A raíz de la salida del anterior presidente del Banco Central, Luis Caputo, se reactivó un debate acerca de los niveles de independencia que debe tener este organismo que ejerce la custodia del valor del peso, además de ser superintendencia de entidades financieras.
El anterior debate se dio con el entonces titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, en ocasión de anunciar un cambio en las metas de inflación, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Este evento, además del efecto propio de una decisión lejos de la oportunidad, puso de manifiesto que la política había metido sus manos violando la independencia de la entidad.
Este concepto de la independencia del Banco Central solo aparece en la Carta Orgánica del ente, que ya fue violada y violentada, en su momento, por Cristina Fernández de Kirchner, y es la que describe las atribuciones y niveles de autonomía.
En principio, el BCRA no tiene dependencia del Poder Ejecutivo, su nivel de autonomía es total y su directorio debe ser aprobado por el Senado, a propuesta del Ejecutivo.
Los lineamientos de política monetaria deben ser presentados en el Congreso y el Presidente debe rendir cuenta ante el Senado.
Bajo estos conceptos cabe señalar que tradicionalmente se sostuvo la necesidad de la independencia del BCRA como una forma de asegurar la sanidad de la moneda, que es un eufemismo para referirse a la lucha contra la inflación.
Lógicamente, esa tarea será más fácil si hay coordinación entre la política fiscal (ingresos y egresos), que maneja el Ejecutivo, y la monetaria y cambiaria, que controla el BCRA.
Pero en casos de discrepancias entre ambas políticas debe ser el Banco Central el que debe tomar medidas frente a excesos por parte de la política fiscal del gobierno.
Tradicionalmente, y siguiendo las enseñanzas de las escuelas monetaristas, el Banco Central controla la inflación regulando la cantidad de moneda en el mercado, y para eso usa la tasa de interés. Sube la tasa para que haya menor expansión y riesgos de inflación y la baja cuando quiere imprimirle mayor dinamismo al mercado, lejos de la inflación.
La política monetaria siempre quiere ser retenida, de alguna manera, por los ministros de Economía, ya que con ella planifican políticas expansivas u "ofertistas" cuando quieren que haya mayor disponibilidad de dinero haciendo bajar la tasa de interés para estimular el consumo interno, que representa el 90% del PBI. Pero necesitan manejar el Banco Central para de esa manera bajar encajes o aumentarlos si quieren restringirlo. El encaje es la cantidad de dinero de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado.
En Argentina hay varias experiencias de discrepancias entre los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central, que terminaron con el alejamiento del titular de la autoridad monetaria para que asumiera otro que fuera "permeable" al ministro de turno. El único ministro que blanqueó sus gustos fue Roberto Lavagna, cuando, al asumir en 2002, dijo que no servía un Banco Central independiente y que éste debía operar para los planes del gobierno.
En ocasión de la salida de Luis Caputo y su inmediato reemplazo por Guido Sandleris quedó en claro que la independencia no la quiere ningún ministro y solo se mantienen ciertas apariencias formales. El nuevo titular del Banco Central era el segundo del actual ministro de Hacienda y nadie espera que tome decisiones inconsultas con el ministro, ni mucho menos contradictorias. El Senado en la Argentina nunca defendió la independencia de la autoridad monetaria, ni siquiera cuando Cristina Kirchner echó a Martín Redrado porque se negaba a financiar gastos del Ejecutivo.
Por sus características tan particulares y por la relevancia que este tipo de organismos tiene en el mundo, se trata de una institución de la República que debe ser respetada al máximo en sus atribuciones y sobre la que es necesario eliminar cualquier tipo de injerencia de otros poderes que interfieran en sus facultades.
Muchos a los que les molesta esta independencia institucional plantean que debería eliminarse el Banco Central, sin reflexionar en que su razón de ser es defender a la ciudadanía y no facilitarles la falta de controles a los funcionarios.
