tinte político, indicando que “alguien” había mandado al chico a manejar a alta velocidad y “atropellar” a la gente que se manifestaba en forma “pacífica”, indicando además que fue el automovilista el que comenzó con las agresiones. El gremio llegó a asegurar que “llamó la atención que el joven viniera armado”, cuando el chico, sólo para defenderse, recurrió a la traba del volante, que era lo único que tenía a su alcance ante la superioridad numérica de los circunstanciales adversarios.
Afortunadamente esa mentira quedó en evidencia ante las claras imágenes emitidas por un canal de televisión. A ellas deben recurrir las autoridades judiciales para sancionar como corresponde a los verdaderos agresores y será una manera también de salvar la dignidad del resto de los trabajadores estatales, que, con toda seguridad, no están de acuerdo con la actitud asumida por sus dirigentes. Paralelamente, ha llegado el momento de que se adopten las medidas necesarias para evitar que, en los reclamos, los dirigentes recurran al corte de calles o de rutas. No se trata de volver a un estado policial, como aducen algunos, sino de exigir el respeto a una norma constitucional.
