Según nos anoticia Los Andes en su edición del 07-02-18, el Gobierno nacional, ante los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, habría ofrecido una recompensa millonaria en dólares a quien localice al sumergible.
Me dio la sensación de que el Gobierno nacional buscó una salida de urgencia, de apuro, ante el lógico reclamo de los familiares de la tripulación y realizó esta oferta internacional como una salida desesperada ante la situación.
Sin embargo, hay otras vías diplomáticas que el Gobierno debe utilizar, en uso de sus facultades en materia de relaciones exteriores (art. 99 inc. 11) y como Comandante de las FFAA (art. 99 inc. 12) ambos de la Constitución Nacional.
En tal sentido, debe dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitando una amplia investigación internacional acerca de la desaparición de un buque de guerra perteneciente al Estado nacional.
En efecto, el art. 33 faculta al Consejo de Seguridad para que cuando una controversia sea susceptible de poner en peligro la paz y seguridad internacional, traten de buscar solución mediante la investigación.
Ello por cuanto hay versiones ciertas en el sentido que el submarino habría sido objeto de una agresión y ulterior hundimiento por una potencia internacional que tiene sus intereses encontrados con nuestro país desde 1833 que ocupó ilegítimamente las islas Malvinas.
De allí que como el Consejo de Seguridad lo integra el Reino Unido de Gran Bretaña, éste deberá inhibirse de entender en la controversia atento al evidente interés que tiene en nuestras islas.
Es decir que los demás integrantes del Consejo (EEUU; Rusia; China y Francia) deben ser los que investiguen por los medios tecnológicos que poseen en su calidad de grandes potencias el lugar donde se encuentra el sumergible.
Han existido precedentes en tal sentido.
Rusia utilizó la investigación internacional cuando el acorazado Maine de los EEUU explotó en el puerto de La Habana, Cuba y que dio origen a la guerra del país del Norte con España en 1898.
También el mismo país pidió la investigación cuando hundió a pesqueros ingleses en la guerra que mantenía contra el Japón en 1905.
En ambos casos, Rusia ni siquiera estaba en guerra con los países que solicitaron la investigación.
La investigación internacional es de antigua data. Tiene su origen en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 (art. 9). Recientemente, ha sido objeto de atención por la Declaración sobre Determinación de los Hechos por la ONU, en la esfera del mantenimiento de la paz y seguridad, anexa a la Resolución 46/59 de 1992 de la Asamblea General de la ONU.
Por lo que nuestro país, siguiendo la altiva conducta internacional que tuvo en tiempos de Yrigoyen, Illia y Alfonsín, debe recurrir a la vía internacional ya descripta.
De lo contrario, se tratará de una recompensa al modo de los buscados en el Far West en el siglo XIX y que, por la memoria de los ilustres muertos, no se merecen que se recurra sólo a una vía que, en el mejor de los casos, debió haber sido planteada apenas desapareció el submarino y no como una apresurada salida a una entrevista mantenida con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Juan Fernando Armagnague
Dr. en Derecho (U.B.A.)