Era el paso para terminar de abrir las puertas a los nuevos socios-accionistas. Al cabo de dos días en la sede de Impsa -como familiarizándose con un ámbito en el que pronto tomarán decisiones- 82% de sus acreedores, entre bonistas, bancos y fondos buitre internacionales, finalmente votaron en asamblea a favor de la propuesta de la firma de cederles el 65% de las acciones y el control.
Pese a algunas condiciones que cambiarán la historia para la familia (como dejar de ser controlantes e incluso no poder ocupar puestos directivos en la nueva etapa) ayer había satisfacción en el seno del holding de Enrique Pescarmona, sobre todo por parte de los arquitectos financieros del acuerdo que -tras 2 años de negociaciones para salir del default y regularizar una deuda de U$S 1.200 millones entre Buenos Aires, Nueva York y Mendoza- pudieron aflojarse corbatas.
Aunque el lunes fue la jornada más intensa, con 7 asambleas por las que desfilaron los tenedores de Obligaciones Negociables (ON) argentinos durante más de 10 horas, la mayor expectativa estaba puesta ayer. A lo largo de 2 horas y media una docena de representantes de fondos de inversión y bonistas particulares desfilaron por las oficinas de Impsa para votar y verse las caras con sus próximos socios minoritarios.
El lunes, día de los acreedores nacionales, había sido más peleado: de 120 asambleístas, entre bonistas y bancos con acreencias de ON en dólares-los que invirtieron desde 2013 y acumulan contra Impsa U$S 23,1 millones- votaron por el no, pero la mayoría (U$S 43,6 millones) se impuso a favor de la reestructuración. Algo parecido a los inversores en pesos: sobre más de $ 190 millones, la compañía acordó con quienes concentran el 70% del total.
El martes pasaron representantes de algunos fondos buitre y organismos internacionales como el BID, acreedor por U$S 170 millones.
Estos ocuparán un sillón del directorio junto al fondo que representa a 24 tenedores por más de U$S 215 millones (ver aparte) y dieron el sí al cabo de la asamblea presidida por Raúl Baglini, ex legislador y candidato a gobernador, y Daniel Ostropolsky, ex miembro del Consejo de la Magistratura, sin observaciones ni cambios.
Con presencia de funcionarios de la CNV (Comisión nacional de Valores) y de la Justicia concursal mendocina, la asamblea tuvo un resultado abrumador: 275 a 3 a favor del APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) por lo que se logró el espaldarazo definitivo para el fideicomiso con el 65% del paquete accionario.
Representantes de la titular del 2do Juzgado de Procesos Concursales, Gloria Cortés, en cuyas manos está la homologación final del acuerdo, confirmaron a Los Andes que el plazo para el visto bueno dependerá de que se presente la constitución del fideicomiso, trámite que Impsa ya empezó a apurar.
Del otro lado, seguramente a Enrique Pescarmona, su esposa Lucía Pujals, que llegó a media mañana a la asamblea, y parte de la cúpula gerencial encabezada por el CEO Juan Carlos Fernández les queda el sabor agridulce de reencauzar un barco que estuvo a punto de naufragar con la quiebra, pero cuyo timón ya no manejarán.
“Como condición esencial de la reestructuración, ninguno de los accionistas originarios (o sus cónyuges) y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (incluyendo cónyuges de dichos parientes) podrán ser miembros del Directorio o Gerencia de Impsa”, detalla una cláusula del APE para reestructurar la deuda, lo cual limita a Pescarmona, su esposa y hermanas Liliana y Mónica al rol de accionistas con 35% de la S.A. que existe como tal desde hace 52 años.
Esa situación restringe al hasta ahora presidente de Impsa su poder de inclinar la balanza a la hora de las decisiones difíciles, como una eventual venta de la compañía. El derecho de “drag-along” (que el accionista mayoritario pueda “arrastrar” a los de menos peso) se incluyó en la última versión del acuerdo y en adelante obliga a Pescarmona a resignarse a que Impsa cambie de manos en caso de una oferta considerada conveniente “sin poder intervenir, u opinar”.
De hecho, los “obligacionistas” (como define el APE a los acreedores y nuevos socios) también aprobaron la posibilidad de contratar a un “asesor financiero” para analizar y en todo caso avanzar un posible traspaso del 100% del paquete. Fuentes de la firma explicaron que esto “no implica algo a corto plazo, porque hay hasta 5 años para avanzar al respecto”.
Así, aunque dispersos en número, los nuevos “socios” tendrán el poder que les otorga el 65%, con lo cual, y en virtud de lo dificultoso del acuerdo que llevó más de 2 años, se diluye la posibilidad de recompra de acciones que Pescamona pretendía hasta 2016.
Acreedores y nuevos dueños
Banco Nación, principal acreedor nacional, con U$S 33 millones acumulados en préstamos.
Banco Provincia registra U$S 11,4 millones.
BICE, junto a Nación, acumula U$S 78,7 millones de financiamiento de un parque eólico en 2012.
Banco Interamericano de Desarrollo acredita U$S 164 millones impagos desde 2014.
Corporación Andina de Fomento. U$S 3,2 millones.
Banco Galicia supera los U$S 5 millones.
Export Development Canadá con U$S 66,2 millones está entre los principales extranjeros.
Bradesco. Le deben U$S 60,8 millones.
Banco do Brasil/Badesul acumulan U$S 24,2 millones en préstamos a la subsidiaria WPE.
Fondos de inversión agrupan a inversores del Bono internacional 2020 y 7 ON.
LM Group, grupo logístico acredita U$S 36,8 millones.
Eximbank otorgó un crédito por U$S 7,8 millones.
