Cualquier medición privada profesionalmente seria que se realiza sobre el humor social, demuestra que la mayoría de los argentinos ve en la corrupción uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país.
La inseguridad, de alguna manera, corre por carriles paralelos. Pero lo más grave es que muchísima gente va colmando su capacidad de asombro y de malestar por los hechos de corrupción que salen a la luz periódicamente. De ese modo se naturaliza este flagelo y ya se lo acepta como parte de la vida cotidiana.
La falta de indignación y la indiferencia por la sucesión de estos males no deberían crecer, porque de ese modo los corruptos que abundan en el poder y en otras organizaciones públicas o privadas encuentran campo fértil para seguir actuando en la misma oscuridad y con sus nefastas intenciones. Se amparan en esa suerte de impunidad social.
En los últimos tiempos, la corrupción argentina ha venido siendo mostrada a la sociedad principalmente a través del periodismo independiente, con pruebas irrefutables que evidencian el altísimo nivel de impunidad con que se mueven autoridades nacionales y provinciales e influyentes personas que son funcionales a los poderes de turno mediante sus aportes millonarios en muchos casos.
En otros, por el contrario, el acercamiento a los funcionarios ha servido para que las lealtades políticas tan mal interpretadas redunden en recompensas jugosas y crecimientos patrimoniales impensados por quienes obtienen por su esfuerzo laboral un ingreso salarial muchas veces insuficiente.
Esa acción del periodismo fue la que terminó movilizando muchos casos hacia la Justicia y es por ello que en la actualidad varios personajes vinculados a los últimos gobiernos se encuentran investigados por gravísimas irregularidades. Esto constituye un renacer del accionar de los jueces, muchas veces sometidos a durísimas presiones desde el poder que los llevaron a esquivar responsabilidades y proteger a quienes actuaron en la oscuridad.
El ciudadano que vota periódicamente para elegir a sus representantes debe saber muy bien que la corrupción enquistada no sólo constituye un beneficio para quienes la ejecutan y para sus cómplices. Los hechos corruptos terminan debilitando la estructura institucional de una nación, porque repercuten directa y paulatinamente en los servicios que debe priorizar y mantener el Estado.
De ahí la importancia de que legislativamente se hagan todos los esfuerzos posibles para transparentar las acciones de gobierno y para que las obras que se encaren tengan un tiempo de ejecución razonable y dentro de lo que se presupuesta. Para todo ello resulta fundamental exigir claridad desde el llano.
La existencia de un Estado vaciado e ineficiente, impregnado de corrupción, la comprobamos a diario en los servicios que no se prestan como corresponde. Lamentablemente, la corrupción va camino a ser la tragedia diaria de cada argentino.
